Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
11 comentarios:
Pero acaso hay mañana?
¡Bravo por todos vosotros que lo habéis hecho posible! Dos mil notas de blog son un esfuerzo casi heroico en tiempos en los que el clima sólo invita a guarecerse en nuestro respectivo nicho de confort sin preocuparnos de sembrar para el mañana. Y a pensamientos pobres, resultados abominables. Esto es lo que tenemos, una Administración en la que no nos reconocemos casi ninguno y de la que es imposible sentirse orgulloso. Pero en este páramo, vuestra voz siempre se ha oído y con vuestra palabra habéis conseguido que la llama de todos los que creemos en la función pública y en la misión que a nosotros nos corresponde defender, -la única que justifica nuestra condición de funcionarios a perpetuidad- , sigua viva y apelando a nuestras conciencias. Vuestra fe y vuestro ejemplo de coraje nos impele a salir del agujero, a no resignarnos y a recordar que vuestra lucha en defensa del Estado de Derecho es la nuestra y requiere de nuestra responsabilidad y de la actitud con que cada día acometamos nuestra jornada laboral. Leeros nos nutre. Muchas gracias por vuestra generosidad, compromiso y dedicación y por alimentar nuestra confianza en que podemos progresar, debemos progresar.
El sindicato CCOO pidió ayer el cese "inmediato" del gerente y responsable de recursos humanos de la empresa pública Sarga, que tiene una plantilla de 1.200 trabajadores, y la eliminación de los sobresueldos.
Francisco José González, secretario general del sector autonómico de CCOO, denunció en un comunicado la situación laboral en Sarga, consecuencia a su juicio de la mala gestión del proceso de fusión de Sirasa y Sodemasa, y reclamó la atención "inmediata" del nuevo gobierno que surja de las elecciones.
La central sindical pide que se implante un sistema de selección de personal público "objetivo y transparente", una auditoría interna que detecte las irregularidades existentes, un nuevo convenio colectivo, cumplir la Ley de Montes y garantizar la prestación de servicios públicos esenciales.
González advirtió de que en la empresa hay "una doble escala salarial entre trabajadores de la misma categoría" y sobresueldos que "van desde los 600 hasta los 9.000 euros camuflados bajo la denominación de complementos personales".
"El problema de Sarga --apuntó-- son los trabajadores que venían de Sodemasa, que mantienen relaciones familiares o personales con destacados miembros del PAR --y en menor medida con el PSOE-- que dirigían la empresa".
Según este dirigente sindical, se "promovió una red de favoritismos creada y tejida por el PAR con el apoyo activo del PSOE durante 10 años", que el PP "no ha desmantelado en sus cuatro años de Gobierno". "Esta situación está llevando a Sarga al precipicio financiero. El único año en el que había obtenido beneficios, el 2014, destinará el dinero a pagar la readmisión de la antigua responsable de recursos humanos de Sodemasa, despedida de manera improcedente", explicaron en el comunicado.
González denunció el silencio ante esta situación y aseguró que se produce "por el enchufismo del PAR y el PSOE con algunos delegados sindicales de la plantilla" de la empresa pública, a cuyo cierre se está forzando.
EL PERIÓDICO 21/05/2015
El deje de desánimo de la nota por no lograr más de lo logrado no debe hacer olvidar que sin la labor desarrollada la realidad de hoy sería mucho peor.
El que hace querría hacer más, y el que no hace nada critica lo poco que hacen los otros. Esto parece que no cambia nunca.
A partir de junio, más de 1.300 familias que llevaban más de ocho meses esperando empezarán a cobrar el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), según estimaciones de la Plataforma de profesionales de los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) no confirma ni desmiente este dato, pero reconoce que la tramitación acumula retraso.
A partir del 30 de mayo empezarán a cobrar esta prestación (fundamental para las familias más vulnerables) las personas que la pidieron por primera vez en agosto, septiembre y octubre. Y también los que cobraron el IAI el año pasado y estaban esperando la renovación desde octubre o noviembre. Durante estos meses, la mayoría de ellos no han recibido ningún ingreso y han sobrevivido con ayudas de urgente necesidad del Ayuntamiento de Zaragoza y de distinta entidades sociales, como Cáritas.
Según el IASS, 5.200 personas reciben en estos momentos el IAI. Los datos no coinciden con los de los trabajadores sociales, que cuentan el número de expedientes o familias. Según la plataforma, en la provincia de Zaragoza hay 2.500 perceptores del IAI (la mayoría en la capital) y otros 500 entre Huesca y Teruel. El próximo mes, habrá 1.300 más en Zaragoza y continuará habiendo más de 2.000 familias en lista de espera, según las estimaciones de los trabajadores sociales.
"Desde la plataforma creemos que no existe voluntad política de resolver la situación que padecen los miles de aragoneses más vulnerables en esta situación de crisis. La ley establece un plazo de un mes para resolver los expedientes, algo que el gobierno ha incumplido durante toda la legislatura. Estas 1.300 familias podrían estar cobrando desde hace meses. Hay dinero presupuestado, pero es un problema de gestión o de voluntad de la DGA", critican desde la plataforma.
heraldodearagon
¿Cómo es posible todo esto?
La plataforma de trabajadores sociales considera que la DGA debería destinar más presupuesto al IAI y más trabajadores para tramitar los expedientes. En los últimos meses ha reforzado la plantilla, "pero sigue siendo insuficiente". El mes pasado sólo se resolvieron 350 solicitudes, según esta plataforma.
"Para este 2015 se presupuestaron 30 millones de euros. El importe destinado al IAI en tres años se ha multiplicado prácticamente por cinco. Esto demuestra claramente la apuesta del actual Gobierno por esta ayuda", aseguran fuentes del IASS.
heraldo
El Justicia de Aragón ha vuelto a cargar contra el Gobierno de Aragón por su actuación en materia de dependencia e insiste en advertir, con ejemplos ocurrido en Murcia u Ourense, de posibles intervenciones judiciales contra la demora de la Administración a la hora de dar prestaciones a los usuarios.
En este caso, Fernando García Vicente se refiere a un retraso en la concesión en la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA) a un hombre al que el 8 de febrero del 2013 ya se le aprobó la dependencia pero que todavía no ha recibido la cantidad. La DGA determinó un servicio en un centro de día del municipio del perceptor y una prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Sin embargo, el Justicia se refiere a la "inactividad" de la Administración y apunta que hizo tres peticiones de información al Ejecutivo, sin respuesta alguna.
epa
Emilio Lledó: “Ojalá este domingo regrese la decencia”
Lo que hay en la Administración autonómica es total impunidad. ¿No tiene ninguna responsabilidad legal el gestor público que dirige el servicio y que incumple la ley?
El ciudadano que sufre esta injusticia y no tiene para comer no puede iniciar acciones legales contra esta situación. Es vergonzoso que se ahorre en la atención a las personas más desprotegidas. Los sindicatos de la DGA deberían hacer un análisis profundo del funcionamiento administrativo interno de ciertos servicios públicos.
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