UN PROYECTO DE LEY QUE LAS CORTES DEBEN DESCARTAR: EL PROYECTO DE LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA DE ARAGÓN.

Este mes concluirán su labor legislativa las Cortes de Aragón, al aprobarse el Decreto de convocatoria de elecciones autonómicas que tendrán lugar el cuarto domingo de mayo, como dispone la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, y numerosos proyectos legislativos del Gobierno de Aragón decaerán o quedarán incluso sin alcanzar la condición de Proyecto de Ley, pendientes de la suerte que les pueda corresponder en la próxima legislatura. La primera conclusión que cabe obtener de dicho dato es que ni el Gobierno ni los diferentes Departamentos han actuado con diligencia en el desarrollo del programa legislativo de la legislatura. Ha llegado el final de curso, y los deberes no estaban hechos o lo estaban con muy escasa calidad, lo que impide o desaconseja su aprobación.

Entre los Proyectos de Ley que finalmente podrían quedar descartados, con la excusa de la falta de tiempo para un debate adecuado, se encuentra el Proyecto de Ley de la Función Pública de Aragón. Celebraremos que, finalmente, dicho texto no vea la luz y quede como un texto fallido, carente de virtualidad para diseñar un modelo de función pública profesional como el que requiere nuestra Comunidad Autónoma. Creemos que las recientes declaraciones del secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán, sobre la descolonización de la función pública por parte de los partidos, y la eliminación de la libre designación en los puestos de jefe de servicio, constituyen una rotunda descalificación del modelo propugnado en el Proyecto de Ley de Función Pública remitido por el Gobierno de Aragón al Parlamento autonómico. Es evidente que el modelo de función pública requiere un nivel de consenso entre los partidos mayoritarios, con vocación y posibilidades de gobierno, que en este momento ya no se produce.

Dicho dato, de carácter político, se viene a sumar a la principal carencia del Proyecto de Ley, señalada reiteradamente por esta Asociación, y en la que hemos fundamentado nuestra petición de retirada del Proyecto, como es la carencia de una verdadera memoria económica, que determine el coste presupuestario de sus medidas, y en particular el modelo de carrera horizontal universal. La ausencia de dicha evaluación económica, y la frívola remisión a las disponibilidades presupuestarias futuras, mostraba tanto el carácter inviable de la norma como su falta de sostenibilidad económica. Resulta falaz e injustificable que un Gobierno incapaz de llevar a cabo la devolución parcial de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 impulse una ley que contempla un indeterminado pero significativo incremento de los costes de personal, en la lógica de establecer unos servicios públicos más gravosos para los ciudadanos, sin mayor garantía de calidad.

Una administración más cara y menos profesional: ese es el exacto modelo que propugna el actual Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón, tramitado por las Cortes de Aragón. Es lógico que dicho modelo sea rechazado o, al menos, se deje decaer, pues su aprobación supondría un verdadero dislate y una absoluta falta de responsabilidad por parte de todos los Grupos Parlamentarios, similar a la demostrada por el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi al aprobarlo.

Es necesario ponerse a trabajar ya, a partir de este momento, en un nuevo modelo de función pública, radicalmente distinto al elaborado por el actual Departamento de Hacienda y Administración Pública. Necesitamos una Administración eficiente y profesional, servida por funcionarios públicos competentes, plenamente comprometidos con la legalidad y el interés público, capaces de aplicar políticas públicas exigentes –con agilidad y solvencia- y de asegurar una acción administrativa escrupulosa con las exigencias de un Estado de Derecho. La situación actual dista mucho todavía de ese objetivo, y en estos últimos cuatro años los avances producidos han sido inexistentes. Por ello, precisamente, urge una llamada al compromiso y a la acción, para configurar y poner en marcha un nuevo modelo, alejado del autoritarismo, el sectarismo y la arbitrariedad que han marcado estos últimos cuatro años.

La no aprobación del Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón constituye el primer paso necesario para un nuevo periodo de rectificación del actual estado de cosas en la Administración autonómica. Dicho Proyecto lo calificamos en su momento de inservible y celebraríamos que dicha consideración haya podido restar respaldo parlamentario al dislate aprobado por el Gobierno de Aragón, sin que el aval de los sindicatos de la función pública sea suficiente para compensar todas sus deficiencias.