UNA FALSA REGENERACIÓN A DEBATE.

El discurso de la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, en el marco del debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma celebrado en las Cortes de Aragón, ha señalado una serie de propuestas dirigidas a supuestos objetivos de regeneración democrática, centradas fundamentalmente en el sistema electoral y en el tamaño del Parlamento autonómico. Medidas que resultan claramente cuestionables, pues ni el número de diputados –que sirve al pluralismo de la Cámara- ni su aforamiento –regla especial de determinación del juez competente para enjuiciarles en las posibles causas penales que se sigan contra ellos- son aportaciones significativas a la calidad democrática. El resto de las medidas sugeridas, como las relativas a las listas electorales desbloqueadas o a supuestos de inelegibilidad de candidatos incursos en juicio oral- exceden la competencia de la Comunidad Autónoma y exigirían su inclusión en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que correspondería modificar en su caso a las Cortes Generales.

Es curioso que, tras tres años de responsabilidades de gobierno, la máxima autoridad de la Comunidad Autónoma concrete el buen desempeño institucional a promover en una serie de medidas que o bien en nada influyen en la actual situación o bien no corresponden al ámbito de decisión de la Comunidad Autónoma. Contrasta todo ello con el evidente silencio hacia temas que tienen directa incidencia en el buen gobierno y la buena administración de la Comunidad Autónoma, y que sí debieran estar no solo entre las propuestas a impulsar sino entre las medidas ya establecidas a evaluar. Cuando la principal corrupción pública producida en Aragón ha estado en su entramado de empresas públicas, sorprende que nada se diga sobre ello, salvo que se piense que los controles eran suficientes y además funcionaron adecuadamente. Si se piensa así, poco puede hacerse para evitar que los fraudes al interés general se vuelvan a producir.

Regeneración no pasa por retoques cosméticos a las instituciones, ni por hacer pagar al Parlamento la quiebra de confianza hacia los Gobiernos, por su mediocre gestión y la manifiesta incapacidad para liderar los esfuerzos colectivos que permitan recuperar confianza y dinamismo. En nada contribuirá a corregir la actual situación reducir el número de escaños de las Cortes de Aragón, si al mismo tiempo ampliamos la politización y desprofesionalización de la función pública autonómica, con un Proyecto de Ley que permite, a través de la prevista función directiva, el que personal de confianza política pase a desempeñar funciones hasta ahora reservadas a funcionarios profesionales. De nada servirá que los ciudadanos puedan establecer su orden de preferencia en las listas electorales, si luego el Gobierno puede manejar la Administración a su antojo, estableciendo la discrecionalidad máxima en el sistema de provisión de aquellos puestos de trabajo con alguna capacidad decisoria.

La regeneración de las instituciones, al menos cuando la anuncia un responsable del Ejecutivo autonómico, debiera empezar por el Gobierno y la Administración que preside. Poco o nada efectivo se ha hecho en tal sentido a lo largo de estos tres años, a pesar de las iniciativas legislativas impulsadas, cuyos objetivos poco tienen que ver con la realidad diaria que se vive en la Administración autonómica. El discurso y la realidad discurren por caminos radicalmente alejados, lo que permite dudar de la sinceridad de muchas de las propuestas enunciadas. La confianza no se gana ni con un discurso ni con un proyecto de ley, sino con actuaciones claras y convincentes que señalen de forma inequívoca el compromiso con la legalidad y la ética pública, con el servicio al interés general y a los ciudadanos, única razón de ser de las instituciones de gobierno democrático. Poco o nada se ha regenerado en la función pública autonómica en estos tres años, y ese es el verdadero balance de una acción de gobierno.