Zaragoza, 22 de julio de 2009.
El Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se dirigió ayer, por escrito, a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, para comunicarles la interposición de recurso de amparo por parte de esta Asociación contra acuerdos de la Mesa de las Cortes de Aragón, cuyos términos, a nuestro juicio, vulneraban el contenido del derecho fundamental de petición ejercido por esta Asociación.
Creemos oportuno que los diferentes Grupos Parlamentarios conozcan las razones que han llevado a esta Asociación a adoptar una medida semejante frente a los órganos del Parlamento aragonés y que tengan la certeza de que tal medida se adopta en estricta defensa del derecho fundamental ejercido y desde un inequívoco respeto a las Cortes de Aragón como institución de nuestra Comunidad Autónoma.
Se reproduce, a continuación, el textro íntegro del escrito remitido a los Grupos Parlamentarios:
“Zaragoza, 21 de julio de 2009.
Grupos Parlamentarios
Cortes de Aragón
Palacio de la Aljafería
50071-ZARAGOZA
Estimados señores:
Me dirijo a ese Grupo Parlamentario, en mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, para comunicarles que esta Asociación se ha visto en la necesidad de presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra sendos acuerdos de la Mesa de las Cortes de Aragón, adoptados con fechas 14 y 30 de abril de 2009, por los que se inadmitían dos peticiones formuladas por esta Asociación, en ejercicio del derecho fundamental de petición, en los que se solicitaba la constitución de una Comisión de estudio, dedicada a la fijación de criterios de conducta pública de los responsables de las instituciones de la Comunidad Autónoma, y de una Comisión de investigación, para esclarecer la situación existente en los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón y la posible utilización fraudulenta de los puestos de asesor.
Frente a tales peticiones, la Mesa de las Cortes acordó su inadmisión, alegando la falta de legitimación de la Asociación para realizar peticiones de tales características y la improcedencia de las mismas, al constituir una injerencia en la actividad parlamentaria de las Cortes de Aragón.
Dichos acuerdos, a juicio de esta Asociación, suponen una vulneración del derecho fundamental de petición, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española y regulado en la Ley Orgánica 4/2001, en virtud del cual toda persona puede dirigir propuestas, sugerencias e iniciativas a cualquier poder público –incluidas, por lo tanto, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas-, siempre que tales peticiones se correspondan con el ámbito de decisión discrecional del destinatario, correspondiendo a éste dar una respuesta expresa a la petición formulada.
La constitución de las comisiones no permanentes o especiales se regula en el Reglamento de las Cortes de Aragón, en sus artículos 63 a 66, y constituye una decisión discrecional del Pleno de la Cámara a propuesta de los órganos o actores parlamentarios competentes, razón por la cual una petición dirigida a impulsar la creación de una comisión de tal naturaleza tiene perfecto amparo en el derecho fundamental de petición.
Ante la respuesta dada a esta Asociación por parte de la Mesa de las Cortes de Aragón, hemos considerado necesario, con independencia del contenido específico de las peticiones realizadas, proceder a la defensa del propio derecho fundamental de petición, al entenderlo vulnerado con los acuerdos adoptados.
Con ello, no se defiende sólo el ejercicio concreto del derecho por parte de esta Asociación, sino también la facultad de su ejercicio por cualquier ciudadano que quiera dirigir una petición al Parlamento aragonés conforme al derecho que le atribuye nuestra Constitución.
El respeto a la institución del Parlamento aragonés y al destacado papel que le corresponde en la organización política de nuestra Comunidad Autónoma es lo que nos ha llevado precisamente a velar por la plena garantía del ejercicio del derecho fundamental de petición de los ciudadanos ante esa Cámara.
Aprovecho la oportunidad para reiterarles nuestro más atento y respetuoso saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
31 comentarios:
Lo cortés no quita lo valiente ni lo valiente lo cortés.
RECOGE EXPANSIÓN:
Los sindicatos advierten al Gobierno de que no aceptarán una congelación de los salarios de los funcionarios y empleados públicos para 2010, ya que consideran que llevan años perdiendo poder adquisitivo de forma continua; es más, pedirán aumentos por encima del 2%, como mínimo.
IVAN RODRIGUEZ, PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO:
En el contexto de incertidumbre actual, hay quien ha propuesto una congelación de los salarios de los empleados públicos, lo que permitiría incrementar notablemente los fondos de los que disponen las Administraciones y aliviar el déficit público. Además, se aduce que tras la llamada del Vicepresidente económico a la moderación salarial, no hay mejor medida que predicar con el ejemplo.
No es, desde luego, la primera vez que se trata de superar una situación de crisis mediante ese recurso, pues ya lo hizo el Gobierno Aznar. Las propuestas en ese sentido vienen alentadas porque la función pública no está demasiado bien considerada por quienes prestan servicios en el sector privado. Se acusa a los funcionarios de escasa profesionalidad, amparada en el carácter vitalicio de su plaza. Por ello, se pretende que contribuyan en mayor medida a la necesaria solidaridad para superar momentos de crisis, ya que su retribución se encuentra garantizada (y muchos creen inmerecida).
Los estereotipos son peligrosos, porque la incompetencia y la escasa profesionalidad no son patrimonio, en absoluto, de los empleados públicos, y estos, en particular los funcionarios, han debido superar una prueba objetiva para acceder a su plaza, lo que no siempre sucede en el ámbito privado. Algunos replicarán que los procesos selectivos en las Administraciones Públicas privilegian a ciertas personas, pero esa acusación requiere prueba. Mucho más subjetivos son algunos procesos de selección en la empresa privada, donde los lazos personales o familiares pesan a menudo bastante más que los méritos, y no se cuestionan con tanta intensidad.
CONTINUA:
La retribución de los funcionarios públicos ya fue congelada en el pasado, y no se ha recuperado completamente el poder adquisitivo. Además, algunos funcionarios no se encuentran al corriente de pago, pues todavía hay a quien se le adeudan cantidades, como pagas extraordinarias pasadas, cuyo abono se sigue demorando desde hace años porque no hay –o al menos así se dice- suficiente liquidez (sin ir más lejos, ocurre de ese modo en la Universidad de Oviedo).
En ocasiones cierta clase de argumentos se utilizan con demasiada ligereza. No cabe negar que en contextos de destrucción de empleo como el actual, quienes tienen la suerte de mantenerlo –funcionarios o no- deben contribuir en mayor medida a superar la situación, y por eso la congelación de salarios o retribuciones podría resultar adecuada.
Pero no cabe aceptar que esa propuesta venga acompañada de cierto tono despectivo en las referencias a los funcionarios públicos. En el fondo, incluso parece insinuarse que la Función Pública habría de desaparecer, de modo que la Administración deba contratar en régimen laboral, sin proporcionar tanta seguridad en el mantenimiento del empleo. ¿Pero acaso no se está defendiendo, desde todos los sectores, que el empleo debe ser estable y de calidad? ¿Es eso compatible con precarizar el trabajo de quienes precisamente tienen estabilidad en el empleo?
En todo caso, los funcionarios estatales ya han sufrido un primer recorte de derechos en este inicio de 2009, por lo que quizá una congelación salarial adicional pueda estimarse un sacrificio excesivo. Ese recorte de derechos se relaciona con la Seguridad Social, en concreto con el Régimen de Clases Pasivas. Quienes se jubilen con posterioridad a 1 de enero de 2009 en dicho Régimen ya no podrán mantener su pensión si realizan una actividad profesional en el ámbito privado (hasta ahora sí era posible). Además, también se ha limitado la compatibilidad entre la pensión y un trabajo si dicha pensión es producto de una incapacidad permanente. Puede que tales medidas se consideren lógicas, pero es un empeoramiento de condiciones en relación con el contexto precedente.
En el debate no se puede olvidar que la retribución –no excesivamente alta por lo general- de los funcionarios, aunque sean especialmente productivos y eficaces, está predeterminada en los presupuestos, y que por regla general no pueden obtener ingresos adicionales producto de otra actividad. Ser funcionario tiene ventajas, pero también sus inconvenientes. En fin, es curioso que se acuse al Gobierno de aumentar el número de empleados públicos pese a la crisis. ¿Acaso no es razonable que las propias Administraciones Públicas den ejemplo creando empleo?
A los trabajadores que no nos suben el sueldo y ademas tenemos el trabajo pendiente de un hilo, nos parace un abuso que nos suban los impuestos y con ellos pagar la subida de salarios a los funcionarios, que además tienen el trabajo asegurado para toda la vida.
Pues hay algunas funcionarias que el 50% del horario de trabajo lo pasan fuera de la oficina, como hace mi cuñada, que atiende con los abuelos, con los hijos, va de compras en horas laborales etc.el ser fucionaria es un chollo.
¿a eso le llaman conciliar?
El empleo lo debe crear la iniciativa privada. Y funcionarios debemos tener los justos, los que hacen falta para que la administración funcione, y no crear más empleo público así como así.
La riqueza de un país la crea el empleo en el sector privado. El empleo público es un gasto que hay que sostener con más impuestos. Por eso, funcionarios, los estrictamente necesarios, no más. Por cierto, por qué muchos funcionarios no trabajan por las tardes?
Como decía un amigo, las administraciones no tienen el personal que necesitan sino todo el que son capaces de soportar. Pues bien, ahora con la crisis pueden soportar menos, así que reduzcamos personal de la administración, primero asesores, después contratados a dedo, después interinos de la vieja escuela. En cuanto a funcionarios de carrera, más que sobrar hay que buscar mecanismos para que aumenten su productividad, teniendo en cuenta que en la mayoría de las ocasiones no es suya la culpa (hay excepciones), sino de los altos cargos y su organización del trabajo. Y dicho todo esto, el sector privado es igual o peor (también hay excepciones), nada más que hay que tratar como hacemos todos con constructoras, empresas de telecomunicaciones, de transportes, bancos, etc..., y ver nuestro grado de insatisfacción.
Quizá si dedicáramos más tiempo a estudiar una carrera en vez de estar en el foro, o a buscar trabajo en vez de perderlo en la red no estaríamos en el paro.
Hay funcionarios de carrera, con acceso mediante oposición previa, y bastantes enchufados. Todos entran en el mismo lote, y no es justo
Cada vez las Administraciones tienen más personal en puestos de libre designación, que son los que más cobran, y por encima están los puestos políticos, cada vez más. Además hay que contar el personal de las empresas publicas y que ultimamente se vienen abasteciendo de politicos (del régimen imperante en cada momento, tanto en el Estado como en la correspondiente Autonomía) que, por la causa que sea, perdieron su escaño. A todo este personal se considera desde fuera personal funcionario y el montante más grande de salarios se lo llevan, curiosamente, quien no hizo oposiciones (Cuando llevan un tiempo, para asegurar cualquier cambio de régimen, se hacen unas oposiciones internas y solucionado)
No hay cambio sin rupturas; como tampoco hay partos sin dolor; cambiar duele, pero cuando lo logremos tendremos el tiempo suficiente para cicatrizarnos y seguir cambiando. Pero el cambio más estratégico, el mejor de todos los cambios es el cambio de actitudes; la disciplina para el trabajo con responsabilidad y la actitud para aprender, respetando las diferencias de pensamiento; esta es la estamina que requieren las instituciones y las personas para crecer, para dar y para trascender.
Quiero proponer una discusión en un tema que desgraciadamente me está afectando personalmente, aunque hay cientos de miles de españoles a quienes también afecta, y es la CORRUPCION EN EL ACCESO A LA FUNCION PUBLICA.
No es ningún secreto que millones de españoles desean ser funcionarios en cualquiera de las administraciones, ya sea estatal, autonómica, provincial o local.
Respecto al acceso a la función pública estatal hay algunas corruptelas, pero no es un tema escandaloso. En cambio el acceso a la función pública autonómica, provincial o local es un ESCANDALO que creo que merece la atención de los medios de comunicación.
Los tribunales de oposiciones son una auténtica FARSA. No sólo convocan plazas a la medida de quienes desean convertir en funcionarios, sino que además actúan con total impunidad a la hora de realizar exámenes, dar calificaciones, etc.
Estos tribunales de oposición tienen una DISCRECIONALIDAD ABSOLUTA, y la ejercen de forma completamente arbitraria eligiendo literalmente A QUIENES LES DA LA GANA. Y lo peor de todo es que la justicia no hace absolutamente nada para atajar el problema. La jurisprudencia al respecto es ESCANDALOSA, ya que sistemáticamente convierte sus decisiones en inatacables.
Desde hace bastante tiempo, estoy convencida de que en nuestro país, hay estamentos, en los que la democracia aún no ha entrado plenamente. Uno, es la Administración, otro, la Justícia.
El silencio, o el miedo, nunca deben ser los amparadores de los corruptos. Denunciad, denunciemos. Adelante.
Soy funcionario y a mucha honra'. La frase es del ex ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, principal impulsor del Estatuto de la Función Pública y defensor del papel que juega en las sociedades modernas. 'Para dar el salto adelante para tener la Administración que necesitamos es necesario que se haga una evaluación del desempleo y prestar atención a la función directiva. Si no funciona bien, se resiente todo, desde la economía a los negocios'. Porque, según Sevilla, el coste de tener una mala Administración pública es elevado, sobre todo en los ciudadanos y en las empresas. 'La Administración no debe tener prepotencia con los ciudadanos y, en ese sentido, se pueden cambiar las cosas para que se adecue a lo que necesita España'.
Jordi Sevilla: 'Cuando saqué la oposición en 1982, mi primer destino fue de técnico comercial y mi primer jefe me dijo, como consejo, que en la Administración no se me criticaría por lo que no hiciera, sino por lo que hiciera. Fue una ducha de agua fría importante, pero con el tiempo vas constatando que el que mejor trabaja es el que más trabaja, y que no hay mecanismos de incentivo ni de sanción'.
Finlandia es uno de los países donde está implantada la evaluación del desempeño en la función pública. Si se toma como ejemplo la aduana finlandesa, ésta ha adecuado el salario de sus funcionarios a la consecución de objetivos y a la definición de las necesidades individuales de formación.
EN MEJICO:
Se presentó el libro LA ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA DE MARÍA ELENA ÁLVAREZ BERNAL en el Museo Nacional de las Intervenciones (Coyoacán) En opinión de la autora, la corrupción lastima los espacios de negociación
En su libro La ética en la Función Pública, la diputada federal María Elena Álvarez Bernal presenta un análisis sustancial del tema y ofrece propuestas capaces de generar cambios en la acción de los servidores públicos y responder al reclamo ético de la sociedad.
La obra expone la importancia de la ética como pilar de la función pública que garantiza la credibilidad en el sistema y legitima las acciones del gobierno. La corrupción –considera– lastima los espacios de negociación y permisividad, además de que cancela la posibilidad de fortalecimiento del Estado.
En La ética en la Función Pública, Elena Álvarez Bernal coloca al lector en la gran dualidad social: la ética en los espacios de función pública y la corrupción presente en los mismos.
La autora recuerda que el ejercicio profesional del poder implica la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. Esta ecuación exige que quienes participan en la actividad política rijan su actuación por valores y convicciones democráticas, además de asumir las consecuencias éticas y jurídicas de sus actos.
María Elena Bernal nació en Zamora, Michoacán, en 1930. Es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es diputada federal por la LX legislatura (2006-2009).
OPINION EN LAS PROVINCIAS DE VALENCIA:
La función pública está abierta a los ciudadanos. El acceso es libre, las pruebas se basan en la igualdad, el mérito y la capacidad. Ciertamente, todas esas personas que ganan tanto dinero cuando la economía va bien, podrían optar por la función pública. Pero no lo hacen. Ellos prefieren las mieles, medios y posibilidades del ámbito privado, y es una gran decisión. Pero si ahora las cosas les van mal, y ojalá que dure poco esta catástrofe, no deben descargar su estrés y sus impagos contra quienes sostienen el día a día de un estado democrático y social de derecho que no deja de asumir servicios y de mejorar sus prestaciones.
Los empleados públicos, por lo general, no quieren ser empleados privados; y tienen todo su derecho. Porque es muy legítimo y honorable ganarse la vida defendiendo los intereses de todos.
Sobre la eficacia de los funcionarios españoles, sólo un dato: en Alemania tienen casi el doble de población y una tercera parte de funcionarios respecto a España. Sobra decir mas
Trabajé muchos años en el sector privado, despues me preparé unas duras oposiciones y las saqué. Creo que la mayoría de los funcionarios se queja de vicio. No han conocido otra cosa que la administración. Muchos derechos y pocas obligaciones
que la gente sepa que además de funcionarios hay mucho cargo público y demaseado asesor, que en la mayoría de los casos están ahí por ser amigos de y no por sus conocimientos para asesorar, y que además cobran mucho más que los funcionarios.
unos y otros dicen "funcionarios" en tono despectivo. Porque la palabra es algo tristona, sí." Cuando le dije a mi hija de 4 años que yo era funcionaria exclamo contentisima: ¡LA QUE HACE QUE TODO FUNCIONE!. Como veis la palabra no es nada triste, es genial!!!!
Si hay alguien que esté a gusto con su condición y convencido del juramento a La Constitución que hizo en su toma de posesión, ese soy yo. El funcionario es absolutamente necesario y deseo a los que menosprecian que no tengan que usar algunos de los servicios fundamentales. Como le digo a mi hijo: Aunque paguemos el incómodo seguro del coche, espero no usarlo nunca. En caso de verdadera necesidad y por orden de importancia, espero no usar: bomberos, ambulancias, sanitarios, policía, gabinetes políticos y finalmente ejercito. Dios nos libre de dejar de mantener a estos funcionarios. Y no dudo de su entrega a los demás; Algunos lo hacen con su vida. ¿Todavía hay gente que piensa en “carga social”? Y por hacer extensiva la memoria a Profesores de cualquier nivel, gestores de hacienda, ….
Para conocer el valor de los "funcionarios" solo hace falta dejar en manos privadas la educación, la policía, la sanidad, la seguridad, la gestión de hacienda, el control sanitario alimenticio, .... como lo están haciendo ya en algunas Comunidades. Hace falta ser un mentecato!!
Más de uno debe estar deseando que los de la Asociación se vayan de vacaciones. ¿y todo este ruido lo montan sesenta funcionarios con 3600 euros anuales de presupuesto?
Yo a esto lo llamaría uso eficiente de recursos. ¡Para que luego digan que los empleados públicos son unos despilfarradores!
¿Despilfarro? Es obligado hacer de la necesidad virtud.
Me parece que se está metiendo en el mismo saco a los funicionarios de carrera que a los advenedizos y aprovechados que en virtud de las siglas del partido en el que militan o de sus lazos familiares o de amistad, consiguen un puesto muy bien remunerado, a veces sin responsabilidad, ni cometido ni sentido.
Hace poco me dijeron que todo el personal de la oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas (¿nos hace falta tal cosa?) son eventuales: es decir, personal colocado a dedo con no se sabe qué criterios. Y los sueldos ya se los pueden imaginar. ¿Cómo han accedido a esos puestos? ¿Qué pruebas selectivas han superado? ¿Son necesarios?
¿Y los asesores que no asesoran, que no tienen capacidad técnica para hacerlo, que no pisan las dependencias oficiales, que no tienen tiempo para desempeñar la asesoría por la que cobran, que viven a cientos de kilómetros del despacho al que teóricamente deberían acudir?
¿Y los consejeros comarcales sin comentido ni función conocida? ¿Y esos presidentes comarcales que ostentan su cargo con más dignidad que Obama? ¿Y esos convenios con ASAEL de los que no se sabe nada?
Pues el día que seáis 300, como los espartanos de Leónidas, Marcelino y Biel enarbolarán una bandera blanca.
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