lunes, 1 de abril de 2013

EL JUSTICIA DE ARAGÓN ADMITE A TRÁMITE UNA QUEJA DE LA ASOCIACIÓN.



El titular de la institución del Justicia de Aragón, mediante escrito de fecha 14 de marzo de 2013, ha comunicado la admisión a trámite de la queja formulada por esta Asociación en relación con la convocatoria de concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo singularizados de la Administración de la Comunidad Autónoma, aprobada por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.

La queja se formuló, de forma simultánea a la presentación de un recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública, al entender que el citado concurso vulneraba los términos de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón en dos aspectos, tanto al permitir la participación en el concurso de personas en destino provisional, como forma de obtener su primer destino definitivo en calidad de funcionarios de nuevo ingreso, como al obligar a solicitar plazas a los funcionarios que se hallen en adscripción provisional, tras haber cesado en puesto de libre designación, aunque el puesto en que se hallen adscritos no se incluya en la convocatoria de concurso.

Señala la comunicación del Justicia de Aragón: “Examinada detenidamente (su queja), y al amparo de las facultades que me confiere el artículo 2.3 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, he resuelto admitirla a supervisión y dirigirme al Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón para que informe sobre la cuestión planteada. En el momento en que tenga noticias al respecto me comunicaré de nuevo con usted”.

El buen funcionamiento de la Administración debiera hacer innecesario emplear a las instituciones de control en cuestiones tan básicas como es el respeto de la legalidad, y dedicarlas al estudio de fórmulas de mejora o de resolución de lagunas normativas.  Pero la defensa de la legalidad resulta en estos momentos, al igual que en el pasado, una tarea imprescindible, y prueba del olvido de la legalidad es la falta de aprobación del Gobierno de Aragón de Oferta de Empleo Público para 2012 –a diferencia de lo que hizo la Administración General del Estado- o la tardanza injustificada para aprobar la Oferta para el presente año, por no citar el silencio y la pasividad ante la petición de esta Asociación relativa a la ejecución de las sentencias judiciales que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011 por no incluir la totalidad de las plazas vacantes (no reservadas) ocupadas por funcionarios interinos.

Triste situación la de un Estado de Derecho en el que los ciudadanos han de acudir a los Tribunales y a las instituciones de control para que la Administración Pública respete los derechos que les reconocen las leyes, sin que ello sirva para modificar las pautas de incumplimiento de la legalidad denunciadas.

5 comentarios:

Anónimo dijo...

Es triste, pero inevitable si no queremos que triunfe la arbitrariedad.

Anónimo dijo...

Esto marcha!

Anónimo dijo...

Este consejero no comulga con el principio de legalidad y responsabilidad; a éste lo que le digan sus chicos "pata negra". El no suele contestar denuncias ni recursos que NO le gustan, sus subordinados son simples números, "pringaos", él pasa.

Alfonso dijo...

En efecto, tan triste es este Estado de Derecho que debemos preguntarnos si realmente ya no se ha destruido el concepto de Estado de Derecho. E incluso el de democracia que, debemos recordar, es el gobierno del pueblo, no el de los partidos ni el de la mayoría parlamentaria. Cuando la mayoría gobierna sólo para los "suyos" se sustituye la democracia por una especie de "mafia" de la democracia. Un sistema de botín: "uno de los nuestros", como en la película de Martin Scorsese.

Saludos.

Anónimo dijo...

En el BOA de hoy, 2 de abril, se resuelve el primer concurso de méritos en el que se adjudica primer destino definitivo a un funcionario de nuevo ingreso con destino provisional.
A diferencia de los posteriores, en la convocatoria del concurso (BOA de 15 de octubre) no se permitía, al menos de forma expresa, la participación de personas en destino provisional.