miércoles, 1 de octubre de 2014

EL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR CUARTA VEZ EN LA LEGISLATURA, INCUMPLE EL PLAZO PARA ENVIAR LOS PRESUPUESTOS A LAS CORTES DE ARAGÓN.



Un año más ha llegado el mes de octubre, y lo que era previsible se ha vuelto a producir, pues el Gobierno de Aragón, presidido por Luisa Fernanda Rudi, por cuarta vez ha incumplido la obligación estatutaria de remitir el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma a las Cortes de Aragón antes del 1 de octubre.

Parece como si el Gobierno quisiera establecer prácticas o pautas de actuación contrarias a la legalidad, al tiempo que formula propuestas de regeneración democrática, desconociendo que el primer signo de salud democrática es el cumplimiento de la ley. Lo ha recordado, muy oportunamente, el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a propósito de la inconstitucional convocatoria de referéndum en Cataluña. Pero el Gobierno de Aragón no se aplica esa máxima para sí mismo, y considera que los plazos marcados por el Estatuto para remitir los Presupuestos al Parlamento autonómico son meramente orientativos, de manera que su respeto o cumplimiento resulta disponible por parte del Gobierno.

Débil convicción del sometimiento a las normas la de un Gobierno que no tiene inconveniente en incumplir de manera repetida a lo largo de toda la legislatura las obligaciones que le impone el Estatuto de Autonomía de Aragón. Es llamativo, nuevamente, el silencio del Presidente de las Cortes de Aragón, José Ángel Biel, en la defensa del Estatuto, cuando los incumplimientos proceden del Gobierno aragonés de coalición y no del Gobierno de España. Como si las instituciones aragonesas tuvieran, entre sus prerrogativas, la facultad de vulnerar la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma.

Lo propio de un Estado de Derecho es el sometimiento de todos los poderes públicos al ordenamiento jurídico. El hecho de que las propias instituciones de la Comunidad Autónoma resulten incapaces de respetar las obligaciones que establece el Estatuto de Autonomía de Aragón es suficientemente elocuente del estado de salud democrática de nuestra Comunidad Autónoma.

La gestión presupuestaria en la Administración de la Comunidad Autónoma se halla totalmente distorsionada, tras la creación de órganos tan disfuncionales como la Unidad de Control de la Gestión Pública, que ha despojado por Decreto las competencias de gasto que corresponde a los Consejeros en virtud de norma legal. Tampoco se quiso respetar entonces ni la organización interna del Gobierno –en la que se incluyen las competencias de los respectivos Consejeros- ni algo tan básico en cualquier Estado de Derecho como es el principio de jerarquía normativa, establecido en el artículo 9.3 de la Constitución Española.

Desde esta Asociación volvemos a poner de manifiesto, una vez más, aunque no produzca efecto alguno, el incumplimiento legal en el que ha incurrido el Gobierno de Aragón, al no presentar en plazo el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón ante las Cortes de Aragón. Y lo hacemos por una razón muy sencilla: porque lo último que pueden admitir los ciudadanos en un sistema democrático, y menos aún los servidores públicos de sus instituciones, es que los responsables políticos se desvinculen de sus deberes legales, haciendo prevalecer su voluntad arbitraria sobre los mandatos del ordenamiento jurídico. No es posible aceptar que siga fomentándose, desde ninguna instancia pública, la cultura de la ilegalidad.

3 comentarios:

Anónimo dijo...



Lo peor de todo es que nadie se extraña ni escandaliza por esta situación de incumplimiento reiterado.

Anónimo dijo...



¿Nos hemos acostumbrado a la ilegalidad?

Anónimo dijo...



Así se recoge esta nota en la página web entornointeligente:



La Asociación para la Defensa de la Función Pública lamenta que el presupuesto no se presente en plazo

Expansión / En una nota de prensa, este colectivo ha señalado que "parece como si el Gobierno quisiera establecer prácticas o pautas de actuación contrarias a la legalidad, al tiempo que formula propuestas de regeneración democrática, desconociendo que el primer signo de salud democrática es el cumplimiento de la ley". El Gobierno de Aragón "no se aplica esa máxima para sí mismo y considera que los plazos marcados por el Estatuto para remitir los Presupuestos al Parlamento autonómico son meramente orientativos, de manera que su respeto o cumplimiento resulta disponible por parte del Ejecutivo". La asociación ha opinado que "es llamativo, nuevamente, el silencio del presidente de las Cortes de Aragón, José Ángel Biel, en la defensa del Estatuto, cuando los incumplimientos proceden del Gobierno aragonés de coalición y no del Gobierno de España". A su entender, "el hecho de que las propias instituciones de la Comunidad Autónoma resulten incapaces de respetar las obligaciones que establece el Estatuto de Autonomía de Aragón es suficientemente elocuente del estado de salud democrática de nuestra Comunidad Autónoma". Gestión La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha manifestado que la gestión presupuestaria en la Administración autonómica "se halla totalmente distorsionada tras la creación de órganos tan disfuncionales como la Unidad de Control de la Gestión Pública, que ha despojado por decreto las competencias de gasto que corresponde a los consejeros en virtud de norma de rango legal". Asimismo, ha criticado que "tampoco se ha querido respetar ni la organización interna del Gobierno −−en la que se incluyen las competencias de los respectivos consejeros−−, ni algo tan básico en cualquier Estado de Derecho como es el principio de jerarquía normativa, establecido en el artículo 9.3 de la Constitución Española". Desde esta Asociación han subrayado "el incumplimiento legal en el que ha incurrido el Gobierno de Aragón al no presentar en plazo el Proyecto de Ley de Presupuestos" ya que si bien esto "no produce efecto alguno", "no es posible aceptar que siga fomentándose, desde ninguna instancia pública, la cultura de la ilegalidad".