REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: IMPULSO GENERAL Y REACCIÓN CONTRA LA INACTIVIDAD DEL GOBIERNO DE ARAGÓN EN MATERIA DE OFERTA.

En la tarde del martes, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, se celebró la reunión de la Junta Directiva de la Asociación, conforme al orden del día establecido y publicado en este blog, para conocimiento general.

Tras la aprobación del orden del día y del acta de la reunión anterior, celebrada el 16 de septiembre de 2014, el Presidente de la Asociación, Julio Guiral, hizo un repaso a la actividad desarrollada desde la anterior reunión de la junta. Destacó en primer lugar, por su relevancia, la formalización del escrito de demanda dentro del recurso contencioso promovido contra la Oferta de Empleo Público de 2014 de la Administración General del Estado, en la que se justifica la vulneración del Estatuto Básico del Empleado Público, al no incluir la totalidad de las plazas vacantes cubiertas por interinos, y se solicita al Tribunal el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad en relación con las previsiones establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, tanto en cuanto a la prohibición general de incorporación de personal de nuevo ingreso en el sector público, como en la fijación de una tasa de reposición del 10% de las bajas producidas en ciertos ámbitos o sectores de la Administración de carácter prioritario. Directamente conectada con esta pretensión formulada ante el Tribunal Supremo, se refiere seguidamente a la nueva campaña emprendida ante las instituciones –en términos similares a los de la llevada a cabo el pasado año- para cuestionar el contenido del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 en materia de oferta, y ello a pesar de que se hayan modificado al alza los porcentajes de las tasas de reposición de efectivos admitidos en los sectores prioritarios de la Administración. La crítica al carácter arbitrario y antijurídico de tales previsiones se ha remitido tanto al Secretario de Estado de Administraciones Públicas como al conjunto de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, así como a los respectivos Portavoces de dichos Grupos en la Comisión de Presupuestos, en la que se efectuará el estudio y enmienda del Proyecto de Ley. Dentro de las acciones relativas al derecho de acceso al empleo público, hay que situar también los escritos de petición dirigidos al conjunto de los Delegados del Gobierno en las Comunidades y Ciudades Autónomas, para que velen por la garantía efectiva de dicho derecho por las entidades locales de la respectiva Comunidad Autónoma, reaccionando frente a los supuestos en que dichas entidades no aprueben la oferta anual de empleo público.

En el ámbito estricto de la Administración de la Comunidad Autónoma, se ha puesto de manifiesto el nuevo incumplimiento del Gobierno de Aragón en cuanto al plazo de remisión del Proyecto de Ley de Presupuestos a las Cortes de Aragón, frente al cual se ha formulado una queja ante el Justicia de Aragón y se ha reclamado el oportuno control a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, destacándose también la aprobación tardía de los presupuestos de la propia Cámara, cuestión que ha dado pie a un escrito dirigido al Presidente del Parlamento autonómico. La denuncia de este incumplimiento –que no ha tenido reflejo alguno en los medios de comunicación aragoneses- ha coincidido con la publicación, el día 6 de octubre, de la Orden de cierre del ejercicio presupuestario aprobada por el Consejero de Hacienda y Administración Pública. Dicha Orden, dictada en abierta contradicción con la legalidad presupuestaria y los principios que han de presidir la actuación de los poderes públicos, ha dado pie también a su denuncia, reclamándose de la Presidenta del Gobierno de Aragón y del Presidente de la Cámara de Cuentas que se despejen las irregularidades en que, de forma reiterada, vienen incurriendo las órdenes de cierre de ejercicio aprobadas.

Igualmente se comenta el curso de la tramitación del Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón, al haberse publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón las enmiendas presentadas por los diferentes Grupos Parlamentarios al Proyecto de Ley. Una primera y rápida valoración de las mismas permite apreciar que ningún Grupo ha cuestionado los aspectos fundamentales que esta Asociación ha venido criticando en sus escritos y en su comparecencia ante las propias Cortes de Aragón el pasado mes de junio. Debe criticarse igualmente el hecho de que ningún Grupo haya rechazado la suficiencia de la memoria económica presentada, lo que muestra la total falta de calidad de la documentación aportada por el Gobierno y el nulo grado de exigencia de las Cortes de Aragón para determinar los posibles efectos de sus decisiones.

Finalmente, el Presidente informa de las peticiones formuladas al Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y al Consejero de Hacienda y Administración Pública, para que se revise la relación de puestos de trabajo del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), corrigiendo la abusiva utilización de la libre designación para la provisión de la totalidad de los puestos de carácter técnico del organismo.

Seguidamente, y de acuerdo con el orden del día establecido, se pasa a deliberar sobre las acciones a impulsar en materia de defensa del derecho de acceso al empleo público, como es la continuación de la campaña emprendida respecto a la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, que deberá extenderse a la institución del Defensor del Pueblo y a los Subsecretarios de los diferentes Ministerios de la Administración General del Estado –entre los cuales es posible constatar posiciones críticas frente al mantenimiento de las tasas de reposición-, y tras valorar la necesidad de que las acciones judiciales en defensa del derecho no se limiten a la impugnación de las ofertas insuficientes, sino que se dirijan también a la falta de aprobación de la oferta anual por parte del Gobierno de Aragón, como ha sucedido a lo largo de la presente legislatura, se acuerda promover un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de Aragón, por inactividad normativa, al no haberse aprobado Oferta de Empleo Público para 2014, pese a existir una clara obligación de tal aprobación y haberse solicitado la misma, mediante escrito de petición dirigido a la Presidenta del Gobierno de Aragón. Todos los presentes convienen en la trascendencia que tendría un fallo judicial en el que se condenase, por vez primera, a una Administración por el incumplimiento del deber legal de aprobar oferta anual de empleo público, al ser una disposición necesaria para que los ciudadanos puedan hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la función pública. La vulneración del derecho de acceso a la función pública, sea por acción u omisión, debe ser combatida ante los Tribunales y en ello hay total unanimidad.

A continuación, conforme al orden del día previsto, se pasa a debatir la necesidad de reaccionar frente a la manifiesta degradación de la gestión presupuestaria existente en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de la cual son claros ejemplos la ilegal creación de una unidad de control de gestión pública, que ha desapoderado de sus facultades y competencias a los Consejeros del Gobierno de Aragón mediante un sistema de tutela y veto arbitrario, y la irregular orden de cierre del ejercicio presupuestario aprobada por el Departamento de Hacienda y Administración Pública. Tal situación no puede desvincularse de la ineficiente organización y actuación de la Intervención General, cuya profesionalización y modificación de pautas de actuación constituye una prioridad a juicio de todos. Se acuerda proceder a la elaboración de un documento de propuestas sobre gestión presupuestaria y control del gasto público, en el que se analicen las principales carencias existentes, de manera que pueda reclamarse su subsanación ante los responsables del Gobierno de Aragón, de la Cámara de Cuentas y de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón.

Posteriormente, el Presidente destaca la importancia de que la Asociación elabore con tiempo suficiente un nuevo Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración para la próxima legislatura, que se pueda remitir a los diferentes partidos políticos con representación parlamentaria y a aquellos otros que cuentan con significativa respaldo electoral, como UPyD y Podemos. Es necesario llevar a cabo una profunda revisión y puesta al día del Documento confeccionado para la actual legislatura, y ser más incisivos en las medidas de regeneración institucional, reaccionando frente a las numerosas prácticas viciadas o medidas contrarias a la profesionalidad de la presente legislatura. Se acuerda dedicar en la última semana del mes de noviembre una sesión monográfica a esta cuestión, con el fin de marcar el índice de cuestiones que debieran contemplarse en el futuro documento, marcando la dinámica de trabajo necesaria para su elaboración.

Por último, se valoran las posibles alternativas de cara a la realización de un acto público de conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción el próximo día 9 de diciembre. Tras dos ediciones realizadas en colaboración con la entidad ARARSE (Asociación Aragonesa de Responsabilidad Social Empresarial), en sendos actos celebrados en la Biblioteca de Aragón y en la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, se entiende oportuno abordar el fenómeno de la corrupción desde su impacto en las condiciones de vida de los ciudadanos y en la generación de pobreza y daño a las políticas sociales de cohesión e integración. Para ello, se acuerda entrar en contacto con algunas de las entidades sociales más significativas en nuestra Comunidad Autónoma para la posible organización de un acto conjunto sobre corrupción y pobreza.

Con tal decisión se da por concluida la reunión de la Junta Directiva de la Asociación. En el ánimo de todos domina la convicción de que las actuales circunstancias de la Administración autonómica –y del contexto general del país- imponen imprimir un fuerte impulso a la labor de reflexión, debate y acción de la Asociación, para tratar de contribuir a la superación de las graves carencias que hoy evidencian tanto nuestra función pública como una gran parte de nuestras instituciones públicas.