viernes, 22 de mayo de 2015

NECESIDAD DE CAMBIO AL CONCLUIR EL GOBIERNO DE LUISA FERNANDA RUDI CON UN POBRE, MUY POBRE BALANCE.



Al inicio de una legislatura, todas las promesas parecen realizables, los nuevos responsables no dudan de su capacidad para modificar el estado insatisfactorio de las cosas –que tanto han criticado desde la oposición-, pero no tarda mucho en imponerse la realidad que se esconde tras los slogans y las promesas electorales –las hipotecas que llevan a reproducir y mantener los vicios criticados, cambiando únicamente a los beneficiarios de los mismos-, y así cualquier pretensión de renovación cede rápidamente ante los intereses establecidos y las malas prácticas políticas arraigadas.  Desaparece la credibilidad de quienes se anunciaban como regeneradores y comienza una operación de propaganda, para hacer creer a todos que se está haciendo lo contrario de lo que se hace. Todo ello queda muy lejos de lo que significa gobernar

La profesionalización pretendida –o, al menos, anunciada- da paso a la colonización política de diferente signo, y la quiebra interna de la función pública –y del clima laboral de la organización- no hace sino avanzar, alcanzándose nuevas cotas de arbitrariedad y de degradación de la gestión pública. El Gobierno que renegaba de las convalidaciones de gasto público –como demostración del desgobierno del equipo anterior- ha sido incapaz de corregirlas en sus cuatro años de mandato, y dejará numerosas facturas sin pagar por no hallarse respaldadas por contratos válidos. El Gobierno que se quejaba de las deudas acumuladas en prestaciones para personas en situación de dependencia al inicio de esta legislatura, no ha hecho sino incrementarlas exponencialmente, empujando a los ciudadanos hacia una situación de total desconfianza en el funcionamiento del Sistema Público de Servicios Sociales. La incompetencia y la mala gestión ha estado presente en ésta y en otras muchas áreas de la gestión pública. Basta para comprobarlo la simple lectura de los informes emitidos por la Cámara de Cuentas de Aragón.

Todas las disfunciones de la Administración permanecen intactas o agravadas –sin perjuicio de insuficientes avances en materia de transparencia, como la posible consulta sobre el estado de ocupación de las relaciones de puestos de trabajo-, y la función pública autonómica carece de la más elemental hoja de ruta que marque su evolución futura. El Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón naufraga en las Cortes de Aragón, y la normativa de función pública se administra sin criterio alguno, cumpliendo aquello que apetece y olvidando lo que interesa.

El Estado de Derecho, con la sujeción de la Administración al principio de legalidad como una de sus principales señas de identidad, no se respeta, se arrincona como algo en desuso, y frente a la reivindicación de legalidad de tantos ciudadanos el discurso del Gobierno apela a la calidad y la transparencia. Finalmente, no tenemos ni legalidad, ni calidad ni transparencia. La cortina de humo levantada, sin embargo, se disipará en la jornada electoral de este domingo, y la realidad de la Administración quedará plenamente al descubierto en próximas fechas, cuando la Cámara de Cuentas levante su silencio sobre los informes de fiscalización de la gestión de este equipo de gobierno.

Necesitamos cambios profundos en el ámbito de la Administración Pública, porque los ciudadanos no se merecen un aparato burocrático que lastra el desarrollo de la sociedad, y que abandona las tareas estratégicas que le corresponde llevar a cabo para favorecer el desarrollo y el bienestar colectivo. Una Administración incapaz de trabajar con respeto a las leyes y con resultados acordes a los recursos consumidos reclama una reforma radical, en sus estructuras y en sus hábitos de trabajo.

Los empleados públicos han de dejar de ser unos trabajadores por cuenta ajena con un régimen jurídico privilegiado frente a los trabajadores del sector privado, y pasar a ser verdaderos servidores públicos, garantes de la legalidad y de la eficacia administrativa. Pero el horizonte deseable para dotarnos de verdaderos servidores públicos exige cambios en todos los niveles, en el nivel de gobierno, en el de la dirección administrativa y en la actitud de todos y cada uno de quienes hoy por hoy trabajamos en la función pública, olvidando en muchas ocasiones la responsabilidad social que nos corresponde, y por la cual se nos garantiza un estatuto jurídico que incluye la inamovilidad de nuestra condición.

Reclamamos una legislatura de cambios reales, cambios que no se agotan con otro color político del Gobierno, sino con un cambio en las formas de gobernar, en el sentido de la acción política, en la concepción del papel que corresponde a las Administraciones Públicas y en la idea de la responsabilidad social que han de asumir los servidores públicos para contribuir a la calidad de nuestra democracia y al aseguramiento de la dignidad de todos los ciudadanos, tanto en su relación con los poderes públicos como en sus condiciones de vida.

Queremos una Administración que deje de estar sometida a la arbitrariedad del poder político, y que esté al servicio de la democracia y de los ciudadanos, aplicando las políticas determinadas por quienes cuentan con la confianza de los representantes de los ciudadanos. Queremos una Administración consciente del nivel de exigencia y solvencia que impone el actual momento de nuestra sociedad.