miércoles, 6 de mayo de 2015

BALANCE DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS: EVALUACIÓN NECESARIA AL TÉRMINO DE CADA LEGISLATURA.



El final de legislatura supone el término del mandato del Parlamento autonómico y, consecuencia de ello, también del Gobierno salido de las elecciones, tras obtener la confianza parlamentaria a través del procedimiento de investidura de su Presidente. El final de un periodo de gobierno debiera ir acompañado de un balance objetivo de lo realizado, y del grado de cumplimiento del programa de gobierno presentado ante el Parlamento.

Una acción de gobierno no evaluada supone una falta de transparencia en la gestión pública, que impide a los ciudadanos conocer de forma objetiva el resultado de cuatro años de gestión de los diferentes servicios públicos. Ello abre la puerta a la propaganda de unos y a la descalificación de otros. No es posible que, entre ambos extremos, los ciudadanos –a los que corresponde nuevamente ejercer el derecho a voto para decidir la orientación del nuevo gobierno- carezcan de una evaluación objetiva y fiable sobre los resultados reales de la acción de gobierno, mediante una serie de indicadores establecidos para conocer el nivel de calidad de los servicios públicos al comienzo y al final de una legislatura.

No parece razonable que los cargos públicos queden sometidos a un control patrimonial –debiendo declarar bienes y actividades al comienzo de su mandato y al término del mismo-, y sin embargo no podamos contar con una evaluación del resultado de su labor de gobierno, que es lo que realmente interesa a los ciudadanos.

Dos hechos significativos ponen de relieve la ausencia de esta evaluación, que priva a los ciudadanos de datos objetivos para poder valorar a su vez la actuación del Gobierno de Aragón saliente.

En primer lugar, la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha tenido que suspender la realización de una rueda de prensa para hacer balance de sus años de gobierno, pues tal tipo de actos de balance de parte vienen expresamente prohibidos por la legislación electoral, al considerarlos propaganda gubernamental que incide indebidamente sobre el proceso electoral. Parece razonable que se eviten ese tipo actos institucionales que, en realidad, tienen un componente inequívocamente electoralista, y que en consecuencia deben remitirse a los actos de campaña electoral.

En segundo lugar, y esto parece menos razonable desde la perspectiva de los ciudadanos, el Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Antonio Laguarta, ha pospuesto la presentación del informe de dicha institución sobre la gestión de varios ejercicios de la actual legislatura, para que ello no incida en el proceso electoral, tratando con ello de preservar una neutralidad política que, en las actuales circunstancias, parece justamente lo contrario. Parece que con ello se quiere ahorrar al actual Gobierno, y a los partidos políticos que lo sostienen, un conjunto de censuras a su gestión, lo que pudiera ofrecer a los ciudadanos una información objetiva sobre los modos de gestionar lo público y los resultados de dicha gestión, aunque ello se refiera básicamente al respeto de la legalidad presupuestaria.

Creemos que la Presidenta, al no poder realizar el balance que deseaba, por impedirlo la normativa electoral, debiera haber pedido a la Cámara de Cuentas que hiciera públicos sus informes sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno de Aragón, para que todos los ciudadanos pudieran conocer los resultados de la acción de Gobierno. Pero no lo ha hecho, y es muy posible que haya recibido con alivio el anuncio –y regalo- realizado por el máximo responsable de la Cámara de Cuentas.

Al igual que la Ley impide hacer actos institucionales por los responsables del Gobierno para vender las bondades de su gestión, la misma Ley debiera obligar a los órganos de control a que sus informes se rindan en todo caso con carácter previo al término de la legislatura, y siempre anticipando su evaluación a la convocatoria electoral, en la que unos gestores aspiran a revalidar el voto de los ciudadanos sin que estos ciudadanos tengan acceso a una información fiable sobre la labor de gobierno desarrollada. Un Gobierno que se ufana de su política de transparencia lo primero que debiera poner a disposición de los ciudadanos y electores, ante una nueva cita electoral, es la información elaborada por los órganos institucionales de control sobre la gestión realizada. Mientras esto no suceda, la calidad de nuestra democracia seguirá estando muy lejos de lo deseable, y la transparencia de la que tanto se presume tendrá mucho más de apariencia que de realidad.