viernes, 17 de julio de 2009

NOTITIA CRIMINIS: ESCRITO DE DENUNCIA POR EL CASO ASAEL A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.

Zaragoza, 17 de julio de 2009.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa remitió ayer a la Fiscalía General del Estado escrito de denuncia en relación con las informaciones publicadas por la prensa aragonesa -en particular, por Heraldo de Aragón-, sobre la actuación del Alcalde de Herrera de los Navarros y Presidente de la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (ASAEL), Jesús Solá.

Las informaciones publicadas daban noticia, entre otras, de actuaciones irregulares en su condición de Presidente de ASAEL, como el desvío de fondos públicos para la contratación de servicios personales o la contratación de personal con cargo a fondos obtenidos en virtud de convenios suscritos con la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio de labores al servicio de un partido político o el despido arbitrario de tales contratados tras producirse el cese del citado Solá como personal eventual del Gabinete del Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

Dado el alcance de los hechos relatados en las informaciones publicadas, al afectar a la gestión de fondos públicos de la Unión Europea y a las relaciones entre la entidad ASAEL y diferentes Departamentos del Gobierno de Aragón, se ha considerado necesario poner, con carácer formal, tales informaciones en conocimiento del Ministerio Fiscal, instando del mismo el ejercicio de la acción en defensa de la legalidad en el supuesto de que las actuaciones que se reflejan en las informaciones publicadas revistan, a juicio de la Fiscalía, relevancia penal.

Los ciudadanos y los servidores públicos que trabajan y actúan con respeto a las normas y criterios de buena gestión de los intereses públicos no pueden permanecer indiferentes frente a la “cultura de impunidad” que parece haber ido cobrando fuerza o arraigo en determinados ámbitos de la gestión pública, razón por la cual se hace necesario reaccionar frente a prácticas incorrectas de responsables institucionales y reclamar la intervención activa del Ministerio Fiscal para evitar la lesión a la ley y al interés general que suponen, en su mayor parte, los fenómenos de corrupción pública, sea política o administrativa.

Por todo ello y acompañando al escrito de denuncia el conjunto de informaciones publicadas sobre el caso por Heraldo de Aragón, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que acuerde llevar a cabo las diligencias de investigación que estime oportunas para la averiguación de las responsabilidades penales que pudieran derivarse de los hechos relatados.

12 comentarios:

Anónimo dijo...

Iniciativa valiente y necesaria.

Anónimo dijo...

JOAQUIN LEGUINA SOBRE GRAN SCALA:

¿Para eso nos han expropiado el Ebro? ¿Para urbanizar el desierto?

No es sensato comprar antes la albarda que el burro, pues si nos quedamos sin el burro, tendremos que cargar nosotros con la albarda. Eso puede pasarle al Gobierno de Aragón con un proyecto llamado Gran Scala, que consiste en edificar un trasunto de Las Vegas en Los Monegros. Para ello el Gobierno aragonés ya ha tejido la albarda: una Ley cuyo único fin es el de permitir que Gran Scala se convierta en una “ciudad exenta” gobernada por un consorcio al servicio de International Leisure Development (ILD), una joint venture que se ha gastado en la operación la astronómica cantidad de 120.000 euros, utilizando un original procedimiento para hacerse con el suelo, que consiste en pagar el 4% del valor en concepto de opciones de compra.

El mal olor del caso proviene de un hecho: nadie sabe quién está detrás del ILD, una empresa que se ha negado a abrir ninguna oficina en Zaragoza, pero que —eso sí— tiene ya firmado un protocolo con el Gobierno de Aragón… pero también de la idea misma. Un proyecto (32 casinos en el pueblo de Ontiñana) que ocuparía 1.300 hectáreas. Dadas las conocidas cataduras empresarial y moral de quienes manejan el negocio del juego (¿pretenden traerse Las Vegas a Los Monegros con el Padrino dentro?) hacen dudar de la viabilidad de un proyecto financieramente confuso que suscita una ristra interminable de preguntas:

¿Para eso nos han expropiado el Ebro al resto de los españoles? ¿Para urbanizar el desierto? ¿Es este el tipo de desarrollo sostenible que le conviene a la tierra aragonesa? ¿Es este el uso que va a dar a las aguas del Ebro aquel “Aragón sediento”, frase con la cual los políticos aragoneses amenazaron al resto de los españoles cuando hicieron bandera del agua para oponerse al trasvase? ¿Esta izquierda nueva se ha hecho ludópata?

Anónimo dijo...

Buenas preguntas de Leguina para Marcelino Iglesias, bueno lo de la izquierda ludópata.

Anónimo dijo...

El placer que se quieren dar los aragoneses consiste en poder decir, de aquí a unos años, que sus tierras se han convertido en el primer destino turístico de España, y para conseguirlo se han sacado de la chistera uno de los proyectos más ambiciosos --algunos dicen que descabellado-- de los que se tenga noticia: una estrambótica ciudad del juego cuyo referente más cercano es la mítica Las Vegas. "Millones de familias de todo el planeta vendrán aquí", declaró ayer el vicepresidente del Gobierno autónomo, José Ángel Biel, durante el acto de presentación oficial de la iniciativa.
Las Vegas en Los Monegros… parece una película de Esteso y Pajares.

Carlos Menéndez

Anónimo dijo...

Es necesario reaccionar contra la última aportación de Brun a nuestro régimen de función pública: la promoción interna temporal, un nuevo paso en la apropiación irregular de la organización administrativa por parte de responsables políticos y sindicatos, desplazando los sistemas objetivos de provisión de puestos.

Hay que evitar que lleguemos, si no hemos llegado ya, a un punto de no retorno a la legalidad y la profesionalidad.

Brun no da un solo paso en la buena dirección y no hace más que ceder a las disparatadas presiones de los sindicatos.

Veremos en qué queda el ilegal abono del anticipo de carrera, sobre el que nadie se ha querido pronunciar, ni responsables de función pública ni de economía ni, mucho menos, de los sindicatos.

Lo mejor es callar, deben de pensar, pero hay cosas que requieren explicaciones y no silencios.

Si no tienen forma de justificar lo que hacen, lo mejor es que se retiren.

Anónimo dijo...

¿La "notitia criminis" obliga a los ciudadanos y a sus asociaciones cívicas pero no a la Fiscalía? ¿Es cierta esa coincidencia de apellidos del Fiscal General de Aragón y un conspicuo político aragonés con mando en plaza?

Anónimo dijo...

No he visto eco en prensa a esta medida, sí al anuncio que se hizo días atrás.

Anónimo dijo...

¡Cuantas preguntas sin respuesta! ¿Es decente un gobierno que se niega a tratar y debatir de determinados asuntos, cada vez más numerosos y, por lo que se ve, cada vez más incómodos? ¿No quieren, no saben, no se atreven?

Anónimo dijo...

¿Es compatible la Democracia con las zonas de sombra, cada vez más extensas?

Anónimo dijo...

Creo que es básico que los responsables políticos sepan que defraudar la confianza de los ciudadanos tiene un coste: que no sale gratis, por ejemplo, malversar fondos públicos.
Que nadie acceda a cargos públicos pensando que va a poder actuar al margen de la ley.

Por eso me parece positiva la iniciativa de dar traslado de lo sucedido a la Fiscalía.

Anónimo dijo...

SOBRE EL MINISTERIO FISCAL:

Es el encargado de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley.

Actúa sometido a la Constitución y a las leyes y es imparcial (no defiende intereses particulares, sino sociales y públicos tutelados por la ley).

Es único para todo el Estado. Cada miembro del Ministerio Fiscal actúa en representación de la institución y siempre por delegación de su jefe respectivo. (No son independientes como los Jueces).

Órganos del Ministerio Fiscal:

El/la Fiscal General del Estado ostenta la jefatura suprema e imparte instrucciones a todos los/las fiscales del Estado. Es nombrado/a por el Rey a propuesta del Gobierno.

Fiscalía del Tribunal Supremo.

Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia.

Fiscalía de las Audiencias Provinciales.

Fiscalía especial para la persecución y represión del tráfico ilegal de drogas.

Anónimo dijo...

¿No falta alguno?

¿La Fiscalía Anticorrupción?