Zaragoza, 2 de julio de 2009.
El próximo día 14 de julio, en lugar y hora todavía a determinar, se celebrará el primer Coloquio público de la Asociación, para el que se contará con la presencia de un Asesor de la Oficina del Justicia de Aragón, que realizará un resumen del tratamiento que las cuestiones relativas a la Administración y la Función Pública han recibido durante el pasado año 2008 por parte de la Institución.
Dicho análisis partirá de las actuaciones y resoluciones recogidas en el último Informe Anual elaborado por el Justicia de Aragón, cuya presentación a las Cortes de Aragón tuvo lugar el pasado día 25 de junio, en un Pleno extraordinario de la Cámara convocado a tal efecto.
La celebración de coloquios públicos, como fórmula de debate e intercambio de ideas, a partir de la exposición inicial de un ponente, es una iniciativa acordada por la Junta Directiva de la Asociación para profundizar en el análisis de cuestiones relevantes para el buen gobierno y la buena administración. Para estrenar dicha fórmula, se ha considerado oportuno aprovechar la reciente presentación del Informe Anual del Justicia de Aragón, para sostener un diálogo con un representante de dicha Institución y conocer la percepción que desde el Justiciazgo se tiene de la situación y evolución de las Administraciones Públicas aragonesas, cuya supervisión lleva a cabo con motivo de la tramitación de las quejas presentadas o actuaciones de oficio acordadas.
Interesa, en particular, conocer la acción del Justicia de Aragón en relación con las diferentes cuestiones que afectan a la función pública aragonesa, sin olvidar que la propia Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha formulado un buen número de quejas ante dicha Institución sobre diferentes aspectos del funcionamiento de la Administración aragonesa y del régimen de función pública, con especial incidencia en los aspectos del sistema de selección de personal, al afectar al ejercicio del derecho fundamental de acceso a las funciones públicas por parte de los ciudadanos.
Consideramos extraordinariamente útil que la relación con la Institución del Justicia, tanto por parte de esta Asociación como por todos los servidores públicos o ciudadanos interesados en el buen funcionamiento de las Administraciones Públicas y en el reforzamiento de su profesionalidad, pueda contar con espacios de encuentro o contacto directo, de diálogo e intercambio de ideas, a partir de un mutuo deseo de avanzar en la garantía de los valores y principios que tanto la Constitución española como el Estatuto de Autonomía de Aragón establecen para la actividad de las administraciones públicas y la labor de quienes trabajan a su servicio.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
8 comentarios:
BATALLA LIBRADA EN ANDALUCIA CONTRA LA ADMINISTRACION PARALELA:
Hemos conseguido que el TSJA, en una sentencia pionera en nuestra comunidad autónoma, anule la Orden que encomienda ilegalmente la gestión de potestades públicas a la fundación FAFFE y estime el recurso interpuesto por nuestro Sindicato.
La Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, ha dado la razón a nuestro Sindicato en un recurso interpuesto contra la Orden de 4 de septiembre de 2008 (Ver Orden) del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que formaliza un acuerdo de encomienda con la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (FAFFE) (Ver Sentencia).
El "quid" de la cuestión está en que la encomienda de gestión contiene el ejercicio de potestades administrativas al personal laboral de la FAFFE, que no ha accedido a la Administración en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, dista mucho de la legalidad vigente que reserva dichas funciones, en exclusiva, a los funcionarios para garantizar los derechos de los ciudadanos. Situación que SAFJA lleva años denunciando y que se traduce en el famoso engorde de la conocida como "administración paralela", en detrimento, por supuesto, de la Función Pública.
La excepcional sentencia estima nuestro recurso, declara contraria a derecho la Orden impugnada y su consiguiente revocación. Además, el TSJA rebate la descarada argumentación de la Junta que asegura que las actividades desarrolladas a través de dicha encomienda, "no es más que una mera asistencia técnica". Pero el artículo sexto de la Orden recurrida deja ver que existen prerrogativas a favor de la fundación que suponen el ejercicio de potestades administrativas, como la anulación de participantes y cursos, "tareas que exceden del contenido legal que, en esta ocasión, la FAFFE puede tener".
El artículo 9.2 de la Ley 7/2007, que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), recoge que "en todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca".
sigue:
La Junta se respalda en el artículo 106 de la Ley 9/2007 del Parlamento Andaluz pero parece ignorar el último párrafo que dispone claramente que "la encomienda de dichas actividades no podrá implicar, en ningún caso, la atribución de potestades, funciones o facultades sujetas a Derecho Administrativo".
Es más, la Sala advierte que "en el futuro, a la vista de las funciones que la Administración quiera atribuir a la referida fundación, decida qué tipo de personal debe servirlo conforme a la legislación sobre función pública", es decir, personal funcionario si se trata de potestades públicas.
Esta sentencia, pionera contra la ejecución de lo establecido por la Ley 9/2007 del Parlamento Andaluz, marca un antes y un después en nuestra lucha constante contra la estrategia de la Junta de ceder competencias de sus Consejerías a su entramado de empresas públicas, fundaciones, agencias, etc. Casos como los protagonizados por las empresas públicas Dapsa y Egmasa han dado mucho de qué hablar, ya no sólo por las investigaciones abiertas o las protestas masivas, sino por la política de privatización pausada de los servicios públicos que la Administración está llevando a cabo.
Como siempre, y a pesar de este nuevo éxito, desde SAFJA seguiremos luchando para que se cumpla la legislación vigente y acabar, así, con este descarado engorde de la "administración paralela", creada por la Junta con la excusa de agilizar los trámites cuando, en realidad, se está gestionando el dinero público con los menores controles posibles, así como la contratación digital de personal. En la actualidad, nuestro Sindicato tiene seis recursos interpuestos sobre este tema que reduce considerablemente la Función Pública y perjudica gravemente la creación de empleo estable y de calidad en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos.
EN TODAS PARTES CUECEN HABAS:
Lo de FAFFE es la punta del iceberg. Todas las fundaciones, asistencias tecnicas de empresas privadas, empresas publicas... tienen a su gente haciendo las funciones de funcionario, en la mismisima delegacion o consejeria, atendiendo al publico... El descaro es impresionante. y esto es asi desde hace años
Del blog de José Luis Valero:
Desmantelar los chiringuitos.
2 Julio, 2009.
La propuesta de disolver Asael y de integrarla en la Federación Aragonesa de Municpios, Provincias y Comarcas (FAMPC) es una opción si antes hay una limpieza clara de todos los chiringuitos montados por unos y otros que han acabado siendo agencias de colocación para afines, militantes, cargos públicos y allegados. Por higiene democrática y con la que está pasando, lo mínimo es poner en solfa todas estas entidades, aclarar sus cuentas y ponerlas en orden. Ver si sirven para algo y una vez analizadas suprimirlas o mantenerlas, pero con total transparencia pública y parlamentaria.
Sería necesario hacer extensible todo a ciertas empresas y sociedades públicass dependientes del Gobierno de Aragón para saber de una vez si son también agencias de colocación para intereses partidistas y conocer sus cuentas, presupuestos y balances. El PAR tiene la obligación de realizar un ejercicio de máxima transparencia para ver si logra remontar esta tormenta y no seguir perdiendo credibilidad, así como evitar una ruptura interna en mil pedazos que cada vez es más probable.
El PSOE debería reflexionar y poner medidas para no verse arrastrado en la caída por sus socios en el Ejecutivo aragonés. A esta marcha le están poniendo en bandeja al PP las próximas elecciones. Los socialistas tendrían que replantearse los pactos e incluso la posibilidad de dar un giro total o de ejercer en solitario. Y eso puede venir con una crisis de gobierno, cambiando muchas cosas y bastantes nombres. Y si es necesario hasta de socios, salvo que el PAR reaccione y limpia su casa de una vez por todas.
El panorama político aragonés parece cada vez más abierto e imprevisible.
¿Qué sucederá mañana?
¿A quién imputarán? ¿A quién denunciarán? ¿A quién cesarán?
Parece que se pierde el control de la situación: signo inequívoco de agotamiento del ciclo político de este gobierno.
Guiral, algún día se reconocerá el enorme valor que has demostrado al encabezar esa asociación y el coraje con el que has actuado.
Gracias por tu actitud, de la que todos salimos beneficiados, que no hay que confundir con lucrados.
GENTE CON GUSTO:
La ex concejala del PSOE y actual presidenta de la compañía pública Tragsa, Luisa Graña, habría iniciado una reforma multimillonaria de su despacho principal y entorno cuyo coste llegaría a 275.000 euros, al cambio unos 46 millones de las antiguas pesetas.
(Tomado del diario digital Atlántico, de Vigo)
Esta Asociación es un reducto de dignidad en medio de la ciénaga.
Y los frentes y el trabajo se multiplican. ¿Llegaréis a todo? Ánimo.
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