Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
17 comentarios:
Estupendo eco de este comunicado en Heraldo de Aragón.
¿Esto es defender la función pública?
OPINION DEL PROFESOR JORGE DE ESTEBAN:
¿Qué se puede hacer antes de que la ciénaga de la corrupción anegue totalmente nuestra democracia, produciendo la apatía y el asqueo de los ciudadanos ¿Ciertamente, existen medios para evitarlo, pero o no han funcionado o no se ha querido que funcionen. Medidas como un Código de Buen Gobierno, una legislación preventiva adecuada, una Fiscalía Anticorrupción, y unas sanciones que pueden ser administrativas o penales, son sin duda medidas necesarias, pero no suficientes.
Lo que más urge es la ejemplaridad de los diferentes Gobiernos, deduciendo la responsabilidad política inmediata de los que caen en estas irregularidades, el control objetivo y no partidista de los medios de comunicación de masas, y, por encima de todo, una educación democrática de nuestros jóvenes a los que se les inculquen los valores propios de una democracia, objetivo que no parece cumplir la famosa asignatura de marras. Y si falla todo eso, pues sólo queda rezar, porque ya habremos pasado de la "corrupción 'en' la democracia" a la "corrupción 'de' la democracia".
sigue:
Como sucede en cualquier actividad humana, la corrupción existe también en la vida pública, y no sólo obviamente en los regímenes totalitarios, en donde llega a ser endémica. Esta lacra afecta igualmente a las democracias, pero a diferencia de lo que ocurre en los regímenes autoritarios, se la puede combatir a través de numerosos medios y controles.
Pero cuando la corrupción avanza peligrosamente, porque esos medios no se emplean o no funcionan, puede presentarse una situación límite en la que se produzca un cambio cualitativo y no meramente cuantitativo. Se pasaría así de la "corrupción 'en' la democracia" a la "corrupción 'de' la democracia" y entonces todo puede suceder.
Estas reflexiones vienen a cuento por lo que está sucediendo en España en la actualidad, en dónde no hay día que no nos desayunemos con un nuevo escándalo de corrupción en la vida política. Dicho con otras palabras: si no se reacciona ya, pronto pasaremos ese 'Rubicón' que he señalado, con todas sus consecuencias. La línea que separa a una y otra de estas dos patologías es muy clara: en la primera los casos de corrupción son aislados y no involucran a las instituciones públicas como tales.
En la segunda, lo que se da es un uso desviado de los poderes públicos para la obtención de beneficios económicos personales o partidistas, que pervierten el sentido de la actuación de instituciones que sólo deben servir a los intereses generales. Uno o varios policías que se aprovechan de su cargo para apropiarse de la droga incautada, es un ejemplo de lo primero.
Un ministro que no cumple con el Código del Buen Gobierno, que incumple normas administrativas, que se beneficia de su supremacía política, que no respeta la separación de poderes, es un claro ejemplo de lo segundo.
Los escándalos de corrupción son una señal de que un país reconoce la diferencia entre lo público y lo privado. Uno de los rasgos distintivos de las sociedades democráticas modernas es la separación formal entre el Estado y el resto de la sociedad. Los políticos, los burócatas y los magistrados reciben unos salarios y deben establecer una distinción precisa entre sus ingresos económicos personales y los del Estado. A los funcionarios civiles se les contrata para llevar a cabo una labor pública y se les prohíbe obtener beneficios económicos personales de individuos y empresas privadas. La corrupción y el tráfico de intereses personales se producen en estas sociedades cuando los funcionarios utilizan sus cargos públicos para obtener beneficios personales. La preocupación de los ciudadanos a propósito de los sobornos que reciben los funcionarios públicos en pago de favores indican que los ciudadanos y las autoridades de gobierno reconocen la existencia de normas que regulan las prácticas leales y de administración competente, y que éstas pueden ser violadas.
El presidente estadounidense, Barack Obama, pidió este sábado a los países de África que pongan fin a las prácticas antidemocráticas y a la corrupción, en un gran discurso en Accra, capital de Ghana, durante su primera visita como presidente al África subsahariana. Seguir leyendo el arículo
¿Esa asociación se ha sumado a la obamamanía global?
UN ECUATORIANO:
He tenido la suerte de conocer al doctor Rafael Bustos Gisbert, talentoso profesor de la cátedra Derecho Constitucional y Corrupción Política del Curso de Postgrado en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca.
Digo que he tenido la suerte porque últimamente en el Ecuador, los “relativistas del siglo XXI” nos quieren hacer ver el sol color rojo.
En estos tiempos, al parecer todas las realidades del Ecuador deben acomodarse necesariamente a los intereses políticos del régimen; si no son mentiras, por más reales que puedan ser.
Las presunciones de corrupción, hoy lo son de honradez y sacrificio por la patria; la transparencia legal y moral de los procesos públicos deben sustituirse por la confianza obligatoria que debemos tener en las sacrosantas intenciones de los supremos hacedores de la nueva patria.
Es decir, los parámetros de lo correcto e incluso de lo legal ya no dependen de la norma escrita o de la voluntad de los pueblos hecha costumbre, en cada caso, sino de su adecuación al proyecto político o las necesidades de los detentadores del poder.
Se refutan videos y testimonios; se cambia la historia documentada, se manipulan los valores, como si se tratara de piezas de dominó revueltas por una mano oculta.
Y Bustos, alejado siquiera de desconocer la existencia de la corrupción de los políticos aun en las democracias más sólidas del mundo, como verdadero cáncer que impide el progreso de los pueblos, acertadamente sostiene que la corrupción política es la negación de la democracia.
La Fundación Perspectivas, vinculada al PSOE y presidida por el procurador socialista Francisco Ramos, anunció ayer la creación del Observatorio del Autogobierno de Castilla y León, que tendrá como misión principal vigilar el desarrollo del reformado Estatuto de Autonomía, que permite asumir nuevas competencias y ampliar así el nivel de autogobierno de la comunidad.
Encabezado por el procurador Óscar Sánchez, profesor del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid y ponente de la última reforma estatutaria, integran este órgano de control otros cinco profesores de las cuatro universidades públicas de Castilla y León, la mayoría pertenecientes a las áreas de Derecho Constitucional.
Entre ellos, Rafael Bustos Gisbert.
EDITORIAL EN PRENSA:
EL Barómetro Global de la Corrupción 2007, presentado ayer por la organización Transparency International en la Fundación Ortega y Gasset, ofrece conclusiones preocupantes para la sociedad española. El 62 por ciento de los ciudadanos considera bastante o extremadamente corruptos a los partidos políticos. La percepción global en éste y en otros casos -como las empresas privadas o los medios de comunicación- ha empeorado de forma notable en un solo año. Es significativa la imagen muy negativa que transmite la financiación de los partidos, calificada de «corrupta», según el informe, en una proporción de 3,9 sobre 5. Más de la mitad de la población estima que las cosas van a ir a peor en los próximos tiempos y la mayoría opina que el Gobierno es ineficaz en la lucha contra este fenómeno. La corrupción es un cáncer para el Estado democrático porque daña sin remedio la legitimidad del sistema. Los partidos son protagonistas principales de la vida política y, por tanto, las malas sensaciones que perciben los ciudadanos repercuten en la falta de confianza hacia las instituciones. Los datos son ciertamente negativos y, sin caer en alarmismos o exageraciones, deben ser tenidos en cuenta para evitar el deterioro de la convivencia social. La reciente reforma legal sobre esta materia no es ni mucho menos el camino apropiado para recuperar la confianza. Muy al contrario, la opinión pública pone en cuestión ciertas operaciones urbanísticas y piensa que la condonación de deudas por parte de las entidades financieras supone la búsqueda de un trato de favor ante los responsables políticos.
Es evidente que falta transparencia y que resulta insuficiente el control tardío y genérico que se ejerce sobre los balances y documentos contables. Aquí reside posiblemente la clave del asunto, puesto que los grandes partidos son empresas que manejan abundantes recursos humanos y materiales. Por eso, los controles financieros y las auditorías rigurosas deben sustituir a las viejas fórmulas ineficaces con el fin de evitar actuaciones turbias que vulneran las reglas del juego democrático. Los responsables de los partidos no deben echar en saco roto las conclusiones que se desprenden del informe citado, porque mirar para otro lado equivale a dejar el campo libre a los corruptos. La política tiene que ser concebida como una actividad al servicio del interés público y no como una guía más o menos cómoda para obtener ganancias y prebendas injustificadas. La superioridad de la democracia sobre las dictaduras de cualquier tipo tiene su fundamento en la ejemplaridad moral. Por eso es muy grave que los ciudadanos consideren por amplia mayoría que los partidos son opacos en materia de financiación y que la corrupción campa por sus respetos en ciertos ámbitos que deben ser un modelo de limpieza y pulcritud.
la democracia es necesaria para combatir la corrupción, por lo que no podemos creer a los políticos que se dicen democráticos, pero toleran la corrupción", fomentan la impunidad y hacen la "vista gorda".
Al final no hay otra solución contra la corrupción que la acción de la justicia. Lo único que se toman en serio. Lo demás no parece servir para nada.
Bueno, bueno, no despreciamos el valor de la palabra y del gesto. No todo son demandas y sentencias.
El ejemplo pueder ser más contundente que una sentencia.
El ejemplo es más visible.
A lo mejor la Fiscalía ya está actuando, ¿o es que es necesario que publiciten su trabajo?
es curioso que ante la noticia del Heraldo no haya comentarios de los partidos politicos , ni criticando la idea de ir a la fiscalia, ni apoyándolA...¡están todos de vacaciones !, ¿NO ESTAMOS EN CRISIS?
Es un paso adelante y un significativo cambio de estrategia. A ver si funciona.
Creo que en público nadie da importancia ni presta atención a lo que haga o deje de hacer esa asociación. A lo mejor en privado es distinto, pero sólo a lo mejor.
Y así, cuando la cosa llegue ya no habrá remedio .....
Publicar un comentario