El
final de legislatura supone el término del mandato del Parlamento autonómico y,
consecuencia de ello, también del Gobierno salido de las elecciones, tras
obtener la confianza parlamentaria a través del procedimiento de investidura de
su Presidente. El final de un periodo de gobierno debiera ir acompañado de un
balance objetivo de lo realizado, y del grado de cumplimiento del programa de
gobierno presentado ante el Parlamento.
Una
acción de gobierno no evaluada supone una falta de transparencia en la gestión
pública, que impide a los ciudadanos conocer de forma objetiva el resultado de
cuatro años de gestión de los diferentes servicios públicos. Ello abre la
puerta a la propaganda de unos y a la descalificación de otros. No es posible
que, entre ambos extremos, los ciudadanos –a los que corresponde nuevamente
ejercer el derecho a voto para decidir la orientación del nuevo gobierno-
carezcan de una evaluación objetiva y fiable sobre los resultados reales de la
acción de gobierno, mediante una serie de indicadores establecidos para conocer
el nivel de calidad de los servicios públicos al comienzo y al final de una
legislatura.
No
parece razonable que los cargos públicos queden sometidos a un control patrimonial
–debiendo declarar bienes y actividades al comienzo de su mandato y al término
del mismo-, y sin embargo no podamos contar con una evaluación del resultado de
su labor de gobierno, que es lo que realmente interesa a los ciudadanos.
Dos
hechos significativos ponen de relieve la ausencia de esta evaluación, que
priva a los ciudadanos de datos objetivos para poder valorar a su vez la
actuación del Gobierno de Aragón saliente.
En
primer lugar, la Presidenta
del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha tenido que suspender la
realización de una rueda de prensa para hacer balance de sus años de gobierno,
pues tal tipo de actos de balance de parte vienen expresamente prohibidos por
la legislación electoral, al considerarlos propaganda gubernamental que incide
indebidamente sobre el proceso electoral. Parece razonable que se eviten ese
tipo actos institucionales que, en realidad, tienen un componente inequívocamente
electoralista, y que en consecuencia deben remitirse a los actos de campaña
electoral.
En
segundo lugar, y esto parece menos razonable desde la perspectiva de los
ciudadanos, el Presidente de la
Cámara de Cuentas de Aragón, Antonio Laguarta, ha pospuesto
la presentación del informe de dicha institución sobre la gestión de varios
ejercicios de la actual legislatura, para que ello no incida en el proceso
electoral, tratando con ello de preservar una neutralidad política que, en las
actuales circunstancias, parece justamente lo contrario. Parece que con ello se
quiere ahorrar al actual Gobierno, y a los partidos políticos que lo sostienen,
un conjunto de censuras a su gestión, lo que pudiera ofrecer a los ciudadanos una
información objetiva sobre los modos de gestionar lo público y los resultados
de dicha gestión, aunque ello se refiera básicamente al respeto de la legalidad
presupuestaria.
Creemos
que la Presidenta,
al no poder realizar el balance que deseaba, por impedirlo la normativa
electoral, debiera haber pedido a la
Cámara de Cuentas que hiciera públicos sus informes sobre la
ejecución presupuestaria del Gobierno de Aragón, para que todos los ciudadanos
pudieran conocer los resultados de la acción de Gobierno. Pero no lo ha hecho,
y es muy posible que haya recibido con alivio el anuncio –y regalo- realizado
por el máximo responsable de la
Cámara de Cuentas.
Al
igual que la Ley
impide hacer actos institucionales por los responsables del Gobierno para
vender las bondades de su gestión, la misma Ley debiera obligar a los órganos
de control a que sus informes se rindan en todo caso con carácter previo al término
de la legislatura, y siempre anticipando su evaluación a la convocatoria
electoral, en la que unos gestores aspiran a revalidar el voto de los
ciudadanos sin que estos ciudadanos tengan acceso a una información fiable
sobre la labor de gobierno desarrollada. Un Gobierno que se ufana de su política
de transparencia lo primero que debiera poner a disposición de los ciudadanos y
electores, ante una nueva cita electoral, es la información elaborada por los órganos
institucionales de control sobre la gestión realizada. Mientras esto no suceda,
la calidad de nuestra democracia seguirá estando muy lejos de lo deseable, y la
transparencia de la que tanto se presume tendrá mucho más de apariencia que de
realidad.
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