Zaragoza, 1 de abril de 2009.
Hace pocos días el Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Alfonso Vicente, afirmaba que su Departamento no iba a llevar a cabo ninguna investigación sobre el funcionamiento de las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio, pues ya estaba investigando la Justicia.
El sentido común, sin embargo, aconseja justamente lo contrario. La forma de funcionar de esas Comisiones no ha permitido evitar ni la “desordenación del territorio” ni tampoco la corrupción urbanística, y ya que nadie se plantea cambiar el nombre a las Comisiones, debiéramos revisar al menos su composición y sus reglas de funcionamiento.
El Consejero competente en la materia no puede inhibirse. Legalmente es el responsable del buen funcionamiento de los servicios de su Departamento, salvo que creamos ingenuamente que todo aquello que no acabe en sentencia judicial condenatoria ha de presumirse que funciona bien.
El hecho de que la principal detenida a causa de la investigación judicial realizada fuese miembro de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza y, además, alcaldesa de uno de los municipios que mayor expansión urbanística ha experimentado, obliga a formular al menos dos preguntas:
- ¿qué razones o méritos llevaron a los responsables de la Diputación Provincial de Zaragoza a designar a la alcaldesa de La Muela como representante de dicha Diputación en la Comisión Provincial?
- ¿cómo es posible que las normas de dicha Comisión no eviten que pueda formar parte de la misma alguien con intereses tan directos y evidentes en los instrumentos urbanísticos que han de aprobarse en la Comisión?
El Consejero responsable en materia de urbanismo ni siquiera ha desmentido las informaciones difundidas respecto a la asistencia de la alcaldesa de La Muela a las reuniones de dicha Comisión, limitada a las sesiones en que se analizaban proyectos de su municipio. ¿Es esto posible? , ¿es posible que los miembros de un órgano administrativo no respeten las causas de abstención que establece la Ley de Procedimiento Administrativo?, ¿se toleró la vulneración del deber de abstención por quien ostenta la presidencia de la Comisión? Todas esas dudas corresponde despejarlas al Consejero titular del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, y no al Juez que interviene por la trama de corrupción urbanística en La Muela.
Estamos convencidos de que los errores han de servir para aprender y no para eludir responsabilidades u ocultar disfunciones administrativas, y esta Asociación desea abrir una reflexión sobre la oportunidad de modificar la composición de las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio.
Surgen algunas preguntas: ¿Sabemos quién forma parte de las mismas? ¿Sabemos con qué criterios se les designa? ¿Sabemos qué facultades administrativas ejercen? ¿Sabemos qué garantías y controles funcionan respecto a las decisiones adoptadas?
El debate para responder a estas preguntas, consideramos debe realizarse en el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, pero también en el conjunto del Gobierno de Aragón y de la sociedad aragonesa.
Es preciso deslindar de forma adecuada las funciones de participación y de decisión administrativa, evitando la formación de órganos cuya composición, como ha quedado demostrado, permite la incorporación de vocales que no sólo tienen intereses directos en los asuntos que se deciden sino que su actuación parece quedar al margen de todo parámetro de objetividad y transparencia.
La participación nada tiene que ver con la apropiación del interés general en beneficio propio. Y de ello tan responsable es quien lo hace como quien lo permite.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
8 comentarios:
Lo permite o lo posibilita, creo que debiera matizarse.
Manifiesto de Ecologistas en Acción:
La ley urbanística de Aragón define claramente tres objetivos principales: Hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna, proteger el Patrimonio Cultural y preservar el medio ambiente. Todo lo demás que está ocurriendo alrededor del urbanismo salvaje y especulativo no deja de ser una corrupción del espíritu y la letra de la ley. Y lo peor de todo es que se ha generalizado hasta tal grado que ya parece normal lo que siempre se había considerado como una barbaridad, cuando no un delito.
No está muy claro cuáles son las circunstancias que llevan a amplios sectores sociales a no ver lo que sucede a su alrededor durante mucho tiempo hasta que un buen día, se les cae la venda y ven con estupor lo que estaba ocurriendo. La realidad se acaba imponiendo. Hoy más que nunca se necesitan políticas urbanísticas y de ordenación territorial que sean rigurosas con el espíritu de la ley y de la Constitución y que sean independientes de los grupos de presión que sólo buscan su beneficio.
El Informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre el impacto del urbanismo en España pide medidas inmediatas al Gobierno Español, a los Gobiernos Autonómicos y a las Administraciones locales que entendemos son urgentes que el Gobierno de Aragón promueva en un corto plazo de tiempo:
Considera que las autoridades regionales competentes deben declarar suspender y revisar todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente, y que detengan y anulen todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario, principalmente por lo que se refiere a la adjudicación de contratos urbanísticos y al cumplimiento de las disposiciones en materia de agua y medio ambiente.
Manifiesta su preocupación por la ausencia de una transposición correcta de las Directivas 2005/60/CE y 2006/70/CE sobre el blanqueo de dinero , que son objeto ahora de un procedimiento de infracción, lo que ha limitado la transparencia y las acciones judiciales contra la circulación ilegal de capital financiero, incluidas inversiones en determinados proyectos urbanísticos de gran envergadura.
Reitera las conclusiones recogidas en sus resoluciones previas que ponen en tela de juicio los métodos de designación de los agentes urbanizadores y los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales, a expensas de las comunidades y los ciudadanos que residen en la zona.
Insta una vez más a las autoridades locales a que consulten a sus ciudadanos y les hagan partícipes en los proyectos de desarrollo urbanístico, con objeto de fomentar un desarrollo justo, transparente y sostenible en los casos necesarios, en el interés de las comunidades locales y no en el exclusivo interés de los promotores, inmobiliarias y otros intereses creados.
Pide a las autoridades locales que suspendan y revisen los proyectos existentes y que no procedan hasta que se haya demostrado su sostenibilidad, con la participación de las comunidades locales en su elección, y se hayan garantizado salvaguardias medioambientales.
Así, las organizaciones Ecologistas en Acción, Ansar, Coagret, Fundación Ecología y Desarrollo y Seo/Birdlife Aragón:
1.- Entendemos que el Gobierno de Aragón debe dar respuestas inmediatas dentro de sus competencias para corregir la situación en la línea marcada por el Parlamento Europeo y en lo previsto en los objetivos de nuestra Ley Urbanística y de Ordenación Territorial.
2.- Consideramos urgente que el Partido Aragonés adopte medidas que devuelvan la normalidad democrática a La Muela, y solicite de la Alcaldesa y el Concejal de Urbanismo la devolución de sus actas de concejales.
3.- Pedimos la intervención de las funciones del ayuntamiento de La Muela por el Gobierno de Aragón, según lo previsto en la legislación, para garantizar el buen funcionamiento de esta administración local actualmente bloqueada.
4.- Consideramos que la puesta en marcha de la Cámara de Cuentas de Aragón se hace más necesaria que nunca y exigimos un compromiso claro para su constitución inmediata, dotándola de los medios suficientes para ejercer su labor con agilidad y eficacia.
5.- Consideramos que urge facilitar vivienda digna y asequible. Hay que planificar con criterios sociales, de movilidad sostenible, cumpliendo el protocolo de Kyoto, reduciendo costes de mantenimiento, y con respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico y cultural.
A distinguir me paro los ecos de las voces.
También hay que alertar sobre los peligros de una participación mal planteada.
¿Golpe de Estado? ¿No será golpe de pueblo?
El coordinador de Izquierda Unida (IU) Aragón y portavoz en las Cortes autonómicas, Adolfo Barrena, opinó que sería un "golpe Estado" crear una comisión de gestora que se haga cargo del Ayuntamiento de La Muela después de que la alcaldesa, María Victoria Pinilla, y un concejal se encuentren en prisión preventiva por una presunta trama de corrupción urbanística.
Barrena explicó en rueda de prensa que en estos momentos el Ayuntamiento de La Muela está "legalmente constituido" porque "no hay ningún concejal inhabilitado". Según precisó, esto no es como el caso de Marbella (Málaga) donde una sentencia judicial declaró inhabilitados a más de veinte concejales de los 31 que tenía ese consistorio y se creó una comisión gestora porque "se quedó sin concejales".
El caso de La Muela "está sub iudice" y "veremos a ver" qué ocurre y por eso pidió "mucho cuidado" y rechazó la posibilidad de que el Gobierno de Aragón plantee al Consejo de Ministros la disolución de ese Ayuntamiento.
¿desde cuándo es un golpe de estado la aplicación de una previsión legal?, me pregunto.
¿Como puede decir el Gobierno de Aragón que la planificación urbanística de La Muela "está perfecta"?
¿No es una gran imprudencia?
¿Pero se puede saber quién habla en nombre del Gobierno de Aragón?
¿No tiene acaso un Portavoz?
Está claro cuál es la voluntad de mejorar los controles: ninguna.
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