CORRUPCIÓN Y REGENERACIÓN: UN DEBATE AUSENTE EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de junio confirma la elevada preocupación de los ciudadanos por la corrupción pública y el fraude, consolidándose como segunda preocupación tras el paro. Basta hojear cualquier periódico para constatar la gravedad que revisten las irregularidades en el funcionamiento de nuestras instituciones y administraciones públicas, ya sean el Tribunal de Cuentas o municipios de cualquiera de nuestras Comunidades Autónomas. Es lógico que el discurso de las fuerzas políticas, de los medios de comunicación y de las organizaciones de la sociedad civil haga hincapié en medidas de regeneración para superar el clima general de escepticismo y desconfianza que ha generado el goteo continuo de casos de corrupción.

Debemos preguntarnos, sin embargo, por la incidencia de ese debate en el seno de la función pública o por las medidas que se han introducido en las Administraciones Públicas para prevenir y corregir los casos de corrupción. Esta Asociación lleva años reclamando un “giro ético” en la Administración Pública que no se produce, a pesar de que, aparentemente, se impulsen proyectos de ley de transparencia o se anuncien códigos éticos para la función pública, como los que prevé el Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón. Esas medidas pueden quedar reducidas a meras operaciones cosméticas si la cultura administrativa dominante nada tiene que ver con los principios de legalidad, objetividad y servicio público.

Se echa de menos un verdadero programa de fortalecimiento ético de la Administración, que se concrete no solo en formulación de valores, sino sobre todo en ejemplaridad de quienes ocupan los altos cargos de la Administración y en compromiso efectivo de todos los empleados públicos con objetivos claros de buena gestión y respeto de la legalidad. Los Departamentos de la Administración autonómica se mueven con la inercia administrativa de siempre, sin programas específicos para detectar y prevenir los problemas de funcionamiento de las distintas unidades administrativas y superar prácticas y desviaciones arraigadas en las rutinas administrativas.

La racionalización administrativa, el control y la evaluación de la actividad, la determinación de objetivos, la gestión de la formación y la trayectoria profesional, la selección de personal y la provisión de puestos de trabajo son ámbitos de la función pública que, lamentablemente, siguen estando al margen de toda iniciativa de fortalecimiento ético de la Administración autonómica. Ningún miembro del Gobierno de Aragón ha formulado mínimamente un conjunto de medidas que hagan de la función pública una estructura verdaderamente comprometida con la buena administración y al servicio del buen gobierno, con capacidad real para intervenir en programas de prevención y lucha contra la corrupción.

Mientras sigamos careciendo de programas decididos de intervención contra la corrupción pública –y la función pública considere que se halla al margen de la cuestión- es previsible que la preocupación de los ciudadanos no disminuya y, lo peor de todo,  que los abusos de todo tipo sigan produciéndose dentro de las administraciones e instituciones públicas, minando la fortaleza cívica y democrática de nuestra sociedad. No es posible que la función pública permanezca impasible en ese escenario que solo puede contribuir a deslegitimarla socialmente.