IRREALIDAD Y DESCONCIERTO.

Simultáneamente a la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón, todavía en fase de presentación de enmiendas -cuya retirada solicitó esta Asociación al Consejero de Hacienda y Administración Pública al carecer de la necesaria y preceptiva memoria económica, exigida tanto por la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón como por la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Aragón-, se publicaba en la prensa de ayer una serie de posibles medidas de recorte del gasto en empleo público que se va a barajar por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y las diferentes Comunidades Autónomas.

Entre el conjunto de posibles medidas de reducción del gasto público de las Comunidades Autónomas para alcanzar los objetivos de reducción del déficit público se incluían las siguientes: “Funcionarios: Eliminación del exceso de plazas vacantes y no creación de nuevas plazas salvo en servicios prioritarios. Ampliación de la jornada semanal de funcionarios a 40 horas. Eliminación de todos los moscosos. Reducción de las retribuciones anuales del personal en la cuantía equivalente al importe de una paga extraordinaria. Suspensión de planes de pensiones. Reducción de jornada y de retribuciones a personal funcionario interino y laboral temporal. Revisión del gasto en acción social. Reducción de un 5% en las aportaciones a entes o empresas del sector público autonómico excepto en hospitales. Mejorar el uso del parque móvil, limitar vehículos, compartir uso, primer uso de vehículos representativos de alquiler. Limitación de las ayudas a las organizaciones sindicales”.

Tales medidas, supuestamente planteadas desde las diferentes Comunidades Autónomas, han sido recogidas en un documento de trabajo por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su posible consideración en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, desde el que se pretende impulsar un programa de racionalización del gasto público.

Resulta increíble que, a un mismo tiempo, el modelo de función pública de nuestro país se intente regular –al amparo del Estatuto Básico del Empleado Público- desde la radical ignorancia de las condiciones económicas y presupuestarias que determinan el contexto de las distintas Administraciones Públicas –planteando opciones como la carrera administrativa horizontal de carácter universal, sin contar con una mínima evaluación de su coste y condiciones de financiación-, y, en el extremos opuesto, los propios responsables de tales Administraciones barajen medidas de excepción para recortar drásticamente los costes del empleo público, al entender insostenible el actual volumen del gasto de personal.

Es evidente que no se pueden recibir mensajes más incongruentes sobre la misma cuestión, y tan arbitrarias pueden resultar las medidas irreales que se plantean como las nuevas propuestas de degradación de las condiciones de trabajo en el sector público.

Una vez más se carece de una propuesta que, con la adecuada visión de conjunto, aborde el peso de los gastos de personal en el equilibrio presupuestario de las administraciones dentro de un programa de fortalecimiento de la profesionalidad y calidad de la función pública, que discrimine debidamente las diferentes medidas de ahorro o racionalización de las estructuras administrativas y evite el posible daño al decisivo papel que juega la función pública en el aseguramiento del Estado de Derecho y en la garantía de los servicios públicos esenciales para los ciudadanos, imprescindibles para preservar la cohesión social que exige nuestro modelo de democracia.

Las reacciones ante la información publicada ayer –de la que hoy intentan desmarcarse diferentes responsables políticos- se mueven entra la incredulidad y el desconcierto, y demuestran la inconsistencia del discurso oficial cuando se habla de recuperación, la irrealidad e inviabilidad de ciertas iniciativas legislativas y la escasa responsabilidad de ciertas iniciativas sindicales que buscan restablecer todos los “derechos laborales” perdidos por los empleados públicos a lo largo de estos años de crisis. El panorama de la función pública se merece una actitud bien distinta por parte de todos para evitar que se produzcan situaciones tan disparatadas como la que estamos viviendo.