MANOS A LA OBRA.

Este mes de abril marcará un punto de inflexión en la actividad de la Asociación, una vez concluido el proceso de reflexión y de debate para marcar los objetivos que han de centrar nuestra actuación en los próximos meses. Somos todos conscientes de que no es posible desentenderse de los problemas que hoy lastran el funcionamiento de la Administración Pública, muchos de los cuales son comunes a los que aquejan al conjunto de la sociedad y a nuestras instituciones públicas. Es preciso actuar, no cabe esperar a que los problemas se solucionen por sí solos, pero hay que fijar prioridades claras y establecer una estrategia para hacer efectivo el esfuerzo realizado.

No es sensato ni admisible asistir impasibles al incumplimiento de las normas legales, máxime si dichos incumplimientos suponen una reiterada vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como ocurre en el caso del acceso a la función pública. Seguramente se minimiza el alcance del incumplimiento de este derecho, y hasta se justifica por quienes gustan de una Administración debilitada –en el caso de una parte de los responsables políticos- y por quienes disfrutan de una situación laboral que no han consolidado conforme a las reglas de acceso a la función pública.

No es posible que la Administración cumpla con su deber principal, que es la ejecución de las leyes –de ahí que la Administración esté al servicio del poder ejecutivo, del poder al que corresponde asegurar la ejecución de las leyes-, si en su funcionamiento interno –en la ordenación de la función pública- las leyes no se respetan. Una Administración en la que no impere el respeto a la ley carecerá necesariamente de cultura de la legalidad y la carencia de esta cultura le hace perder su seña de identidad más básica. Si los funcionarios no son agentes de la legalidad, y se prestan a ser instrumento de la arbitrariedad, la deslegitimación social será inevitable, y de ahí la escasa preocupación de los ciudadanos por la reducción de lo público y por la reducción de las garantías profesionales a unas personas que no se muestran capaces de cumplir con su principal obligación.

Esta Asociación se propuso promover un giro ético en la Administración Pública. Es verdad que eso no se hará en poco tiempo ni por un puñado de personas, pero una garantía absoluta para no culminar dicha tarea es la tibieza mostrada en el empeño, la falta de determinación, el escaso empuje y convicción en muchas de las iniciativas impulsadas, que se dejan decaer por cansancio o por inconstancia. Hay que abrir una nueva etapa para dejar atrás esta falta de determinación y actuar de manera mucho más decidida, con más trabajo, más pensamiento, más persistencia, con más compromiso y voluntad real de modificar la insatisfactoria realidad. Si estamos acomodados a la situación, nuestro rechazo a sus carencias será meramente teórico, pero evitaremos que las cosas cambien, pues ya nos hemos hecho a ellas y las hemos interiorizado. No renunciamos al deber ser, a la legalidad, pero vivimos en la realidad irregular y actuamos conforme a las “reglas” que decimos querer cambiar pero que reforzamos diariamente con su aplicación y su aceptación. Esta inconsecuencia, más generalizada de lo que pensamos, es una de las razones para que nada cambie a mejor, para que las líneas que se apuntan en materia de calidad o evaluación sean sólo retórica y discurso hueco.

La lucha por restaurar la legalidad es una prioridad absoluta. La Asociación ha de entregarse a su labor de defensa de la legalidad constitucional y administrativa para hacer que la Administración y la función pública recuperen su verdadera razón de ser –su servicio al interés general- y con ello su legitimación social, y esa legalidad no se restaurará mientras no se asegure algo tan esencial como el derecho fundamental de acceso a la función pública. Se equivoca el Gobierno de Aragón si piensa que vamos a retroceder un ápice en la defensa de dicho derecho, empezando por la ejecución de las sentencias firmes que obligan al Gobierno a ajustar la Oferta de Empleo Público a la ley.