Esta Asociación, por las razones que se han venido
exponiendo en recientes notas de este blog, en las que se ha puesto de
manifiesto el incumplimiento del calendario legalmente establecido para la
elaboración y tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma en que han incurrido tanto el Gobierno de
Aragón como las propias Cortes de Aragón, dirigió ayer escrito de queja al
Justicia de Aragón, al entender que el caso constituye un claro incumplimiento
del ordenamiento jurídico aragonés y del propio Estatuto de Autonomía, norma
institucional básica de la Comunidad
Autónoma, cuya supervisión y control se atribuye a la institución
del Justicia.
Para no reiterar las razones ya expuestas en
anteriores notas, recogidas necesariamente en el escrito de queja formulado,
nos limitamos a reproducir el contenido íntegro del escrito remitido al
Justicia de Aragón:
“JULIO GUIRAL PELEGRIN, mayor de edad y con D.N.I.
nº 17.130.593, en nombre de la
Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, inscrita
en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma
de Aragón, con nº 01-Z-1989-2007, y con
domicilio, a efectos de notificaciones, en C/ León XIII, 21, 4º Centro,
50008-ZARAGOZA, comparece ante esa Institución y, al amparo de lo previsto en
el artículo 59 del Estatuto de Autonomía de Aragón y en la Ley 4/1985, de 27 de junio,
reguladora del Justicia de Aragón, se formula el presente escrito de queja relativo
al incumplimiento del Estatuto de Autonomía de Aragón por parte del Gobierno de
Aragón en cuanto al plazo previsto para la aprobación y remisión del Proyecto
de Ley de Presupuestos de la
Comunidad a las Cortes de Aragón, fundando la queja en las
razones siguientes:
- El procedimiento de elaboración y aprobación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como el de su posterior ejecución y control, están parcialmente previstos en el Estatuto de Autonomía de Aragón, señalándose la responsabilidad que en el mismo compete tanto al Gobierno de Aragón como a las Cortes de Aragón y a la Cámara de Cuentas.
El Estatuto
de Autonomía de Aragón, según la redacción resultante de la
Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, dedica
su Título VII a la Economía
y Hacienda de la Comunidad Autónoma,
y su artículo 111, relativo a los Presupuestos, dispone que corresponde al Gobierno de Aragón la
elaboración y ejecución del presupuesto y a las Cortes su examen, enmienda,
aprobación y control.
En concreto, y al objeto de ordenar
temporalmente la tramitación parlamentaria de la Ley de Presupuestos de cada ejercicio, el
apartado cuarto del artículo 111, establece que “el Gobierno remitirá a las
Cortes de Aragón el proyecto de presupuesto antes del último trimestre del
ejercicio en curso”, lo que significa que el correspondiente Proyecto de Ley ha
de ser aprobado por el Gobierno de Aragón y remitido a las Cortes de Aragón con
anterioridad al 1 de octubre.
Dicho requisito temporal se reitera en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, cuyo artículo 37
dispone: “El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
para cada ejercicio y la documentación complementaria deberá presentarse a las
Cortes antes del último trimestre del ejercicio anterior, para su examen,
enmienda y, en su caso, aprobación”.
- Pese a la claridad del mandato normativo, al ordenar los plazos de elaboración y aprobación de la Ley de Presupuestos que fijan tanto el Estatuto de Autonomía de Aragón como la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, es notorio para todos los ciudadanos que el Gobierno de Aragón a fecha de hoy, y pese a hallarnos ya en el último trimestre del ejercicio, no ha aprobado ni remitido a las Cortes de Aragón el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2015.
Dicho incumplimiento, claramente
contrario al obligado sometimiento de los poderes públicos al conjunto del
ordenamiento jurídico, como expresamente señala el artículo 9.1 de la Constitución
Española, constituye un incumplimiento de la norma
institucional básica de la Comunidad
Autónoma, que configura y ordena sus distintas instituciones.
- De conformidad con lo expresamente establecido en el Estatuto de Autonomía de Aragón, corresponde al Justicia de Aragón la tutela del ordenamiento jurídico aragonés –del que forma parte la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma- y la defensa del Estatuto de Autonomía de Aragón.
El cualificado incumplimiento en que
incurre el Gobierno de Aragón de ambas normas, al no remitir a los Cortes de
Aragón por tercer año consecutivo el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
dentro del plazo estatutariamente señalado, justifica en nuestra opinión la
necesaria intervención de esa Institución para recordar y reclamar que el
Ejecutivo autonómico ajuste su actuación a los términos establecidos por el
Estatuto de Autonomía y la Ley
de Hacienda.
El cumplimiento de las normas no es
solo un rasgo propio de todo Estado de Derecho, caracterizado por el imperio de
la ley o afirmación del principio de legalidad, sino que es un requisito de
actuación legítima de los poderes públicos, en particular cuando el
cumplimiento de las normas afectan a los derechos de los ciudadanos o al
ejercicio de competencias de otras instituciones, como es el presente caso.
La no aprobación y remisión en plazo afecta directamente al
plazo de tramitación parlamentaria de la
Ley de Presupuestos, e incide en su estudio, enmienda y
aprobación por los representantes del pueblo aragonés, lo que afecta al
funcionamiento democrático de las instituciones, pues el Ejecutivo, con su
demora en la aprobación y remisión, reduce la deliberación del Parlamento sobre
las cuentas públicas del nuevo ejercicio presupuestario.
Creemos que ambas razones, propias del
correcto funcionamiento de las reglas que imponen tanto el Estado de Derecho
como el Estado democrático, motivan suficientemente la intervención del
Justicia de Aragón para evitar que se consolide una mala práctica política del
Gobierno de Aragón manifiestamente contraria al Estatuto de Autonomía de
Aragón.
Igualmente debería recogerse la
incidencia que en tal incumplimiento pueda tener la tardía aprobación de las
Cortes de Aragón de sus propias cuentas de gatos e ingresos, las cuales,
conforme al artículo 36.1 de la
Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma,
debieran remitirse al Gobierno, para su inclusión en el respectivo Proyecto de
Ley de Presupuestos, antes del 15 de septiembre del ejercicio en curso.
En virtud de
todo lo señalado, y al considerar que los hechos señalados resultan un
cualificado incumplimiento de una obligación impuesta por el Estatuto de
Autonomía de Aragón al Gobierno de Aragón, como es la remisión del Proyecto de
Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
a las Cortes de Aragón antes del último trimestre del ejercicio, obligación que
se viene desatendiendo de manera reiterada por el Ejecutivo autonómico, formulamos
el presente escrito de queja ante esa Institución para que, en el ejercicio de
su función de defensa del Estatuto de Autonomía de Aragón y de tutela del
ordenamiento jurídico aragonés, se lleven a cabo las actuaciones oportunas para
recordar al Gobierno de Aragón la necesidad de adecuar su actuación al
principio de legalidad, y ajustar la aprobación del Proyecto de Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma
y su remisión a las Cortes de Aragón a los plazos estatutariamente
establecidos.
Zaragoza, 20 de octubre de 2014.
EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PARA
LA DEFENSA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA
ARAGONESA, Julio Guiral Pelegrín”.
5 comentarios:
Esto es algo que hay que hacer sencillamente porque nadie más lo haría.
Un comentario en el café no es suficiente.
¿Van a controlar los funcionarios a las Cortes de Aragón?
UPyD pide revisar la figura de El Justicia por su alto coste y su escasa utilidad.
epa
EFE 22/10/2014
El Partido UPyD ha pedido hoy revisar El Justicia de Aragón, una institución que tiene un coste de más de dos millones de euros que, a su juicio, es excesivamente elevado teniendo en cuenta la coyuntura actual y "su escasa utilidad".
El partido ha advertido en un comunicado de que "resulta sorprendente" que el titular de la institución, que se elige por su trayectoria de excelencia en el mundo del derecho, necesite trece asesores que cuestan más de 650.000 euros al año.
"Personal de libre designación y que cuestan a los aragoneses más de 650.000 euros al año de salario, a lo que hay que sumar un complemento de más de 2.000 euros por persona", señala el partido.
Por ello, y ante el proceso de elección del nuevo titular de la institución, Carlos Aparicio, coordinador de UPyD, ha exigido a las Cortes de Aragón una reforma integral al entender que no se puede mantener una institución "que sólo sirve para hacer recomendaciones, que en su mayor parte son ignoradas por el Gobierno de Aragón o los ayuntamientos".
Tras expresar que está a favor de mantener las instituciones históricas, "pero no a costa de un gasto desproporcionado", el dirigente político ha señalado que se hace necesario determinar los límites en el gasto del dinero público y suprimir las figuras de los asesores.
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