De
acuerdo con lo decidido en la pasada reunión de su Junta Directiva, celebrada
el jueves 22 de enero, esta Asociación va a proceder a lo largo del mes de febrero
a revisar el contenido de su Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena
Administración, elaborado al inicio de la actual legislatura para su remisión
al conjunto de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón.
No
podemos negar que, a lo largo de la presente legislatura, se han adoptado
decisiones que constituyen una aplicación directa de algunas de las propuestas
realizadas, sin perjuicio de que su aplicación o desarrollo sigue siendo
incompleto o deficiente. Hemos de valorar positivamente algunas de las
iniciativas del actual Gobierno, y confiar en que su desarrollo práctico vaya
subsanando las carencias ahora detectables.
Entre
dichas medidas, cabe citar la Ley 5/2013, de 20 de junio, de calidad de los Servicios
Públicos de la
Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, o la elaboración de un boletín estadístico del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma
–cuyas carencias hemos señalado de manera reiterada-, destacando igualmente la
aprobación por las Cortes Generales de la la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
que ha dado origen, en nuestra Comunidad, al Proyecto de Ley de Transparencia pública
y participación ciudadana, actualmente en tramitación parlamentaria. Aunque
discrepemos radicalmente de su contenido, hemos de apuntar también la aprobación
de un Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón, que se encuentra igualmente
en tramitación parlamentaria.
A
lo largo de la actual legislatura, las condiciones políticas y sociales del país
y también de nuestra Comunidad Autónoma se han modificado notablemente, como
resultado de crisis económica, institucional y política que hemos
experimentado, y que ha llevado a numerosos sectores a reclamar una decidida
regeneración democrática, necesaria para superar el grave deterioro
institucional resultante de la corrupción pública y de una partitocracia cada
vez más alejada de las preocupaciones reales de los ciudadanos.
Este
contexto viene a reforzar la necesidad de contar con una estrategia y un
conjunto de medidas para alcanzar los objetivos cada vez más demandados de buen
gobierno y buena administración. Frente a quienes demandan una reforma constitucional
como condición necesaria para ello, nosotros creemos necesaria una reforma
estatutaria que supere los numerosos defectos y lagunas que hoy contiene el
Estatuto de Autonomía de Aragón. Difícilmente cabe aspirar a un buen
funcionamiento institucional cuando la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma
carece de la calidad exigible para ordenar el correcto funcionamiento de los
poderes públicos y el desarrollo adecuado de las políticas públicas que
permitan un verdadero autogobierno, dentro del marco constitucional del Estado
y de la Unión Europea.
En
la confección del nuevo Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena
Administración, esta Asociación desea abrir un cauce de comunicación a las
ideas y sugerencias que puedan formular servidores públicos y ciudadanos
preocupados por mejorar tanto el funcionamiento institucional de la Comunidad Autónoma
como la ordenación y actividad de su Administración Pública, para conseguir que
ambas trabajen de manera efectiva al servicio de los intereses generales y del
bienestar del conjunto de los ciudadanos.
Todos
aquellos que deseen realizar sus aportaciones al citado documento podrán hacer
llegar por escrito sus aportaciones a la dirección electrónica asocfuncionpublica@yahoo.es o
acudir a aquellas sesiones públicas que puedan convocarse a lo largo del próximo
mes de febrero para debatir los contenidos del Documento. Animamos a todos a
realizar un esfuerzo de reflexión y un trabajo de debate colectivo con el fin
de poder confeccionar un valioso documento de propuestas que pueda resultar útil
para abordar, durante la próxima legislatura, la inaplazable tarea de reforma
institucional y administrativa que permitan llevar a cabo el fortalecimiento y
la regeneración de nuestro sistema democrático
2 comentarios:
EFE 27/01/2015
El Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón convocará 78 plazas de oposición más de las inicialmente previstas en las ofertas complementarias de Empleo Público de los años 2007 y 2011, por lo que serán al final 1.112 las que saldrán a concurso en este proceso.
El Gobierno de Aragón ha aprobado un decreto de oferta adicional para completar las plazas que en 2007 y 2011 estaban ocupadas por interinos y que el anterior gobierno excluyó de las ofertas de Empleo Público, ha indicado el portavoz del ejecutivo aragonés, Roberto Bermúdez de Castro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Las 78 nuevas plazas se dividen en 19 especialidades de los cuatro grupos de la administración y casi la mitad serán para técnicos de categoría C1, ya que se aumenta en 21 la oferta para administrativos, en 11 la de agentes de protección de la naturaleza, 2 para técnicos de jardín de infancia y 1 para ejecutivo de informática.
En cuanto al resto de grupos, se amplía en 21 plazas la categoría de titulados superiores (A1), 7 para ingenierías técnicas y antiguas diplomaturas (A2) y 15 para la escala de auxiliares (C2).
Además, saldrá 1 vacante de Formación Personal en la especialidad de procesos de producción agraria y todas ellas son de turno libre, por lo que son abiertas a concurso en igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía.
El Gobierno de Aragón está ejecutando este proceso desde comienzos de 2014 en cumplimiento de la sentencia judicial que obliga a convocar las vacantes ocupadas por interinos en 2007 y 2011.
Desde finales de 2014, la Dirección General de Función Pública y Calidad de los Servicios ha realizado un exhaustivo trabajo de revisión para identificar las plazas que, con fechas de 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2010, estuvieran ocupadas por interinos, y que no hubiesen sido detectadas en el rastreo inicial efectuado el pasado año.
Como resultado de este trabajo, se han detectado estas 78 plazas de administración general, que se suman así a las ofertas complementarias de Empleo Público de 2007 y 2011, mediante el decreto de oferta adicional que se ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno.
A los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, les resulta muy incómoda la Cámara de Cuentas. Se vio a finales del año pasado con el informe sobre las cifras del Ayuntamiento de Zaragoza y ahora se está viendo con las del Plan Impulso de la DGA. El órgano fiscalizador que preside Antonio Laguarta les da un tirón de orejas a las dos instituciones y estas se revuelven y hasta le critican por hacer valoraciones políticas. Ahora resulta que el instrumento creado por los partidos aragoneses no es tanto una ayuda como una rémora lo que choca con todos esos mensajes políticos de transparencia. Convertir la clarificación de las cuentas públicas en una bronca política no es nada bueno para los partidos. Como no lo es que la Cámara de Cuentas entre en el barro. La institución debería tener bastante con hablar a través de sus informes.
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