LA FUNCIÓN PÚBLICA NO PUEDE QUEDAR A MERCED DE UN PACTO DE INTERESES.

El Proyecto de Ley de Función Pública aprobado por el Gobierno de Aragón y remitido a las Cortes de Aragón para su tramitación carece de un análisis solvente que avale suficientemente sus opciones. Los sindicatos que han apoyado el texto apenas se han tomado la molestia de motivar su decisión, y el Gobierno de Aragón tampoco ha sido capaz de señalar las razones del modelo diseñado y, en especial, determinar el coste derivado de la aplicación futura de la Ley. Demasiados silencios y omisiones por parte de quienes, ante el Parlamento autonómico, resultan ser los principales valedores del proyecto normativo.

La falta de explicaciones objetivas y suficientes sobre el modelo de función pública que se contiene en el Proyecto de Ley aprobado permite sospechar que lo que realmente existe tras el mismo es un acuerdo o pacto a puerta cerrada, en el que la racionalidad y objetividad exigibles a todo modelo de función pública se han visto desplazadas por los intereses políticos y económicos de las partes. El Gobierno de Aragón obtiene plena disponibilidad –gracias a la función directiva y a la libre designación- para determinar la provisión de puestos de los niveles decisorios de la Administración, y los sindicatos a cambio obtienen la implantación futura, cuando las disponibilidades presupuestarias lo permitan, de un modelo de carrera horizontal que viene a reconocer su vieja reivindicación “carrera para todos”.

El resultado de ese pacto es evidente: una Administración más desprofesionalizada y más cara, con la que salen perdiendo los ciudadanos. Mal se puede hablar por la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, de regeneración política o de racionalización del sector público, pues el modelo de función pública no contribuye a ninguno de ambos objetivos. La Administración abre sus puestos a criterios puramente clientelares –a través de la nueva modalidad de la función directiva- y a los empleados públicos se les premia su respaldo al nuevo modelo antiprofesional con una expectativa general de subidas retributivas, eso sí previa evaluación, cuya objetividad cabe poner en entredicho visto el cariz del modelo establecido.

Ni desde las Cortes de Aragón ni desde la Universidad ni desde los medios de comunicación se ha prestado la debida atención a una norma como la Ley de Función Pública de Aragón, que ha de ser determinante para cualquier objetivo de calidad democrática y fortaleza del Estado de Derecho en nuestra Comunidad Autónoma. Se trata de una Ley claramente falaz, que pretende poner las virtudes de los empleados públicos al servicio de los vicios de un modelo desprofesionalizado de Administración.

Los ciudadanos, a través de sus representantes, tienen que revisar en profundidad un modelo que en poco contribuye a una Administración eficiente comprometida con los valores de la legalidad y del servicio público, y que, falto de claridad y de información objetiva sobre sus opciones y su coste económico, parece esconder un pacto al servicio de los intereses políticos de unos y de los intereses económicos de otros, naturalmente en perjuicio de los ciudadanos.