UNA ADMINISTRACIÓN A LA ESPERA.

El previsible cambio de gobierno, tras el resultado electoral, ha provocado la parálisis de una buena parte de las unidades administrativas –todas aquellas que no tienen una atención directa a los ciudadanos-, dada la falta de dirección política y administrativa de alto nivel, más allá de la preparación del traspaso de poderes a realizar en el próximo mes de julio.

A la parálisis provocada por el cambio inminente de dirección política, es posible que se añada, en meses sucesivos, la reordenación de Departamentos, la reducción de estructuras, la desaparición de empresas públicas y la supresión de puestos de trabajo –todo lo cual genera la lógica inquietud en el personal que puede verse afectado-, circunstancias que obligan a reflexionar sobre diversas cuestiones organizativas de la Administración autonómica.

En primer lugar, debe ponerse de manifiesto que el nivel de alta dirección administrativa –órganos directivos y servicios administrativos- carece de un nivel de profesionalización adecuado, de manera que resulte posible consolidar una estructura organizativa estable, capaz de funcionar con igual eficacia y profesionalidad con independencia del color político del Gobierno de cada momento. Los altos cargos de dirección administrativa no se ocupan por profesionales, sino por políticos de partido o, en algunos casos, por funcionarios politizados, que no siempre sirven al interés general sino a la consigna política del Gobierno. Y así, como no se ha logrado construir una Administración profesionalizada ni ha habido interés en hacerlo, el cambio de Gobierno –aunque sea después de doce años, o quizás por eso- hace previsible un enorme impacto en la actual estructura administrativa.

El nombramiento de muchos altos cargos se basa en estrictas razones de confianza política, y, a diferencia de lo que exige la Ley de Ordenación y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) de 1997, el acceso a puestos de Director General o asimilados no requiere acreditar “competencia profesional” ni “experiencia”, ni se reserva el nombramiento, salvo excepciones justificadas, a funcionarios de carrera de nivel superior, razón por la cual el nivel directivo existente en la Administración aragonesa en este momento –correspondiente a Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales- no garantiza continuidad administrativa ni asegura la imparcialidad en la gestión pública, lo que hace previsible que un cambio de gobierno conlleve el relevo de un alto número de las personas que ocupan tales tareas. No se ha reivindicado la profesionalidad ni la imparcialidad para ese nivel de responsabilidad administrativa, a pesar de que ha habido doce años para hecerlo. Ello da idea de la falta de horizonte con el que se ha trabajado desde el Departamento de Presidencia en todo este tiempo.

En segundo lugar, llevamos años de aguda crisis económica, se ha procedido al recorte del sueldo de los empleados públicos, pero no se ha reducido la dimensión y el coste de la Administración ni del sector público, ni se ven signos reales de austeridad por ninguna parte. Por ello, una de las primeras medidas que habrán de adoptar quienes asuman la responsabilidad de gobierno es revisar la estructura administrativa y aligerarla, haciéndola menos costosa y más eficiente. Hace falta una estrategia de organización eficiente de carácter global, que abarque personal, gastos de funcionamiento, racionalización de oficinas, implantación de administración electrónica, etc., que permita hacer más con menos, o hacer lo mismo con un coste sensiblemente menor. Nada justifica el derroche de recursos, en especial en momentos de crisis como los actuales. ¿Por qué el Gobierno saliente ha sido incapaz de adoptar medidas para abaratar el funcionamiento de la Administración? O al menos los servidores públicos las desconocemos por completo, lo que hace pensar que, de existir, son simplemente retóricas y aparentes, pues no las notamos, salvo el recorte salarial. ¿O es que, premeditadamente, todo había quedado pospuesto para después de las elecciones?

En suma, hoy nos encontramos con una Administración a la espera de un nuevo Gobierno, pero no para acoplarse a él, como lo haría un ferrocarril debidamente compuesto a una nueva locomotora, sino a la espera de que los nuevos responsables supriman vagones del convoy, despidan al maquinista, cambian la plantilla de a bordo y acaso investiguen a todos aquellos que estuvieron viajando durante años sin pagar su billete. Es lógica la inquietud que embarga a muchos en este tiempo de espera.