Zaragoza, 17 de marzo de 2009.
En una nota hecha pública hoy con el expresivo título “EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO”, el sindicato Comisiones Obreras informa de una próxima modificación de la Instrucción aprobada por la Dirección General de la Función Pública, el pasado 18 de diciembre de 2008, por la que se regula la consolidación de grado personal derivada del Acuerdo Administración-Sindicatos de 13 de agosto de 2008.
Con dicha modificación, instada por el citado sindicato, se van a ampliar los supuestos en que cabrá reconocer grado personal al margen de los requisitos que establece la vigente normativa sobre consolidación de grado personal, contenida en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y en el Reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 80/1997, de 10 de junio.
Esta Asociación ha solicitado tanto al titular del Departamento de Presidencia como al conjunto de los Secretarios Generales Técnicos de los Departamentos del Gobierno de Aragón, así como al Justicia de Aragón, la anulación de la referida Instrucción, al entender que su contenido tiene naturaleza normativa y, por lo tanto, constituye un desarrollo de la Ley de Ordenación de la Función Pública, por lo que ha de ser regulado mediante Decreto del Gobierno de Aragón, conforme al procedimiento establecido para la aprobación de las disposiciones de carácter general.
Comprendemos que las organizaciones sindicales valoren positivamente que se cumplan los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva, pero lo que no comprendemos de ninguna forma es que dichos sindicatos puedan admitir y celebrar que la ejecución de tales acuerdos se haga al margen de la legalidad, con vulneración manifiesta de las reglas más básicas del ordenamiento jurídico.
Debemos recordar que el principio de legalidad es de mucho mayor valor, en todos los sentidos, que cualquier posible acuerdo que pueda alcanzarse en la negociación colectiva.
Si las conquistas laborales en la Administración autonómica han de hacerse, como ya parece habitual, mediante la quiebra de elementos esenciales del Estado de Derecho, como son el principio de legalidad, los derechos fundamentales o la división de poderes –todos ellos vulnerados por unos u otros acuerdos fruto de la negociación colectiva-, la imagen de los sindicatos quedará inevitablemente asociada a la degradación de nuestro sistema constitucional. No puede existir Estado social sin Estado de Derecho, pues éste constituye la principal garantía de los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los trabajadores del sector público.
La negociación colectiva, como señala el Estatuto Básico del Empleado Público, ha de respetar, entre otros, el principio de legalidad, algo que parecen obviar de forma sistemática tanto los responsables sindicales como los propios responsables de la función pública, entre los cuales hay que citar expresamente al Director General de la Función Pública, Antonio Brun, y al Consejero de Presidencia, Javier Velasco.
Esta Asociación, como ya ha señalado en otras ocasiones, no va a consentir que los diferentes elementos del régimen de función pública -entre los que destaca el de la carrera administrativa- sean objeto de desarrollos ilegales. Ni la Dirección General de la Función Pública debe usurpar las funciones normativas que corresponden al Gobierno de Aragón, prescindiendo además de los trámites y garantías previstos para la aprobación de normas reglamentarias, ni los sindicatos pueden llevar a cabo su acción sindical desde el desprecio al valor esencial de la función pública, que es el respeto a la legalidad.
Es decir, esta Asociación no admitirá que el “CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS” vaya asociado a la “VULNERACIÓN DE LAS LEYES”.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
11 comentarios:
Pongamos tasa a la obscenidad de los sindicatos.
Y ahora los sindicatos critican la insuficiencia de la oferta. ¿no se acuerdan de su defensa de la potestad de autoorganización de la administración frente a los argumentos jurídicos de esta asociación cuando se impugnó la insuficiente oferta de 2007 que ellos apoyaron y defendieron en los tribunales?
¿Por fin comienza a combatirse la corrupción en Aragón? Enhorabuena a quienes hayan puesto en marcha la operación que afecta a La Muela.
Espero que a partir de hoy comience el final de esta cultura de la impunidad en la que ha estado instalada la clase política aragonesa.
Es un momento para la esperanza de que puedan restaurarse los principios democráticos.
El día que el PAR desaparezca, Aragón valdrá más.
La operación policial por presunta corrupción urbanística en La Muela incluye registros en el Ayuntamiento, en el domicilio de la alcaldesa María Victoria Pinilla y en algunas empresas, según informaron fuentes cercanas a la investigación. Tanto el edificio consistorial, como la casa de la alcaldesa, están custodiados por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía.
Esta operación denominada 'Molinos', fue iniciada por orden del Juzgado de Instrucción de La Almunia de doña Godina está dirigida por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial.
Un total de 18 personas están detenidas, entre las que se encuentran la alcaldesa María Victoria Pinilla (PAR), su marido, el concejal Juan Rodrigo Vela, el secretario del ayuntamiento y el arquitecto municipal, además de varios empresarios de Zaragoza, Madrid y San Sebastián.
Llámese a las cosas por su nombre.
Con la detención de la alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, del PAR, por su presunta implicación en un delito de corrupción urbanística en la 'operación Molinos' son, al menos, 16 los alcaldes detenidos en el ejercicio del cargo por este tipo de delito desde hace tres años, cuando en abril de 2006 se destapó la 'Operación Malaya'.
¿cómo se hará semejante cosa?
La corrupción ha estallado en Aragón: estalla en La Muela y aún estalla poco. Si prende puede correr como un verdadero reguero por todo el tinglado empresarial del gobierno autonómico ...
Surgen nuevas plataformas y nuevos discursos:
La Plataforma Sindical Independiente de la Función Pública, integrada por las organizaciones sindicales FEDECA (Federación de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado), SAP (Sindicato de la Administración Pública), CSIT Unión Profesional, CGT (Confederación General del Trabajo), SISEX (Sindicato Independiente del Servicio Exterior del Estado y ATCAISS (Asociación de Trabajadores de los Centros de Atención de Información de la Seguridad Social), que dicen tener una representación global superior al 40% de los empleados públicos, rechazan el Acuerdo firmado por UGT, CC.O y CSI-CSIF en diciembre de 2007, por el que se marcaron una subida salarial real del 2%.
Esta Plataforma, se opone, en una nota de prensa, a que se considere "como subida salarial" la aportación forzosa a un Plan de Pensiones que "sólo enriquece a UGT y CC.OO, a través de su empresa Gestión de Previsión e Inversiones S. L., acompañados por el BBVA, con unas ganancias aproximadas de un millón de euros al año en comisiones", y perjudicando al colectivo de empleados públicos "dada la baja rentabilidad en la gestión".
La anunciada reducción de las pensiones de los funcionarios del Estado, fijada en los Presupuestos de 2009, "pone de manifiesto, una vez más, la inoperancia de los llamados sindicatos mayoritarios, UGT, CC.OO. y CSI-CSIF", firmando acuerdos que "permiten a la Administración" tomar medidas “sustentadas en los acuerdos sociales”, según la ministra Salgado.
Según esta Plataforma, "el acuerdo de negociación sindical vigente en la Administración, no es válido", ni por su forma, ni por los agentes que se sientan en las mesas ya que "no representan los intereses de quienes deben defender". "Han convertido las mesas de negociación en auténticos monopolios sujetos a un servilismo hacia el Gobierno a cambio de suculentas subvenciones públicas", remachan.
Por todo ello concluyen: "Los funcionarios y los empleados públicos, ante tantas tomaduras de pelo, hemos decidido decir en alto nuestra problemática que, no es sólo nuestra, sino común y repercusiva en la problemática de toda la sociedad. Así mismo, esta Plataforma, consciente de la coyuntura desfavorable por la que estamos atravesando, insta a la Administración a que la admita a negociar la problemática profesional y económica de los empleados públicos, así como las necesarias y posibles medidas de reducción del gasto público".
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