Un
año más ha llegado el mes de octubre, y lo que era previsible se ha vuelto a
producir, pues el Gobierno de Aragón, presidido por Luisa Fernanda Rudi, por
cuarta vez ha incumplido la obligación estatutaria de remitir el Proyecto de
Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
a las Cortes de Aragón antes del 1 de octubre.
Parece
como si el Gobierno quisiera establecer prácticas o pautas de actuación
contrarias a la legalidad, al tiempo que formula propuestas de regeneración
democrática, desconociendo que el primer signo de salud democrática es el
cumplimiento de la ley. Lo ha recordado, muy oportunamente, el Presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, a propósito de la inconstitucional convocatoria de
referéndum en Cataluña. Pero el Gobierno de Aragón no se aplica esa máxima para
sí mismo, y considera que los plazos marcados por el Estatuto para remitir los
Presupuestos al Parlamento autonómico son meramente orientativos, de manera que
su respeto o cumplimiento resulta disponible por parte del Gobierno.
Débil
convicción del sometimiento a las normas la de un Gobierno que no tiene
inconveniente en incumplir de manera repetida a lo largo de toda la legislatura
las obligaciones que le impone el Estatuto de Autonomía de Aragón. Es llamativo,
nuevamente, el silencio del Presidente de las Cortes de Aragón, José Ángel
Biel, en la defensa del Estatuto, cuando los incumplimientos proceden del Gobierno
aragonés de coalición y no del Gobierno de España. Como si las instituciones
aragonesas tuvieran, entre sus prerrogativas, la facultad de vulnerar la norma
institucional básica de la Comunidad
Autónoma.
Lo
propio de un Estado de Derecho es el sometimiento de todos los poderes públicos
al ordenamiento jurídico. El hecho de que las propias instituciones de la Comunidad Autónoma
resulten incapaces de respetar las obligaciones que establece el Estatuto de Autonomía
de Aragón es suficientemente elocuente del estado de salud democrática de
nuestra Comunidad Autónoma.
La
gestión presupuestaria en la
Administración de la Comunidad Autónoma
se halla totalmente distorsionada, tras la creación de órganos tan
disfuncionales como la Unidad
de Control de la Gestión Pública,
que ha despojado por Decreto las competencias de gasto que corresponde a los
Consejeros en virtud de norma legal. Tampoco se quiso respetar entonces ni la
organización interna del Gobierno –en la que se incluyen las competencias de
los respectivos Consejeros- ni algo tan básico en cualquier Estado de Derecho
como es el principio de jerarquía normativa, establecido en el artículo 9.3 de la Constitución
Española.
Desde
esta Asociación volvemos a poner de manifiesto, una vez más, aunque no
produzca efecto alguno, el incumplimiento legal en el que ha incurrido el
Gobierno de Aragón, al no presentar en plazo el Proyecto de Ley de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma
de Aragón ante las Cortes de Aragón. Y lo hacemos por una razón muy sencilla:
porque lo último que pueden admitir los ciudadanos en un sistema democrático, y
menos aún los servidores públicos de sus instituciones, es que los responsables
políticos se desvinculen de sus deberes legales, haciendo prevalecer su
voluntad arbitraria sobre los mandatos del ordenamiento jurídico. No es posible
aceptar que siga fomentándose, desde ninguna instancia pública, la cultura de
la ilegalidad.
3 comentarios:
Lo peor de todo es que nadie se extraña ni escandaliza por esta situación de incumplimiento reiterado.
¿Nos hemos acostumbrado a la ilegalidad?
Así se recoge esta nota en la página web entornointeligente:
La Asociación para la Defensa de la Función Pública lamenta que el presupuesto no se presente en plazo
Expansión / En una nota de prensa, este colectivo ha señalado que "parece como si el Gobierno quisiera establecer prácticas o pautas de actuación contrarias a la legalidad, al tiempo que formula propuestas de regeneración democrática, desconociendo que el primer signo de salud democrática es el cumplimiento de la ley". El Gobierno de Aragón "no se aplica esa máxima para sí mismo y considera que los plazos marcados por el Estatuto para remitir los Presupuestos al Parlamento autonómico son meramente orientativos, de manera que su respeto o cumplimiento resulta disponible por parte del Ejecutivo". La asociación ha opinado que "es llamativo, nuevamente, el silencio del presidente de las Cortes de Aragón, José Ángel Biel, en la defensa del Estatuto, cuando los incumplimientos proceden del Gobierno aragonés de coalición y no del Gobierno de España". A su entender, "el hecho de que las propias instituciones de la Comunidad Autónoma resulten incapaces de respetar las obligaciones que establece el Estatuto de Autonomía de Aragón es suficientemente elocuente del estado de salud democrática de nuestra Comunidad Autónoma". Gestión La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha manifestado que la gestión presupuestaria en la Administración autonómica "se halla totalmente distorsionada tras la creación de órganos tan disfuncionales como la Unidad de Control de la Gestión Pública, que ha despojado por decreto las competencias de gasto que corresponde a los consejeros en virtud de norma de rango legal". Asimismo, ha criticado que "tampoco se ha querido respetar ni la organización interna del Gobierno −−en la que se incluyen las competencias de los respectivos consejeros−−, ni algo tan básico en cualquier Estado de Derecho como es el principio de jerarquía normativa, establecido en el artículo 9.3 de la Constitución Española". Desde esta Asociación han subrayado "el incumplimiento legal en el que ha incurrido el Gobierno de Aragón al no presentar en plazo el Proyecto de Ley de Presupuestos" ya que si bien esto "no produce efecto alguno", "no es posible aceptar que siga fomentándose, desde ninguna instancia pública, la cultura de la ilegalidad".
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