La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha dirigido un escrito a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, para manifestarle su preocupación por la falta de diligencia en la ejecución de las sentencias judiciales que anularon las Ofertas de Empleo Público para 2007 y 2011, por no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, vulnerando con ello el derecho fundamental de acceso de los ciudadanos a la función pública.
Consderamos que la Presidenta debe saber que no sólo no se han ejecutado las sentencias judiciales dictadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, manteniendo con ello la vulneración del derecho de acceso en que incurrió el Gobierno de Aragón, sino que por parte del Consejero de Hacienda y Administración Pública no se ha dado siguiera respuesta a la petición de ejecución formulada por nuestra parte, a la vuelta del pasado verano. Un Gobierno de Aragón que no ejecute las sentencias por la vulneración en que el anterior incurrió en los años 2007 y 2011 creemos que se hace plenamente corresponsable de dicha vulneración.
Dado que la ejecución ha de pasar por un nuevo Decreto de Oferta de Empleo Público, como decisión colegiada de todo el Gobierno de Aragón, y que el problema de las tasas de interinidad en la Administración autonómica afecta a todos los Departamentos y Organismos autónomos, consideramos que esta cuestión ha de ser analizada por la máxima responsable del Ejecutivo autonómico. En una situación como la actual, con las mayores tasas de paro juvenil de la historia, garantizar el derecho a acceder en condiciones de igualdad al empleo público cobra un sentido que trasciende el formal respeto al ordenamiento jurídico, para enraizar de lleno en los valores de justicia y de ciudadanía.
Esperamos que la Presidenta del Gobierno de Aragón sepa valorar la importancia no sólo de asegurar la ejecución de las sentencias, sino también, en este caso, restaurar de forma efectiva el respeto al derecho de acceso a la función pública que la Constitución reconoce a todos los españoles.
4 comentarios:
Si la Presidenta del Gobierno de Aragón quisiera asegurar la ejecución de las sentencias y restaurar de forma efectiva el respeto al derecho ya lo hubiera hecho, tiempo ha tenido, y ahora no tendríamos la función pública que nos toca sufrir
“Por parte del Consejero de Hacienda y Admón Pca no se ha dado siquiera respuesta a la petición de ejecución formulada por nuestra parte”; ni lo esperéis, no suele molestarse en contestar a las denuncias ni recursos que NO le gustan, al menos si proceden de simples subordinados suyos, aunque también personas.
Este consejero, lo es también de la función pública y calidad de los servicios. ¿Hay que reirse?
Por qué cuesta tanto respetar las normas? Qué valor o fuerza tienen entonces las leyes?
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