lunes, 13 de julio de 2009

LA ASOCIACIÓN REMITIRÁ A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO LA INFORMACIÓN PUBLICADA RESPECTO AL PRESIDENTE DE ASAEL.

Zaragoza, 10 de julio de 2009.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa remitirá a la Fiscalía General del Estado, en los próximos días, toda la información publicada en los medios de comunicación aragoneses sobre las actividades del hasta hace poco días Presidente de la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (ASAEL), Jesús Solá, al entender que los hechos relatados podrían ser constitutivos de infracción penal.

La posible desviación de fondos públicos a fines distintos de los previstos o la contratación de personas con cargo a fondos públicos para el desarrollo de labores al servicio de organizaciones ajenas, como se señalaba en las informaciones publicadas, requieren una detallada investigación, que sólo puede llevarse a cabo, con las suficientes garantías, por parte del Ministerio Fiscal.

El verdadero respeto a la legalidad en la gestión de los fondos públicos y el correcto ejercicio de las responsabilidades públicas exige, a nuestro juicio, que conductas como las que aparecen en esas informaciones sean analizadas desde las exigencias del correcto funcionamiento del Estado de Derecho y de la defensa de las instituciones públicas y del interés general.

Consideramos que las responsabilidades en que puedan incurrir las personas que ejercen funciones públicas, sean políticas o administrativas, en el seno de las instituciones han de ser debidamente delimitadas, para preservar la credibilidad de las propias instituciones y del conjunto de las personas que trabajan en ellas de forma profesional y honesta.

Creemos que los ciudadanos han de tener la certeza de que todas las actuaciones contrarias a las exigencias de legalidad en el desempeño de cargos públicos, que vulneren el interés general o lo subordinen al interés privado de personas u organizaciones, serán investigadas, con independencia de la posición que ocupen los responsables de las mismas.

Esta Asociación sería inconsecuente con sus principios y fines de defensa de la ética y de la función pública si no adoptase una clara posición frente a los casos de corrupción pública que afectan a las instituciones de la Comunidad Autónoma, pues no es posible defender la función pública sin combatir, al mismo tiempo, la corrupción pública, al constituir ésta la mayor deslealtad posible con la democracia, el servicio público y los ciudadanos.

17 comentarios:

Anónimo dijo...

Estupendo eco de este comunicado en Heraldo de Aragón.

Anónimo dijo...

¿Esto es defender la función pública?

Anónimo dijo...

OPINION DEL PROFESOR JORGE DE ESTEBAN:

¿Qué se puede hacer antes de que la ciénaga de la corrupción anegue totalmente nuestra democracia, produciendo la apatía y el asqueo de los ciudadanos ¿Ciertamente, existen medios para evitarlo, pero o no han funcionado o no se ha querido que funcionen. Medidas como un Código de Buen Gobierno, una legislación preventiva adecuada, una Fiscalía Anticorrupción, y unas sanciones que pueden ser administrativas o penales, son sin duda medidas necesarias, pero no suficientes.

Lo que más urge es la ejemplaridad de los diferentes Gobiernos, deduciendo la responsabilidad política inmediata de los que caen en estas irregularidades, el control objetivo y no partidista de los medios de comunicación de masas, y, por encima de todo, una educación democrática de nuestros jóvenes a los que se les inculquen los valores propios de una democracia, objetivo que no parece cumplir la famosa asignatura de marras. Y si falla todo eso, pues sólo queda rezar, porque ya habremos pasado de la "corrupción 'en' la democracia" a la "corrupción 'de' la democracia".

Anónimo dijo...

sigue:

Como sucede en cualquier actividad humana, la corrupción existe también en la vida pública, y no sólo obviamente en los regímenes totalitarios, en donde llega a ser endémica. Esta lacra afecta igualmente a las democracias, pero a diferencia de lo que ocurre en los regímenes autoritarios, se la puede combatir a través de numerosos medios y controles.

Pero cuando la corrupción avanza peligrosamente, porque esos medios no se emplean o no funcionan, puede presentarse una situación límite en la que se produzca un cambio cualitativo y no meramente cuantitativo. Se pasaría así de la "corrupción 'en' la democracia" a la "corrupción 'de' la democracia" y entonces todo puede suceder.

Estas reflexiones vienen a cuento por lo que está sucediendo en España en la actualidad, en dónde no hay día que no nos desayunemos con un nuevo escándalo de corrupción en la vida política. Dicho con otras palabras: si no se reacciona ya, pronto pasaremos ese 'Rubicón' que he señalado, con todas sus consecuencias. La línea que separa a una y otra de estas dos patologías es muy clara: en la primera los casos de corrupción son aislados y no involucran a las instituciones públicas como tales.

En la segunda, lo que se da es un uso desviado de los poderes públicos para la obtención de beneficios económicos personales o partidistas, que pervierten el sentido de la actuación de instituciones que sólo deben servir a los intereses generales. Uno o varios policías que se aprovechan de su cargo para apropiarse de la droga incautada, es un ejemplo de lo primero.

Un ministro que no cumple con el Código del Buen Gobierno, que incumple normas administrativas, que se beneficia de su supremacía política, que no respeta la separación de poderes, es un claro ejemplo de lo segundo.

Anónimo dijo...

Los escándalos de corrupción son una señal de que un país reconoce la diferencia entre lo público y lo privado. Uno de los rasgos distintivos de las sociedades democráticas modernas es la separación formal entre el Estado y el resto de la sociedad. Los políticos, los burócatas y los magistrados reciben unos salarios y deben establecer una distinción precisa entre sus ingresos económicos personales y los del Estado. A los funcionarios civiles se les contrata para llevar a cabo una labor pública y se les prohíbe obtener beneficios económicos personales de individuos y empresas privadas. La corrupción y el tráfico de intereses personales se producen en estas sociedades cuando los funcionarios utilizan sus cargos públicos para obtener beneficios personales. La preocupación de los ciudadanos a propósito de los sobornos que reciben los funcionarios públicos en pago de favores indican que los ciudadanos y las autoridades de gobierno reconocen la existencia de normas que regulan las prácticas leales y de administración competente, y que éstas pueden ser violadas.

Anónimo dijo...

El presidente estadounidense, Barack Obama, pidió este sábado a los países de África que pongan fin a las prácticas antidemocráticas y a la corrupción, en un gran discurso en Accra, capital de Ghana, durante su primera visita como presidente al África subsahariana. Seguir leyendo el arículo

Anónimo dijo...

¿Esa asociación se ha sumado a la obamamanía global?

Anónimo dijo...

UN ECUATORIANO:

He tenido la suerte de conocer al doctor Rafael Bustos Gisbert, talentoso profesor de la cátedra Derecho Constitucional y Corrupción Política del Curso de Postgrado en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca.

Digo que he tenido la suerte porque últimamente en el Ecuador, los “relativistas del siglo XXI” nos quieren hacer ver el sol color rojo.

En estos tiempos, al parecer todas las realidades del Ecuador deben acomodarse necesariamente a los intereses políticos del régimen; si no son mentiras, por más reales que puedan ser.

Las presunciones de corrupción, hoy lo son de honradez y sacrificio por la patria; la transparencia legal y moral de los procesos públicos deben sustituirse por la confianza obligatoria que debemos tener en las sacrosantas intenciones de los supremos hacedores de la nueva patria.

Es decir, los parámetros de lo correcto e incluso de lo legal ya no dependen de la norma escrita o de la voluntad de los pueblos hecha costumbre, en cada caso, sino de su adecuación al proyecto político o las necesidades de los detentadores del poder.

Se refutan videos y testimonios; se cambia la historia documentada, se manipulan los valores, como si se tratara de piezas de dominó revueltas por una mano oculta.

Y Bustos, alejado siquiera de desconocer la existencia de la corrupción de los políticos aun en las democracias más sólidas del mundo, como verdadero cáncer que impide el progreso de los pueblos, acertadamente sostiene que la corrupción política es la negación de la democracia.

Anónimo dijo...

La Fundación Perspectivas, vinculada al PSOE y presidida por el procurador socialista Francisco Ramos, anunció ayer la creación del Observatorio del Autogobierno de Castilla y León, que tendrá como misión principal vigilar el desarrollo del reformado Estatuto de Autonomía, que permite asumir nuevas competencias y ampliar así el nivel de autogobierno de la comunidad.
Encabezado por el procurador Óscar Sánchez, profesor del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid y ponente de la última reforma estatutaria, integran este órgano de control otros cinco profesores de las cuatro universidades públicas de Castilla y León, la mayoría pertenecientes a las áreas de Derecho Constitucional.

Entre ellos, Rafael Bustos Gisbert.

Anónimo dijo...

EDITORIAL EN PRENSA:

EL Barómetro Global de la Corrupción 2007, presentado ayer por la organización Transparency International en la Fundación Ortega y Gasset, ofrece conclusiones preocupantes para la sociedad española. El 62 por ciento de los ciudadanos considera bastante o extremadamente corruptos a los partidos políticos. La percepción global en éste y en otros casos -como las empresas privadas o los medios de comunicación- ha empeorado de forma notable en un solo año. Es significativa la imagen muy negativa que transmite la financiación de los partidos, calificada de «corrupta», según el informe, en una proporción de 3,9 sobre 5. Más de la mitad de la población estima que las cosas van a ir a peor en los próximos tiempos y la mayoría opina que el Gobierno es ineficaz en la lucha contra este fenómeno. La corrupción es un cáncer para el Estado democrático porque daña sin remedio la legitimidad del sistema. Los partidos son protagonistas principales de la vida política y, por tanto, las malas sensaciones que perciben los ciudadanos repercuten en la falta de confianza hacia las instituciones. Los datos son ciertamente negativos y, sin caer en alarmismos o exageraciones, deben ser tenidos en cuenta para evitar el deterioro de la convivencia social. La reciente reforma legal sobre esta materia no es ni mucho menos el camino apropiado para recuperar la confianza. Muy al contrario, la opinión pública pone en cuestión ciertas operaciones urbanísticas y piensa que la condonación de deudas por parte de las entidades financieras supone la búsqueda de un trato de favor ante los responsables políticos.

Es evidente que falta transparencia y que resulta insuficiente el control tardío y genérico que se ejerce sobre los balances y documentos contables. Aquí reside posiblemente la clave del asunto, puesto que los grandes partidos son empresas que manejan abundantes recursos humanos y materiales. Por eso, los controles financieros y las auditorías rigurosas deben sustituir a las viejas fórmulas ineficaces con el fin de evitar actuaciones turbias que vulneran las reglas del juego democrático. Los responsables de los partidos no deben echar en saco roto las conclusiones que se desprenden del informe citado, porque mirar para otro lado equivale a dejar el campo libre a los corruptos. La política tiene que ser concebida como una actividad al servicio del interés público y no como una guía más o menos cómoda para obtener ganancias y prebendas injustificadas. La superioridad de la democracia sobre las dictaduras de cualquier tipo tiene su fundamento en la ejemplaridad moral. Por eso es muy grave que los ciudadanos consideren por amplia mayoría que los partidos son opacos en materia de financiación y que la corrupción campa por sus respetos en ciertos ámbitos que deben ser un modelo de limpieza y pulcritud.

Anónimo dijo...

la democracia es necesaria para combatir la corrupción, por lo que no podemos creer a los políticos que se dicen democráticos, pero toleran la corrupción", fomentan la impunidad y hacen la "vista gorda".

Anónimo dijo...

Al final no hay otra solución contra la corrupción que la acción de la justicia. Lo único que se toman en serio. Lo demás no parece servir para nada.

Anónimo dijo...

Bueno, bueno, no despreciamos el valor de la palabra y del gesto. No todo son demandas y sentencias.
El ejemplo pueder ser más contundente que una sentencia.
El ejemplo es más visible.

Anónimo dijo...

A lo mejor la Fiscalía ya está actuando, ¿o es que es necesario que publiciten su trabajo?

Anónimo dijo...

es curioso que ante la noticia del Heraldo no haya comentarios de los partidos politicos , ni criticando la idea de ir a la fiscalia, ni apoyándolA...¡están todos de vacaciones !, ¿NO ESTAMOS EN CRISIS?

Anónimo dijo...

Es un paso adelante y un significativo cambio de estrategia. A ver si funciona.

Anónimo dijo...

Creo que en público nadie da importancia ni presta atención a lo que haga o deje de hacer esa asociación. A lo mejor en privado es distinto, pero sólo a lo mejor.
Y así, cuando la cosa llegue ya no habrá remedio .....