CONVERSIÓN Y DILEMA DE LOS SINDICATOS: ¿DEFENSA O CRÍTICA DE LA OFERTA DE EMPLEO? ¿ESTABILIDAD EN EL EMPLEO O SUBIDAS SALARIALES?.

Zaragoza, 21 de marzo de 2009.

Quien tenga un mínimo conocimiento de los argumentos esgrimidos por los sindicatos de la Administración aragonesa, en su sorprendente alineamiento con el Gobierno de Aragón para defender la Oferta de Empleo Público de 2007, cuando fue impugnada judicialmente por esta Asociación, no podrá dar crédito a sus actuales críticas a la propuesta de Oferta de Empleo Público para 2009.

Esos mismos sindicatos que defendieron la, a nuestro juicio, ilegal Oferta de 2009 y que pactaron, sin reparo de ningún tipo, la no aprobación de Oferta en 2008, se ven ahora desagradablemente sorprendidos por la pretensión de la Administración de aprobar una oferta “testimonial” para 2009, cuyos números producen rubor a cualquier persona que conozca la realidad de la función pública aragonesa.

Quienes en su día defendieron, frente a las tesis de esta Asociación, la potestad de autoorganización de la Administración para apreciar las necesidades de personal de nuevo ingreso no parecen ya muy convencidos de sus argumentos, puesto que critican sin matiz alguno la decisión adoptada por la Administración en el ejercicio de sus potestades.
Olvidaron entonces que el ejercicio de toda potestad debe hacerse con sometimiento a la legalidad, y aquella Oferta, al igual que la que ahora se critica, no incluía las plazas que exigían y exigen el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Por lo tanto, los sindicatos de la administración aragonesa parecen haber abandonado sus peregrinas tesis sobre las plazas que han de contenerse en una oferta de empleo público.

No obstante, si fueran coherentes con lo que ahora proclaman, deberían desistir de su oposición a nuestra demanda judicial contra la Oferta de 2007 –todavía pendiente de juicio- y dejar de respaldar con ello al Gobierno de Aragón. No es previsible, sin embargo, que lleven a cabo un acto tan elemental de coherencia.

En tiempos de crisis, invocan la legalidad aplicable a la oferta de empleo, por entender que el derecho fundamental de acceso al empleo público, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución, ha de salvaguardarse en los momentos de mercado laboral precario. Los derechos fundamentales debieran respetarse en todo momento, haya crisis o no, pues lo contrario convertiría a la coyuntura económica en un motivo o excusa para la suspensión de derechos de los ciudadanos. ¿Se han reducido en alguna medida los liberados sindicales a causa de la coyuntura económica? Es un dato que debieran facilitar los sindicatos para que sepamos cuál es su esfuerzo real o contribución para paliar los efectos de la crisis en el empleo público.

En tiempos de bonanza, los sindicatos olvidaron los objetivos de empleo público, de estabilidad y de respeto del derecho de acceso para centrar sus reivindicaciones en subidas salariales, incrementando permanentemente el volumen de gastos de personal –sin que ello llevase aparejado nunca mayor calidad en el trabajo ni mejores servicios a los ciudadanos-, incrementos que han ido lastrando a la Administración autonómica y han generado una cultura administrativa radicalmente ajena a valores de solidaridad, responsabilidad, buen desempeño o logro de objetivos.

Pero lo peor y más grave de esa estrategia es que se promovieron medias salariales contrarias a la legalidad presupuestaria y al régimen retributivo vigente en las Administraciones Públicas. Al fraude de la Administración en la oferta de empleo público los sindicatos añadieron el fraude en las retribuciones de los empleados públicos, contribuyendo con ello a la perversión del régimen de personal y reduciendo a la nada el valor de la legalidad.

Unos sindicatos que primaron, al margen de toda fundamentación legal, subidas salariales para los empleados públicos de la Comunidad Autónoma contrarias a la legislación básica –como ocurre con la cláusula de revisión salarial pactada en 2004 y aplicada en diferentes ejercicios- y a la legalidad retributiva –cómo es posible justificar el pago de un anticipo a cuenta de la futura carrera profesional, cobrar por algo hipotético y desconocido, resultado del acuerdo de la mesa sectorial de administración general de 13 de agosto de 2008-, califican ahora de antisocial la Oferta de Empleo Público prevista para 2009, porque el Gobierno no apuesta por el empleo.

¿Nadie había pensado que incrementar el coste del personal fijo de plantilla sólo podría hacerse mediante la supresión de personal temporal? En la tramitación de las leyes de presupuestos, quien propone el incremento de una partida –como es el caso de los sueldos de los funcionarios con una determinada antigüedad- debe señalar qué otro gasto se ha de minorar para financiar el incremento pretendido. ¿Sabemos quién ha pagado, con la merma de sus posibles derechos, el ilegal incremento retributivo promovido por los sindicatos y asumido por el responsable del Departamento de Presidencia? ¿De dónde se retiró el dinero para pagar un gasto que no estaba presupuestado ni autorizado por las Cortes de Aragón?.

Es evidente que, en el acuerdo de todos, estaba el hecho de que los incrementos retributivos de unos –los fijos- supondrían el desempleo de otros –los temporales o interinos-, lo que supone, sin duda, un maravilloso ejemplo de “solidaridad” en tiempos de crisis.

La estrategia sindical en retribuciones de los empleados públicos no sólo parece prescindir de criterios básicos de equidad con la situación que viven millones de empleados en el sector privado, sino que ni siquiera internamente se ha cuidado una estrategia para preservar los puestos de trabajo del personal temporal. Acaso porque esos puestos no eran sino las dotaciones económicas imprescindibles para financiar el incremento de los afortunados que gozaban de empleo estable.

Pues bueno, una vez puesta en marcha dicha dinámica de insolidaridad y de quiebra de la legalidad, ahora cuesta trabajo prestar credibilidad a las críticas que los sindicatos realizan a la Oferta de Empleo Público para 2009.

En breve plazo tendrán la oportunidad de acompañar a esta Asociación en su impugnación judicial a la Oferta que apruebe el Gobierno, pues las razones que nos llevaron a impugnar la aprobada en 2007 son las mismas que nos llevarán a impugnar la de 2009, así como para denunciar ante el Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo la falta de aprobación de oferta en 2008, vulneración de la ley avalada por el acuerdo de alguno de los sindicatos que ahora tanto denostan el proceder del Gobierno.