miércoles, 23 de julio de 2014

IRREALIDAD Y DESCONCIERTO.



Simultáneamente a la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón, todavía en fase de presentación de enmiendas -cuya retirada solicitó esta Asociación al Consejero de Hacienda y Administración Pública al carecer de la necesaria y preceptiva memoria económica, exigida tanto por la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón como por la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Aragón-, se publicaba en la prensa de ayer una serie de posibles medidas de recorte del gasto en empleo público que se va a barajar por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y las diferentes Comunidades Autónomas.

Entre el conjunto de posibles medidas de reducción del gasto público de las Comunidades Autónomas para alcanzar los objetivos de reducción del déficit público se incluían las siguientes: “Funcionarios: Eliminación del exceso de plazas vacantes y no creación de nuevas plazas salvo en servicios prioritarios. Ampliación de la jornada semanal de funcionarios a 40 horas. Eliminación de todos los moscosos. Reducción de las retribuciones anuales del personal en la cuantía equivalente al importe de una paga extraordinaria. Suspensión de planes de pensiones. Reducción de jornada y de retribuciones a personal funcionario interino y laboral temporal. Revisión del gasto en acción social. Reducción de un 5% en las aportaciones a entes o empresas del sector público autonómico excepto en hospitales. Mejorar el uso del parque móvil, limitar vehículos, compartir uso, primer uso de vehículos representativos de alquiler. Limitación de las ayudas a las organizaciones sindicales”.

Tales medidas, supuestamente planteadas desde las diferentes Comunidades Autónomas, han sido recogidas en un documento de trabajo por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su posible consideración en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, desde el que se pretende impulsar un programa de racionalización del gasto público.

Resulta increíble que, a un mismo tiempo, el modelo de función pública de nuestro país se intente regular –al amparo del Estatuto Básico del Empleado Público- desde la radical ignorancia de las condiciones económicas y presupuestarias que determinan el contexto de las distintas Administraciones Públicas –planteando opciones como la carrera administrativa horizontal de carácter universal, sin contar con una mínima evaluación de su coste y condiciones de financiación-, y, en el extremos opuesto, los propios responsables de tales Administraciones barajen medidas de excepción para recortar drásticamente los costes del empleo público, al entender insostenible el actual volumen del gasto de personal.

Es evidente que no se pueden recibir mensajes más incongruentes sobre la misma cuestión, y tan arbitrarias pueden resultar las medidas irreales que se plantean como las nuevas propuestas de degradación de las condiciones de trabajo en el sector público.

Una vez más se carece de una propuesta que, con la adecuada visión de conjunto, aborde el peso de los gastos de personal en el equilibrio presupuestario de las administraciones dentro de un programa de fortalecimiento de la profesionalidad y calidad de la función pública, que discrimine debidamente las diferentes medidas de ahorro o racionalización de las estructuras administrativas y evite el posible daño al decisivo papel que juega la función pública en el aseguramiento del Estado de Derecho y en la garantía de los servicios públicos esenciales para los ciudadanos, imprescindibles para preservar la cohesión social que exige nuestro modelo de democracia.

Las reacciones ante la información publicada ayer –de la que hoy intentan desmarcarse diferentes responsables políticos- se mueven entra la incredulidad y el desconcierto, y demuestran la inconsistencia del discurso oficial cuando se habla de recuperación, la irrealidad e inviabilidad de ciertas iniciativas legislativas y la escasa responsabilidad de ciertas iniciativas sindicales que buscan restablecer todos los “derechos laborales” perdidos por los empleados públicos a lo largo de estos años de crisis. El panorama de la función pública se merece una actitud bien distinta por parte de todos para evitar que se produzcan situaciones tan disparatadas como la que estamos viviendo.

16 comentarios:

Anónimo dijo...



No anheles impaciente el bien futuro, mira que ni el presente está seguro.

Anónimo dijo...



Las comunidades rehúyen la autoría de los recortes recogidos por Hacienda.

EP

Anónimo dijo...


Hacienda recogió en un documento los recortes propuestos por las comunidades para cuadrar sus cuentas, pero optó por no especificar cuáles las habían planteado para evitar todo coste político de cara a las elecciones de 2015. Esta fórmula, precisamente, ha permitido este martes a los Gobiernos autónomos desvincularse de las medidas de ajuste que se discutirán en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera del 31 de julio.

Nadie se ha responsabilizado de las duras. Así, el ejecutivo de Castilla y León (PP) ha aseverado que ellos remitieron a Madrid medidas de ahorro que se centran en la eficiencia y "no de recortes". Y el presidente de Murcia, Alberto Garre (PP), también ha seguido la misma línea: "Aunque es muy importante controlar el déficit a todos los niveles, no va a haber más recortes. Pero sí eficiencia en el gasto".

Anónimo dijo...


De esta forma, a lo largo de la jornada, las autonomías se han esforzado en marcar distancias con el documento, que recoge medidas de "ahorro" como el cobro por largas estancias en hospitales, multas por no ir a recoger unos análisis, disminución de las becas escolares de comedor y la reducción de los días de descanso de los funcionarios. Una batería de severas propuestas que el propio Gobierno central ha descartado aplicar directamente. En este sentido, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, José Antonio Beteta, ha asegurado que las recomendaciones de Hacienda "se dirigirán a la mayor eficiencia de los recursos". "No propondremos reducciones de gasto público generales para nada ni para nadie", ha añadido el ministro Cristóbal Montoro, que ha subrayado que le corresponderá a las autonomías elegir las medidas para cumplir con el déficit.

A todo esto, entre las grandes comunidades gobernadas por los populares, Valencia y Madrid han querido desligarse del texto. La portavoz de la primera, María José Català, ha reiterado que no puede aceptarse el recorte "porque supondría tocar el eje social". Y el presidente Alberto Fabra ha repetido que no reducirá el gasto de aquellas partidas que afecten a la prestación de servicios esenciales. La pretensión de Montoro es que la Generalitat recorte 1.100 millones más a sus exhaustas y deficitarias cuentas, aproximadamente 600 millones en sanidad y otros 500 millones en educación.

Anónimo dijo...


El Gobierno gallego tampoco se ha dado por aludido. Su consejera de Hacienda, Elena Muñoz (PP), ha hecho hincapié en que son medidas de aplicación "voluntaria" dirigidas a las comunidades que no cumplen con los límites de déficit y que Galicia no está entre ellas. El Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo cerró el año pasado en un déficit del 1,1% del PIB, una décima por debajo del tope, y confía en ser cumplidor también en 2014. "El hecho de que Galicia cumpla con su objetivo de estabilidad presupuestaria desde 2009 trae consigo que no tengamos que tomar medidas que obligatoriamente tienen que adoptar otras comunidades para cumplir con la ley", ha afirmado esta mañana Muñoz.

Anónimo dijo...



El planteamiento de estos nuevos recortes ha encontrado los reproches más duros en las autonomías gobernadas por el PSOE y los nacionalistas. El Ejecutivo vasco "no reivindica ni se identifica con ninguna" de las 255 propuestas. Es más, su portavoz Josu Erkoreka ha remachado que existe la "preocupación de que el Gobierno central aproveche la coartada de la crisis para adoptar medidas recentralizadoras".

Anónimo dijo...


El consejero de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, también ha seguido la línea de ataque al Ejecutivo de Rajoy, al que ha acusado de mantener una "actitud voraz" respecto a los recortes y remachó que la prioridad ahora debe ser la de los ingresos. "No sé si Montoro es consciente de cómo se están debilitando los servicios públicos".

Y en Andalucía, bastión socialista, también se oponen "radicalmente" a todo recorte incluido en el texto de Hacienda. "Ese documento no nos representa", ha subrayado Miguel Ángel Vázquez, portavoz de la Junta, que ha afirmado que en Asturias —también en manos del PSOE— opinan igual. El representante andaluz ha reiterado que esta comunidad estará de las nuevas medidas. Una oposición, ha matizado, "que Montoro ya sabe".

Anónimo dijo...



Comentario:

Curiosamente, el ministerio de Hacienda ha recogido las 255 medidas muy concretas en un documento que enviaron las CCAA. Ahora, muy curiosamente, las autonomías tratan de marcar distancias y no reconocer su autoría de las 255 medidas. Vaya desfachatez y tomadura de pelo.

Anónimo dijo...


Comentario:

Yo admito que no soy excesivamente listo. Pero si Montoro nos ha dicho que hemos entrado en círculo virtuoso de la economía, y que somos el asombro del mundo mundial, ¿Como se entiende que sigamos con recortes nuevos?

Anónimo dijo...


Comentario:

Me temo que cualquier política de ajuste, se va a topar con impedimentos y paradojas de difícil resolución. Más en una sociedad como la nuestra, compartimentada en autonomías, lo que hace casi inviable la aplicación de medidas de forma equitativa.

Anónimo dijo...


Comentario:

De boquilla y cara al electorado, todos los partidos gobernantes en cada CCAA se muestran contrarios a estas devastadoras propuestas, pero para muchos ciudadanos no son novedad, como en Cataluña, Andalucía, Castilla la Mancha etc, en estas se llevan aplicando desde hace dos años. Esta nueva propuesta sería la vuelta de tuerca que necesitamos muchos ciudadanos para salir de nuestra resignación y mostrar que los votantes también tenemos nuestras propuestas y que se imponen a la de los políticos o sus malos asesores que sólo saben usar las tijeras en lugar de hacer propuestas que no afecten a los de siempre.

Anónimo dijo...


Comentario:

Entre las medidas propuestas por las CC.AA para seguir recortando: jornadas de 40 horas semanales, reducción de las retribuciones anuales en la cuantía de una paga extra, eliminación total de asuntos propios, más caña a interinos y laborales y, por supuesto, hacer con cuatro funcionarios lo que antes se hacía con siete.
Mientras nos decían; a loshhh españoleshhh no leshhh va a coshhsstar un euro el reshhhcate a los bancossshhh. Sólo Catalunya Banc ha costado lo que se recorta en sanidad y educación. Y sigue la leña al mono. No creo que se atrevan con la maratón de elecciones a la vista y con el miedo cerval que le tienen a Podemos pero ganas no les faltan. Las propuestas son "anónimas", no dicen que CC.AA las plantea por la inminencia electoral en mayo de 2015; es decir, algunos siguen jugando al engaño. Ni aprenden ni quieren; a ver si va a ser bueno que el señor Pablo Iglesias siga presente durante un tiempecito en la escena política patria.

Anónimo dijo...


Comentario:

Tienen que sacar dinero como sea, la economía real está bajo mínimos, no tienen ingresos, no quieren suprimir ni la Administración Paralela, ni las prebendas a afines, ni las subvenciones a sindicatos amigos tipo UGT-CCOO-CSIF...

Alfonso dijo...

Nada de todo esto tiene que ver con la economía. Es una ofensiva, un ataque directo y brutal contra los servicios públicos y la mejor manera de terminar con ellos es destruir la función pública que los sirve.

Desde luego ya puede pensar quien sea funcionario a quien la va a dar su voto en las próximas elecciones.Tal vez convenga -lamentablemente- resucitar la hoz y el martillo, a ver si vuelven a tener miedo.

Anónimo dijo...

El sindicato "amigo" CSIF, recibio en el año 2013 de la Administración Aragonesa 700 euros.El resto de sindicatos...ver los boletines oficiales.

Anónimo dijo...

Más de lo mismo, cargarse la función pública para colocar a sus polluelos terminando con el estado de derecho.