En la Asamblea que celebra esta tarde la Asociación se debatirá una propuesta de estrategia de actuación, cuyas líneas generales habrá de concretar más adelante la Junta Directiva que resulte de la sesión de hoy. Dicha propuesta contiene, como ideas centrales, las siguientes:
La
Asociación
ha de dar a sus actuaciones la forma o el cauce más idóneo al concreto
contenido de cada iniciativa: se ha de hacer uso del derecho fundamental de
petición para la presentación de sugerencias y propuestas de cambio normativo o
de criterios de gestión; se ha de utilizar el cauce de las quejas ante el
Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo para reaccionar frente a
incumplimientos de la legalidad que afecten a derechos fundamentales o legales;
no se ha de renunciar, cuando resulte necesario, a las vías de impugnación de
los actos administrativos o disposiciones reglamentarias, interponiendo cuando
se estime preciso los recursos administrativos que correspondan o ejerciendo
las acciones judiciales que procedan ante los Tribunales, frente a
disposiciones de carácter general irregulares o actos administrativos
particularmente graves.
La
defensa de la legalidad no permite renunciar a ningún mecanismo del Estado de
Derecho, como bien lo ha demostrado la experiencia acumulada de la Asociación. No
obstante, en la medida de lo posible debemos demandar la intervención de
aquellas instituciones y órganos públicos que tienen como misión la función de
control y defensa de la legalidad, como puedan ser el Ministerio Fiscal, el
Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas, o las instituciones autonómicas
análogas, pero también los órganos internos de control, como la Inspección General
de Servicios o la Intervención
General.
No
todo se agota, sin embargo, en la acción de defensa de la legalidad, en la
reacción frente a irregularidades detectadas.
Debemos
reforzar nuestra labor de difusión, orientada tanto a las Administraciones
Públicas y a quienes forman parte de ellas como al conjunto de los ciudadanos u
opinión pública, y ello requiere insistir en la labor de explicación de
nuestras propuestas y análisis, y en la organización de foros y debates
abiertos que nos permitan, a su vez, recoger opiniones y propuestas de quienes
comparten nuestras preocupaciones. También hay que tratar de avanzar en la
preparación de publicaciones digitales en las que fundamentar de manera
adecuada y pedagógica las posiciones de la Asociación.
Ha
de reforzarse la conexión con los medios de comunicación, sin limitarse a la
remisión de notas de prensa. Debemos tratar de que aquellas cuestiones más
relevantes sean abordadas por los medios, aunque no conlleve protagonismo
alguno por parte de la Asociación. No
sólo ha de buscarse proyección a la Asociación, sino difusión a las medidas que la Asociación entiende
necesarias.
Debemos,
igualmente, buscar la colaboración con otras entidades de funcionarios públicos
existentes en Aragón, en España y fuera de España, con las que promover no sólo
intercambios de ideas, sino también lanzar iniciativas conjuntas, a ser posible
en el marco de las instituciones de la Unión
Europea. En concreto, hemos de promover una coalición de
entidades contra la corrupción pública, centrada en el desarrollo de los
mecanismos previstos en la
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003,
ratificada por España en 2006.
Para
hacer efectivo este programa de acción resulta necesaria una asignación de
responsabilidades dentro de la Junta
Directiva de la
Asociación, así como prever la posibilidad de incorporar a
socios y colaboradores en proyectos o iniciativas concretas, que incrementen
nuestra capacidad operativa.
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