Esta Asociación, en ejercicio del derecho de
petición contemplado en el artículo 29 de la Constitución
Española, se dirigió el pasado mes de febrero a la Vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para solicitar que el Gobierno de España impulse,
en el marco de la
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, un programa
de medidas eficaces para prevenir y combatir la corrupción pública y privada
existente en nuestro país y, en particular, diseñe un sistema a través del cual
los servidores públicos de las diferentes Administraciones e instituciones
puedan canalizar denuncias frente a cualquier acto o supuesto de corrupción que
pudieran detectar o conocer en el ejercicio de sus funciones.
A juicio de esta Asociación, las instituciones
han de dar plena garantía a los ciudadanos de su firme compromiso contra la
corrupción y para ello convertir al conjunto de los servidores públicos en
agentes vigilantes de la legalidad y de la ética pública a la que debe
someterse la actividad de las instituciones y el comportamiento de todos los
responsables y agentes públicos.
Finalmente, y pese a la falta de acuse de
recibo al escrito de petición, se ha recibido respuesta a la petición
formulada, que suscribe la
Directora del Gabinete de la Vicepresidenta del
Gobierno, María González Pico, cuyo texto reproducimos a continuación:
“Sr. D. Julio Guiral Pelegrín
Madrid, 17 de abril de 2013
Estimado Presidente:
En contestación a su carta de 18 de febrero,
dirigida a la
Vicepresidenta del Gobierno, quiero agradecerle el interés de
la asociación que usted preside, por el buen gobierno y la buena administración
así como por la prevención y lucha contra la corrupción.
Le comunico que el pasado 26 de febrero el
Congreso de los Diputados aprobó, con un amplio respaldo de los grupos parlamentarios,
una resolución sobre regeneración democrática y transparencia, que contiene un
amplio abanico de medidas políticas, jurídicas y de orden práctico que supondrán
más límites, más control y más transparencia en la actividad pública.
Para dar cumplimiento a la citada resolución,
el 13 de marzo de 2013 se constituyó un Grupo de Trabajo –bajo la presidencia
de la Vicepresidenta
del Gobierno y Ministra de la
Presidencia y la coordinación del Secretario de Estado de
Relaciones con las Cortes- integrado por el director del Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales así como por representantes de primer nivel de los
ministerios de Presidencia, Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas e
Interior.
El Grupo de Trabajo, en su primera reunión, ha
marcado las tareas que han de emprender los ministerios, en relación a todas y
cada una de las medidas. Concretamente, la Vicepresidenta ha
encargado a los integrantes del Grupode Trabajo la elaboración de una serie de
propuestas normativas, que sirvan de base a los correspondientes anteproyectos
de Ley Orgánica de Control de la Actividad
Económica y Financiera de los Partidos Políticos, de la Ley de reforma de la
Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, de
Ley de reforma de la Ley
de Contratos del Sector Público, de Ley Reguladora del Ejercicio de las
Funciones Políticas, de Ley de reforma de la
Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal y de
Ley de reforma de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, de la
Ley Orgánica del Poder Judicial. Precisamente,
en relación a la última de estas propuestas normativas, está siendo objeto de
estudio el aumento de la protección de los denunciantes internos a través de un
conjunto de medidas, en la línea del contenido de su petición.
Con este paquete de medidas pretende darse un
gran paso en el fortalecimiento de las instituciones de nuestro país, que
constituye una prioridad del Gobierno. A todas ellas han de añadirse las adoptadas
hasta el momento, entre las que destacan las incluidas en el Proyecto de Ley de
Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, que supondrá un cambio de paradigma
en el modelo de relación entre la Administración Pública
y los ciudadanos y una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción.
Atentamente,
María González Pico, Directora del Gabinete de
la Vicepresidenta
del Gobierno”.
Esta Asociación valora positivamente el
respeto concedido al derecho de petición ejercido, al dar respuesta motivada a
la propuesta formulada, si bien, en relación a lo solicitado, las medidas
citadas en la contestación se limitan a contemplar las medidas de protección a
los denunciantes internos dentro de los procesos judiciales, lo cual no supone
la implantación de cauces específicos para la denuncia de presuntos casos de
corrupción que señala la
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003.
1 comentario:
Parece suficiente lo que se responde?
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