viernes, 27 de marzo de 2015

LA TRANSPARENCIA A EXAMEN: SE IMPONE EL ESCEPTICISMO.



Esta Asociación no puede participar de la satisfacción general de los Grupos Parlamentarios por la aprobación de la Ley de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, si bien es necesario reconocer que la norma aprobada constituye un avance significativo en aspectos que inciden directamente en la calidad democrática. Pero, en materia de límites al poder público, todas las leyes han de ser acogidas con cautela y un necesario escepticismo. Las leyes no son nunca suficientes para corregir hábitos contrarios al control institucional o ciudadano. Basta con observar las destempladas reacciones, por parte del Gobierno de Aragón o del Ayuntamiento de Zaragoza, frente a los informes de fiscalización emitidos por la Cámara de Cuentas.

Hay muchos niveles de transparencia que no es posible colocar en el mismo plano –conocer la biografía de un alto cargo puede resultar anecdótico, si no se conoce su gestión y no se evalúa su desempeño-, y tampoco es posible aceptar como transparencia una información que, como en el caso del boletín estadístico de personal de la Administración autonómica, se presenta con una estructura arbitraria y contradictoria con los grupos de titulación o categorías de empleados públicos que establece el Estatuto Básico del Empleado Público. Una información que no se ajusta a los criterios legales que ordenan un sector no es un ejercicio de transparencia, sino justamente de lo contrario, de ocultación o enmascaramiento de la realidad.

En materia de transparencia no podemos admitir que se nos dé gato por liebre, y debemos rechazar que se presente una Ley que viene impuesta por la normativa estatal aprobada en diciembre de 2013 como el gran avance de la legislatura, cuando la regulación correspondiente a buen gobierno y conflictos de intereses de miembros del Gobierno de Aragón y altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma, contenida en una iniciativa legislativa distinta, se ha dejado decaer, lo que provoca que la actual legislatura haya sido infructuosa para incorporar al Gobierno de Aragón y a la Administración autonómica las exigencias de nivel ético que desde 2006 se aplican al Gobierno de España y a la Administración General del Estado. No se ha dado ninguna explicación razonable para que se haya dejado decaer un complemento imprescindible de la Ley de Transparencia. Es más, este hecho obliga a dudar de las verdaderas razones que llevaron a su tramitación independiente, como reforma de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.

Disponer de una ley –aun siendo una ley exigente, cosa que no cabe aplicar al caso de la ley aprobada por las Cortes de Aragón- no es una garantía de su cumplimiento, a pesar de que nuestra Constitución proclame todos los principios propios de un Estado de Derecho, pues de sobra hemos visto al Gobierno de Aragón incumplir la legalidad en materia de acceso al empleo público o de derecho de petición, o incurrir de forma reiterada en un incumplimiento tan injustificado e inexplicable como el de la publicación de los nombramientos y ceses del personal eventual, exigido por el artículo 25.5 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón. Poca fiabilidad cabe reconocer al Gobierno de Aragón en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, cuando ha sido incapaz hasta la fecha de cumplir con una obligación de publicación impuesta por Ley desde 2009, pese a las sentencias judiciales recaídas.

Creemos que la nueva Ley de Transparencia, como otras tantas Leyes que imponen obligaciones a los poderes públicos, ha de ser objeto de un estricto control de cumplimiento por parte de los ciudadanos, de la sociedad civil y de los medios de comunicación. Y los incumplimientos han de ser puestos de manifiesto, para exigir su corrección. A esa tarea se compromete esta Asociación, dentro de sus limitadas capacidades, que sumaremos al control del cumplimiento de las obligaciones legales en materia de función pública o del grado de respeto hacia el derecho de petición ejercido por los ciudadanos.

Una Ley de Transparencia es insuficiente para generar una cultura de transparencia en las instituciones públicas y en el conjunto de las administraciones. Estamos ante un simple punto de partida, que nos debe llevar a estar vigilantes en cuanto al respeto de lo aprobado y a la mejora de la propia norma aprobada, que sigue sin incorporar a la Comunidad Autónoma pautas de actuación implantadas en la Administración General del Estado desde hace casi diez años. El retraso en la equiparación normativa no es casual, sino muestra evidente de la falta de compromiso real de nuestro Gobierno autonómico con las exigencias de buen gobierno.