En
la tarde de ayer, en uno de los seminarios de la Facultad de Economía y
Empresa de la Universidad
de Zaragoza, a partir de las siete de la tarde, se celebró la
VII Asamblea Ordinaria de la Asociación, cuyo orden
del día giraba exclusivamente sobre el debate y aprobación de los objetivos
prioritarios de la Asociación
y la adopción de una estrategia de actuación, y la renovación de miembros de la Junta Directiva, especialmente el
cargo de Presidente, vacante tras la asamblea del pasado día 19 de marzo.
Tras
la aprobación del orden del día propuesto y del acta de la asamblea anterior,
el Secretario de la
Asociación expuso las principales líneas del DOCUMENTO DE PROPUESTA DE PRIORIDADES Y DE
ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
PARA LA DEFENSA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA
ARAGONESA, elaborado a partir de las aportaciones realizadas por el
conjunto de los miembros de la Junta
Directiva.
Partiendo
de la plena vigencia de los principios estatutarios de la Asociación y de la
validez de las medidas contenidas en el Documento
de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración para la VIII Legislatura de las Cortes
de Aragón, se seleccionaron aquellas que debieran ser abordadas de forma
prioritaria en el periodo de actividad de la Asociación que abarca
hasta la celebración de la nueva asamblea, en el primer trimestre de 2014.
En
la elección de las medidas prioritarias para la acción de la Asociación, junto al
interés intrínseco de las medidas y la relevancia otorgada a las mismas por los
miembros de la Asociación,
ha de contemplarse también aquellas que, por diversas razones, figuran de forma
destacada en la agenda pública o agenda política del Gobierno de Aragón, ya que
la Asociación
no puede excluirse de los debates públicos que están directamente conectados
con los objetivos marcados en los Estatutos o contenidos en el Documento de
Propuestas de julio de 2011.
Por
ello, se considera que no podemos ni debemos inhibirnos ante las iniciativas
legislativas del Gobierno de Aragón que, a lo largo de la presente legislatura,
se han formulado o puedan formularse en materia de Participación Ciudadana y
Transparencia Pública, Calidad de los Servicios y, finalmente, Función Pública.
Lógicamente,
el esfuerzo de la
Asociación ha de orientarse también a incorporar en dicha
agenda pública cuestiones de interés que no figuran en ella, como puedan ser el
restablecimiento del derecho de acceso a la función pública o el desarrollo de
medidas eficaces de prevención de la corrupción pública, pero será necesario
incidir en aquellos aspectos propios de la acción de la Asociación que se vayan
a abordar por el Gobierno de Aragón.
De
este modo, conjugando las prioridades valoradas por los miembros de la Junta Directiva y los
condicionantes propios marcados por la actual agenda política del Gobierno de
Aragón, se acuerda establecer las siguientes prioridades de acción a llevar a
cabo por la Asociación
en los próximos doce meses:
A) Organización institucional y calidad de
las instituciones.
-
Calidad
institucional.
- Consolidación
del sistema de control externo de gestión económica del sector público
aragonés.
-
Participación
ciudadana.
-
Publicidad
de la actuación de los órganos de consulta y participación.
B) Infraestructura ética.
-
Aprobación
de un Código de Buen Gobierno.
-
Régimen
de conflictos de intereses de altos cargos.
-
Establecimiento
de un sistema de alertas públicas.
-
Transparencia
y acceso a la información pública.
C) Gestión Pública.
-
Implantación
de un Código de Buena Conducta Administrativa.
-
Calidad
y mejora continua de la gestión pública.
-
Evaluación
de las políticas públicas.
D) Función Pública.
-
Aprobación
de una Ley de Función Pública de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
-
Competencia
profesional de altos cargos y directivos.
-
Ordenación
y publicidad de las relaciones de puestos de trabajo.
-
Oferta
de Empleo Público y derecho de acceso a la función pública.
-
Formación
y provisión en la carrera administrativa.
-
Boletín
estadístico de la función pública aragonesa.
-
Prohibición
de préstamo de trabajadores.
En
cuanto a la estrategia de actuación, se asume la necesidad de utilizar todos
los mecanismos que ofrece el Estado de Derecho, apoyándose tanto en el ejercicio
del derecho de petición, como cauce adecuado para las propuestas, como en la
apelación a la actividad de las instituciones encargadas de controlar el
respeto de la legalidad y de proteger los derechos de los ciudadanos,
particularmente el Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo.
Se
acuerda poner en marcha formas de trabajo interno que permitan a la Asociación confeccionar
y aprobar documentos de toma de posición
sobre aquellas cuestiones concretas que se aborden, cuyo contenido, claro,
conciso y motivado, pueda difundirse y darse a conocer de la forma más amplia
posible
Igualmente
se acuerda el promover el contacto y la colaboración con otras organizaciones
de funcionarios públicos existentes en Aragón y en España y se plantea la
posibilidad de colaborar con otras entidades ciudadanas en campañas o
iniciativas en materia de lucha contra la corrupción.
Se
debate ampliamente sobre la necesidad de centrar, de forma inmediata, los
esfuerzos de la Asociación
en la defensa del derecho de acceso a la función pública, acompañando la petición
de ejecución judicial de las sentencias que anularon las Ofertas de Empleo Público
de 2007 y 2011, con una amplia actuación ante las instituciones para demandar
la aprobación de Ofertas de Empleo Público en los términos señalados por la
sentencia del Tribunal Supremo, es decir, incluyendo la totalidad de los
puestos vacantes ocupados por funcionarios interinos.
Otro
objetivo prioritario que se señala es el relativo a las medidas de aplicación,
en el ámbito del sector público, de las previsiones de la Convención de Naciones
Unidas contra la Corrupción
de 2003, insistiendo en el importante papel que han de jugar los servidores públicos
en la prevención de la corrupción.
Finalmente,
se aborda la renovación de miembros de la Junta Directiva, completando de
este modo la llevada a cabo en la asamblea de 19 de marzo, en que se cubrió el
cargo de Tesorero. Ahora, se procede nuevamente a la renovación de vocales de la Junta, produciéndose la
incorporación de Alfonso Salgado a la vacante dejada, el pasado 19 de marzo,
por Carmen Gonzalo, y se elige para el cargo de Presidente a Julio Guiral, que
manifiesta su disposición a reasumir la máxima responsabilidad de la Asociación e impulsar
las decisiones adoptadas por la
Asamblea.
De
este modo, la Asociación
ha venido a dotarse de un programa de acción, de pautas de trabajo y
funcionamiento interno y ha cerrado el periodo de Presidencia vacante
resultante de la asamblea de 19 de marzo, coincidiendo todos los presentes en la
necesidad de reforzar nuestro trabajo en la defensa y promoción de los valores
constitucionales de la función pública.
1 comentario:
A ver si se logra incidir de verdad.
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