NO NOS CONFORMAMOS CON LO QUE HAY.

Hay diferentes actitudes posibles ante las insuficiencias de nuestra realidad institucional y administrativa: se puede mostrar indiferencia, colocarse al margen -no participar en la degradación, pero no hacer nada por combatirla-, caer en la resignación fatalista -"esto no hay quien lo cambie"- o subirse al carro de los que mandan, para disfrutar de una parte del botín -ser pragmático, actuar de forma inteligente, para quienes entienden la inteligencia como sinónimo de extraer ganancia de las cosas-, pero también cabe adoptar una posición distinta a todas ellas -y es por la que hemos optado en esta Asociación-, que es la del compromiso activo con el respeto a la legalidad y con los principios democráticos.

En el ejercicio de este compromiso no experimentamos decepción, porque no esperamos recompensa. La recompensa es simplemente la conciencia de no haber claudicado, de no haber todavía admitido el hecho de que un Presidente del Gobierno de Aragón o un Consejero puedan, sin mayor problema, desatender las obligaciones que les imponen las leyes, como son el contestar a las demandas de información del Justicia de Aragón o a las peticiones formuladas por los ciudadanos. Es decir, que olviden su principal misión: cumplir y hacer cumplir las leyes. Puede ser que esa conducta no sea sancionada por los Tribunales -de otro modo, no habríamos llegado a la actual situación-, pero los ciudadanos no pueden dejar de reprocharles una conducta que les deslegitima para el ejercicio del poder público en una democracia.

Hay quien confunde gobernar en una democracia con gobernar democráticamente. Para gobernar democráticamente no basta con ser elegido por los ciudadanos y acceder al poder de forma legítima. Los que no han gobernado como se exige gobernar en una democracia -con sometimiento al ordenamiento jurídico- solicitan nuevamente nuestro voto, sin la menor reflexión sobre su estilo de gobierno ni sobre sus incumplimientos. La condición de electo debe ir acompañada por el correcto ejercicio del poder, y en ello hay algo que no está sujeto a valoraciones subjetivas -de mayor acierto o desacierto en las políticas aplicadas-, sino a un juicio objetivo y comprobable: el del respeto de las obligaciones que imponen las leyes.

En esta Asociación, comprometida con los principios y valores que presiden el ejercicio de las funciones públicas, la máxima preocupación es la del respeto de la legalidad por parte de los titulares de todas las instituciones públicas. Aun a riesgo de resultar reiterativos e impertinentes, no vamos a dejar de señalar conductas que nos parecen reprochables, cuando no directamente ilícitas y sancionables: sirvan de ejemplo, la utilización de los puestos de trabajo de la Administración para estrictos fines de partido, la quiebra del principio de publicidad, igualdad y concurrencia en los procesos selectivos de personal y en la contratación administrativa, el incremento fraudulento de las retribuciones de los empleados públicos -a los que luego hay que bajarles las retribucines legales, lo que da idea del absurdo en el que nos hallamos inmersos-, o la irresponsabilidad por hechos tan inexplicables como la gestión de fondos europeos por parte de ASAEL, entidad constituida por entidades locales aragonesas que, con su conducta, descalifica a Aragón en el conjunto de Europa, algo que a nadie parece importarle.

Podemos clamar en el desierto, decir cosas que de tan obvias nadie se molesta en recordarlas -ni siquiera cuando se vulneran a diario, como ocurre con las normas de función pública-, promover pleitos que se eternizan en los tribunales -permitiendo que las arbitrariedades, como la cometida en la Biblioteca de Aragón, se consumen-, o ganar sentencias que luego la Administración se resiste a ejecutar -como la dictada por el Tribunal Supremo en materia de acceso a la función pública-, pero todo ello no nos lleva a cejar ni reblar -no les vamos a dar esa satisfacción a los políticos y funcionarios responsables de las ilegalidades que sufrimos y denunciamos-, sino a insistir y redoblar nuestro esfuerzo, hasta que veamos una tierra en la que , aunque no ponga libertad, al menos ponga legalidad y tengamos la certeza y el orgullo de vivir en un Estado de Derecho, donde el ciudadano pueda tener la plena confianza en que las instituciones trabajan para asegurar sus derechos.

El objetivo, en definitiva, no es otro que el de comprometernos con la vigencia de nuestro modelo constitucional y reaccionar frente a la desvirtuación de toda la base ética que lo sustenta. No puede existir compromiso más lógico que ése, pues el día que admitamos que la Constitución -y, principalmente, los derechos fundamentales que en ella se reconocen- deje de vincular a los poderes públicos, habremos renunciado a nuestra condición de ciudadanos.