miércoles, 21 de enero de 2015

LA LUCHA POR EL DERECHO: LA DEFENSA DEL DERECHO DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA HA DE SER PERMANENTE.



Esta Asociación consideró prioritaria, desde el mismo momento de su creación, la defensa del derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la función pública en condiciones de igualdad. La realización de dicho derecho –sistemáticamente ignorado por el Gobierno de Aragón, al tiempo que se incorporaba numeroso personal de manera irregular al entramado empresarial promovido como administración paralela- exigía la aprobación de ofertas anuales de empleo público, conforme a lo exigido por el Estatuto Básico del Empleado Público y por la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Dichas ofertas o no se aprobaban o se hacía con cifras manifiestamente insuficientes, provocando tasas de interinidad inaceptables en el conjunto de la Administración.

Ni la arbitrariedad de los poderes públicos –inaplicando las leyes- ni los acuerdos que pudieran establecerse en el ámbito de la negociación colectiva, con menoscabo de los derechos fundamentales de los ciudadanos, podían prevalecer frente al principio de legalidad consustancial a un Estado de Derecho. Contra ambas inercias, fuertemente arraigadas en la Administración autonómica, quiso reaccionar esta Asociación, considerando que la vigencia efectiva de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública era el elemento esencial para asegurar la profesionalidad y el compromiso con el Estado de Derecho que debían caracterizar la función pública en nuestro marco constitucional.

Todos los esfuerzos realizados en esa dirección –frente a Gobierno y sindicatos, que hicieron incomprensible frente común contra el respeto de las leyes- han dado, finalmente, resultado, y han provocado un claro punto de inflexión en la realidad de nuestra Administración. El Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, por vulnerar el derecho fundamental de acceso a la función pública, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, al no incluir la totalidad de las plazas vacantes cubiertas por funcionarios interinos. Ambos fallos judiciales creemos que han marcado un antes y un después en la Administración autonómica, a pesar de que el actual Gobierno de Aragón haya proseguido sin aprobar oferta de empleo público durantes los años 2012, 2013 y 2014, más allá de la incompleta ejecución de las sentencias judiciales, al aprobar insuficientes ofertas complementarias de 2007 y 2011, como ha declarado recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

En España, durante estos últimos años, han cambiado notablemente las actitudes de los ciudadanos y de algunos poderes públicos –como el Poder Judicial-, conscientes de la degradación que la arbitrariedad política y la corrupción pública han provocado en nuestro sistema institucional y en la calidad democrática. No es posible subestimar en dicho deterioro el efecto que ha tenido la grave precarización de un tercio del personal de las administraciones públicas, impidiendo con ello que la función pública garantizase de manera adecuada el funcionamiento imparcial y el sometimiento a la legalidad de las diferentes políticas públicas. La politización y desprofesionalización de las administraciones públicas han tenido en la crisis del régimen de acceso a la función pública una de sus manifestaciones más claras, cuyos efectos no parecen haber preocupado a los responsables estatales y autonómicos de función pública. Ha sido necesaria la reacción de la sociedad civil y de los propios servidores públicos para poner en cuestión tales prácticas.

Los logros obtenidos –con las sentencias dictadas y los procesos de ejecución en marcha, pese a las evidentes resistencias de los responsables departamentales- no pueden ocultarnos la necesidad de seguir defendiendo la legalidad, de seguir reclamando el respeto al derecho y de seguir comprometidos con una función pública que se ajuste en todos sus elementos –incluida, lógicamente, su selección- a los principios y valores constitucionales. Nos hallamos ante una tarea permanente, en la que inevitablemente no podemos reducir nuestro nivel de exigencia, pues la arbitrariedad sigue siendo el signo que marca la conducta de nuestros responsables políticos.

7 comentarios:

Anónimo dijo...


El Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón continúa avanzando en el proceso de convocatoria de las plazas de servicios generales que fueron omitidas de las Ofertas de Empleo Público de los años 2007 y 2011. El Boletín Oficial de Aragón ha publicado la convocatoria de 34 plazas del subgrupo A2, es decir, el de diplomados universitarios e ingenieros técnicos.

En concreto, son cuatro plazas de arquitectos técnicos, 19 de ingenieros técnicos agrícolas, cinco de ingenieros forestales, cuatro de ingenieros industriales y dos de ingenieros de minas. Todas ellas dirigidas a prestar servicio en la plantilla de Administración General.

El sistema es abierto por concurso libre, por sistema de oposición, en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos que cuenten con la correspondiente titulación. La resolución publicada en el BOA contiene los temarios de las pruebas, que tendrán lugar a partir de un plazo mínimo de tres meses.

El subgrupo A2, muy avanzado
Con estos cinco lotes convocados, el Gobierno de Aragón avanza en las convocatorias de turno libre del subgrupo A2, que arrancó a finales de noviembre con la convocatoria de 92 plazas de ocho especialidades distintas. A ellas se suman las 20 plazas de promoción interna y seis del cupo de discapacitados, que se convocaron en octubre. En 2014 se ejecutaron también las convocatorias de 82 plazas de titulados superiores (A1).

Próximamente está previsto completar el subgrupo A2, con las convocatorias de algunas otras especialidades de ingenierías técnicas y las restantes plazas de técnicos gestión de empleo, técnicos de gestión general o inspectores técnicos de calidad alimentaria, entre otras.

El proceso se completará en los próximos meses con las convocatorias de C1 y, a continuación, con las de C2, que previsiblemente serán las que atraerán mayor demanda de opositores ya que estas ofertas, dotadas además con mayor número de plazas, comprenden especialidades como administrativos, auxiliares administrativos y auxiliares sanitarios.

De esta forma, el Departamento de Hacienda y Administración Pública continúa cumpliendo con el calendario fijado para convocar estas plazas que fueron excluidas de las Ofertas de Empleo Público de los años 2007 y 2011, y que actualmente siguen ocupadas por funcionarios interinos. Un proceso que garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública y consolidar la estabilidad laboral de los empleados públicos.

heraldo de aragon

Anónimo dijo...


Desde luego, hay que proseguir.

Anónimo dijo...

Debéis seguir presionando para que las oposiciones de secundaria cumplan con la sentencia. La oferta aprobada para cumplir la sentencia es una pantomima escandalosa.

Anónimo dijo...



El Gobierno de Aragón ha de ofertar más de mil plazas de maestros ocupadas por interinos.

ha

Anónimo dijo...

El Gobierno de Aragón ha de aprobar, antes de finales de marzo, para dar cumplimiento a los requerimientos del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, un decreto de oferta complementaria para personal docente no universitario que incluya las más de 1.000 plazas del cuerpo de maestros que figuraban ocupadas por interinos a 31 de diciembre de 2010.

Esta observación la ha apreciado la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, tras conocer los datos recogidos por el Justicia de Aragón en su informe "El empleo público en la Administración autonómica aragonesa" (diciembre de 2012).

Mediante providencia de 1 de diciembre de 2014, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), se ha considerado que no cabía dar por ejecutada la sentencia de dicho Tribunal de 10 de febrero de 2012, por la que anuló la Oferta de Empleo Público de 2011, aprobada por el Gobierno de Aragón, en lo relativo al ámbito del personal docente no universitario, al entender que la oferta complementaria aprobada el 18 de febrero de 2014 no contenía el conjunto de plazas vacantes existentes en dicho ámbito a 31 de diciembre de 2010.

El Decreto 24/2014, de 18 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprobó la oferta complementaria de la oferta de empleo público del 2011 correspondiente al personal docente no universitario, "no dio debido cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al no incluir la totalidad de plazas del Cuerpo de Maestros omitidas en la Oferta correspondiente a 2011", ha señalado la citada asociación.

En una nota de prensa, esta Asociación ha recordado que en su día ya señaló que el Gobierno de Aragón, a propuesta de los responsables del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, "había alterado indebidamente las condiciones de ejecución del fallo judicial, al sustituir injustificadamente las plazas correspondientes al Cuerpo de Maestros -como eran las contenidas en la Oferta anulada en 2011- por plazas de los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, cuyo número también resultó arbitrario".

El Tribunal, en la citada providencia de 1 de diciembre de 2014, requirió nuevamente a la Administración autonómica para que apruebe, en el plazo de tres meses, una nueva oferta complementaria en el ámbito del personal docente no universitario en la que se incluyan todas las plazas vacantes existentes a 31 de diciembre de 2010 y ocupadas por funcionarios interinos.

ha


Anónimo dijo...


"Ha transcurrido la mitad del plazo concedido, sin que esta Asociación tenga conocimiento alguno de las medidas que pueda haber adoptado la Administración autonómica para dar cumplimiento al requerimiento judicial a fin de proceder a una correcta ejecución del fallo judicial que anuló la Oferta de Empleo de 2011", han señalado.

Para esta asociación "es evidente", conforme a lo señalado en el artículo 118 de la Constitución Española, la obligación que incumbe a todos -particulares y poderes públicos- de dar cumplimiento a las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como la de prestar la colaboración requerida en la ejecución de lo resuelto.

La reciente providencia vino a declarar el incumplimiento de tal obligación, al no estimar correctamente ejecutada la sentencia del TSJA de 10 de febrero de 2012, ni los autos dictados estableciendo los términos de su ejecución forzosa, han explicado.

Desde esta Asociación han anunciado que "vamos a ser especialmente vigilantes en lo que corresponde a la ejecución de la oferta complementaria correspondiente a personal docente no universitario, dada la irregular y fraudulenta oferta complementaria aprobada el pasado 18 de febrero de 2014, incurriendo en una burla a los pronunciamientos de los tribunales y a los derechos de los ciudadanos afectados que no estamos dispuestos a consentir que pueda volver a producirse".

Así, de conformidad con los datos incluidos en el informe especial elaborado por el Justicia de Aragón sobre "El empleo público en la Administración autonómica aragonesa" (diciembre 2012), con datos relativos al curso escolar 2011/2012 el nivel de temporalidad en la administración educativa era del 27 por ciento y afectaba a más de 3.500 docentes.

En concreto, y de acuerdo con los datos recogidos en el citado informe, en el curso 2011/2012 existen un total de 1.362 puestos del cuerpo de maestros cubiertos con carácter interino, así como otros 1.575 puestos del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria provistos por personal temporal.

"En ausencia de cualquier otro dato que pueda facilitarse por parte de los responsables del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, en cuanto a posibles plazas amortizadas u ofertas aprobadas con posterioridad, el dato de referencia para esta Asociación respecto a la necesaria oferta complementaria que debe aprobarse en este primer trimestre de 2015 -como ha exigido el Tribunal Superior de Justicia de Aragón- son las 1.362 plazas del cuerpo de maestros provistas por personal interino en el curso 2011/2012, sin perjuicio de los ajustes que puedan efectuarse a 31 de diciembre de 2010, fecha a la que refiere el momento de cómputo de plazas vacantes el fallo judicial del Tribunal", han subrayado.

ha

Anónimo dijo...


Comentario:

Y lo que tampoco dicen es que al cambiar el orden de las oposiciones perjudica a maestros y profesores y además en esta oposicion que venga solo tendrán en cuenta la nota de esta oposición para mantenerse en lista preferente y no las tres últimas como en la del año pasado del cuerpo de profesores que era transitoria y por tanto no se está en igualdad de condiciones en la de este año.