En el Boletín Oficial del Estado se publica hoy una Ley Foral aprobada por el Parlamento de Navarra el pasado 17 de marzo, por la que se establece un código de buen gobierno. Dicho código se califica como un pacto de los poderes públicos con los ciudadanos, en torno a los principios de funcionamiento de las instituciones en el seno de la democracia española. El contenido del código aprobado, según se señala, se inspira en las líneas directrices de la OCDE y otras organizaciones internacionales. Acaso, nos parece, debiera haberse hecho una mención expresa a lo previsto en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en la que se apela a la conveniencia de establecer códigos de conducta en el seno de las instituciones públicas.
Según la propia exposición de motivos de la referida Ley navarra, “se hace necesario que los poderes e instituciones públicas ofrezcan a los ciudadanos el compromiso de que todos sus representantes en el ejercicio de sus funciones han de cumplir no solo las obligaciones previstas en las leyes, sino que, además, su actuación ha de inspirarse y guiarse por principios éticos y de conducta … que conforman un código de buen gobierno”.
Llama la atención que el Parlamento de Navarra vote una ley de esta naturaleza, cuando las Cortes de Aragón –a través de un acuerdo de su Mesa- rechazaron de forma intempestiva la petición realizada desde esta Asociación para constituir una comisión parlamentaria que elaborase un código de conducta pública para los titulares de todas las instituciones aragonesas.
No sólo no se aprobó nunca un código de conducta pública o de buen gobierno, sino que a la Asociación que planteamos tal posibilidad se le negó incluso la legitimación para formular tal petición, razón por la cual tuvimos que acudir al Tribunal Constitucional en recurso de amparo para exigir respeto al derecho fundamental de petición ejercido. Es muy probable que en lugar de código de buen gobierno, lo único que obtengan las Cortes de Aragón, con su actuación, sea una sentencia condenatoria del Tribunal Constitucional por haber vulnerado el derecho fundamental de petición ejercido por esta Asociación.
La decisión de las Cortes de Aragón –llamativamente situadas en las antípodas del Parlamento de Navarra, a pesar de su proximidad geográfica- no contrasta, sin embargo, con la actitud mantenida en esta legislatura por el Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, quien jamás ha respondido a las peticiones realizadas desde esta Asociación para promover un Código de Buen Gobierno, a semejanza del aprobado en 2005 por el Gobierno de España.
No resulta por ello extraño –vista la aversión que parecen mostrar nuestras instituciones autonómicas hacia el compromiso ético de buen gobierno- que los titulares de la prensa aragonesa se refieran hoy a los indicios de prevaricación detectados por la Fiscalía en numerosos procedimientos de contratación del Gobierno de Aragón, ratificando con ello lo ya advertido por el Tribunal de Cuentas meses atrás.
Frente a instituciones públicas que tratan de fomentar los principios de conducta que aseguran el buen gobierno, a través de la transparencia, la eficacia y la dedicación plena a las funciones públicas, asegurando la independencia e imparcialidad en el desempeño de los poderes públicos, el Gobierno de Aragón parece irremisiblemente condenado a dejar al descubierto no sólo su falta de aliento ético, sino sus constatadas prácticas de mal gobierno. Es posible que sólo de este modo –mediante la intervención de jueces y fiscales y la inhabilitación de determinados altos cargos de la Administración para el ejercicio de funciones públicas- se abran camino en nuestra Comunidad las propuestas dirigidas a fomentar la ética pública y el buen gobierno. No seremos nosotros quienes, a estas alturas, lo lamenten.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
12 comentarios:
Está claro que las comparaciones son odiosas.
Bien dicho.
Cada palo que aguante su vela.
Hubiese sido un buen legado de Pina un código de esta naturaleza.
La Fiscalía ve indicios de delito en 13 de los 26 contratos de la DGA que investiga.
Comentario:
De todas maneras, misión cumplida, No se va a saber nada antes de las elecciones que es lo que quería el actual Gobierno. En dos semanas y con la campaña iniciada pues, a otra cosa mariposa; tierra sobre el asunto ( dejar pasar el tiempo, sabemos que la justicia es lenta...) y mientras tanto, nadie sabe nada y el que sabe calla, que es lo mismo. Con un poco de suerte seguimos los mismos y, una mentira se tapa con otrs y listo... pais...
¿Quién va a echar tierra sobre el asunto?
Los Tribunales han de limpiar las instituciones de una vez ...
Entre otras irregularidades detectadas en la gestión de la DGA de 2004 y 2005, destacan las que se refieren al Plan Especial de Depuración del Instituto Aragonés del Agua, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente. No en vano, de los 479 millones de euros que suman los contratos investigados, 354,4 corresponden a este plan. La Fiscalía analiza la redacción de proyectos, construcción y explotación de las actuaciones de cinco zonas del proyecto de depuración.
También se han analizado, entre otras obras, la adjudicación del colegio de Parque Goya II, la glorieta y parquin subterráneo de Teruel, la reforma y ampliación del hospital de Barbastro o la rehabilitación del Monasterio de San Juan de la Peña (2,4 millones). En la mayoría de los casos las anomalías detectadas iban dirigidas a orientar la adjudicación de la obra.
Heraldo de Aragón.
A ver si acabamos con una determinada forma de hacer política, incompatible con el Estado de Derecho.
Comentario:
Boné: yo también tengo gran confianza en los servicios técnicos y jurídicos de la administración aragonesa, pero en los servicios políticos no tengo nijnguna confianza, nada de nada... ¡¡ Dí todo lo que sabes y no chufles al aire!!
Desde luego la actuación de las Cortes no es para enorgullecerse.
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