UNA ASAMBLEA PARA LA REAFIRMACIÓN Y EL CAMBIO.

En este mes de marzo, en el plazo de diez días, la Asociación celebrará su asamblea anual, cerrando un año de transición y baja actividad –justo es reconocerlo-, para retomar la iniciativa en la demanda de medidas de buena administración y buen gobierno, coincidiendo con un momento de especial sensibilidad ciudadana hacia la crisis ética existente en las instituciones públicas.

No vamos a enjuiciar las reformas y ajustes difíciles que se han adoptado para contener el déficit público, muchos de los cuales han afectado al personal de las Administraciones Públicas y a los servicios públicos –la defensa de los intereses laborales y económicos de los empleados públicos corresponde a los sindicatos de la función pública y no es objeto de la actividad de esta asociación, y la defensa de los servicios públicos, su dimensión y su universalidad, han de asumirla los ciudadanos, para que nadie considere que en la defensa de un servicio público priman los derechos laborales de quienes lo prestan sobre el interés social de quienes lo reciben-, sino que debemos elaborar un programa para reafirmar los grandes principios que han inspirado nuestra acción durante los seis primeros años de existencia –defensa de la legalidad, la profesionalidad y la ética pública como señas de identidad de la función pública- y formular nuevos y ambiciosos objetivos que nos comprometan en la solución de la actual crisis social e institucional.

Ningún colectivo social –muchos menos, los servidores públicos- puede inhibirse en el gran debate que como sociedad hemos de desarrollar para regenerar el funcionamiento institucional de nuestra democracia –expulsando de la actividad pública a las personas que han incurrido en fraude a los ciudadanos- y restablecer la confianza del conjunto de la sociedad en quienes tienen como cometido y responsabilidad la defensa del interés general, tarea que no exime del compromiso individual en la defensa de los valores democráticos y en el control de los poderes públicos.

Somos conscientes del valor que representa una asociación –como puede ser la nuestra- que sirve, por un lado, para sumar voluntades individuales y debatir de forma colectiva problemas y posibles soluciones, y, por otro, para incidir en la realidad de nuestro entorno, defendiendo los valores de la función pública con todo tipo de iniciativas, desde la nota de prensa hasta el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, tal y como hemos venido haciendo a lo largo de seis años.

El resultado puede parecer escaso o frustrante a algunos, pero quienes ante una situación de desprecio al Estado de Derecho y de vulneración continuada a los derechos de los ciudadanos,  no optan por el silencio cómplice, sino que deciden asumir la defensa de los principios que sostienen la vida democrática, la convivencia y el bienestar de todos, con independencia del resultado de su esfuerzo, pueden considerar que hicieron lo correcto, lo que les era exigible como servidores públicos y como ciudadanos.

Las tesis de esta Asociación han quedado recogidas, en buena medida, en los informes del Justicia de Aragón y en las sentencias de diferentes tribunales –entre ellos, el Tribunal Supremo- e incluso en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Se han escuchado por responsables del Gobierno de la Nación, del Gobierno de Aragón, por Alcaldes y Presidentes de las Diputaciones Provinciales. Por los responsables del Congreso de los Diputados y del Senado y de las Cortes de Aragón, y por los Grupos Parlamentarios de cada Cámara. Por el Defensor del Pueblo y el Fiscal General del Estado. Muchos otros han defendido, probablemente con mejores argumentos, nuestras mismas tesis, pero podemos afirmar que hicimos oír nuestra voz como servidores públicos en demanda de una función pública al servicio de la democracia y de los ciudadanos.

Cada Asamblea anual marca un punto y seguido en la vida de esta Asociación. El viaje iniciado hace seis años, en 2007, continúa. Consideramos que la defensa de la democracia y de la ética pública –ya lo dijimos en su momento- es una tarea infinita, y  nos sentimos todavía comprometidos e ilusionados con el camino emprendido. Pero con seis años de bagaje acumulado, la Asociación ha de ser capaz de marcarse objetivos de mayor alcance, dirigidos a la raíz de los problemas que hemos tratado de corregir en estos años. Esa es una tarea que ha de plantearse en la próxima Asamblea anual y que debiera abrir un nuevo periodo de actividad de más amplio horizonte.