BELIGERANCIA JURÍDICA.

«No hay forma más devastadora de ataque a la democracia y sus valores que la devaluación de las instituciones por la venalidad de sus responsables», según afirmó ayer el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en la Comisión de Justicia del Senado, comprometiéndose ante todos los grupos parlamentarios de la Cámara Alta a mantener una política de «tolerancia cero» ante la corrupción.

Es un signo de salud democrática y de vigor institucional que estas palabras, pronunciadas por el máximo responsable del Ministerio Fiscal, se escuchen en el Parlamento, donde están representados los ciudadanos, y desde donde se ha de ejercer el control e impulso de la acción del Gobierno, además de tramitar y aprobar todas aquellas medidas legislativas necesarias para dotar a la sociedad española de los instrumentos necesarios para prevenir y combatir la corrupción, tanto pública como privada.

«Reitero mi beligerante compromiso de lucha contra esta lacra, con la conciencia clara de que en esta partida nos jugamos mucho más que un mero interés económico», afirmó el máximo responsable del Ministerio Fiscal.

No dudamos en absoluto del imprescindible papel que corresponde al Ministerio Fiscal, y en especial a la Fiscalía Anticorrupción, en la corrección de tantos abusos e irregularidades cometidas por cargos públicos que han vulnerado la ley y defraudado la confianza de los ciudadanos y que, en numerosas ocasiones, han contado con la complicidad o la inhibición de funcionarios públicos. La corrupción pública atañe a políticos y funcionarios públicos y la degradación de la función pública, como recientemente se destacaba en un brillante artículo de Carles Casajuana, favorece la extensión de la corrupción. No parece, sin embargo, que de ello tomen nota los responsables de función pública de las diferentes Administraciones Públicas.

La corrupción tiene muchas manifestaciones, y no todas son de alcance económico. Una de las noticias más alentadoras de los últimos tiempos, en la lucha contra el abuso del poder político, ha sido la imputación del que fuera Presidente de la Diputación Provincial de Orense por “enchufismo”, dando a esta práctica la calificación penal que le corresponde, como es delito de prevaricación continuada. El falsear la selección de personal en las Administraciones Públicas o prescindir de las reglas de acceso al empleo público para tejer redes clientelares y afianzar el poder político personal es una de las manifestaciones más burdas –a la vez que frecuentes- de la degradación e instrumentalización de la Administración Pública.

Frente a la patrimonialización de las instituciones, y a la utilización fraudulenta de sus puestos de trabajo –no nos queda tan lejos esa práctica en los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, durante la pasada legislatura-, debemos reaccionar con “tolerancia cero” –así lo hizo esta Asociación con su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, si bien el tema fue archivado tras una simulación de investigación, algo de lo que difícilmente podría sentirse satisfecho el actual responsable del Ministerio Fiscal-, y hemos de convencernos de que el Estado de Derecho requiere de un compromiso sostenido de los ciudadanos con el respeto a la legalidad,  y de una beligerancia jurídica contra la ilegalidad y el abuso de poder, en la que ciudadanos han de contar con el declarado apoyo de los servidores públicos y de quienes velan por el interés público, asegurando el correcto funcionamiento de los Tribunales a la hora de combatir y sancionar la corrupción.