viernes, 27 de marzo de 2015

LAS INSTITUCIONES DE CONTROL HAN DE ACTUAR CON RIGOR SUFICIENTE PARA AMPARAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.



La falta de aprobación de oferta de empleo público correspondiente a 2014 dio lugar, en un primer momento, a la formulación de una queja de esta Asociación ante el Justicia de Aragón por vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública por parte del Gobierno de Aragón. Ello dio lugar a la tramitación de un procedimiento de queja, que sorprendentemente fue archivado por dicha institución ante la información facilitada por la Administración sobre la prevista aprobación de sendos decretos de oferta para el personal docente no universitario y de sanidad.

Es posible que el papel de mediación entre ciudadanos y poderes públicos pudiera concluir, en ciertos casos, con un compromiso de la Administración como el comunicado al Justicia de Aragón, pero la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, dada su indisponibilidad por parte de los poderes públicos, no admite cumplimientos parciales o incompletos, como el indicado en la respuesta de la Administración, ni permite acuerdos a la baja como durante años han venido estableciendo en las mesas de negociación administración y sindicatos.

Esta Asociación tiene perfectamente asumido el hecho de que el único control efectivo de los derechos fundamentales son los Tribunales de Justicia, y ni siquiera en dicho ámbito hay garantía suficiente de que prosperen las tesis más garantistas del derecho, que conllevaría la anulación de las tasas de reposición de efectivos establecidas en las Leyes de Presupuestos, con clara vulneración de la regulación establecida en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Por ello, hemos tenido que acudir, una vez más, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón para reclamar el amparo judicial frente a la inactividad normativa en que incurre el Gobierno de Aragón al no aprobar oferta de empleo en el ámbito de administración general para 2014, decisión que comunicamos en su momento a la Presidenta del Gobierno de Aragón y a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, y que teníamos pendientes de comunicar al Justicia de Aragón, que de manera precipitada archivó nuestra queja por falta de oferta, admitiendo con ello la posibilidad de que se aprobase una oferta selectiva, exclusivamente en determinados sectores de la administración, privando del ejercicio de dicho derecho a quienes quisieran ejercerlo en el ámbito de administración general.

No podemos compartir la decisión adoptada por el Justicia de Aragón en este punto ni los criterios del Gobierno de Aragón a la hora de aprobar la oferta de 2014, y por ello acudimos al Tribunal Superior de Justicia de Aragón frente a la inacción del Gobierno, pues en este caso hemos de convenir que la vulneración del derecho ocurre por omisión, al no aprobarse la oferta que exige el Estatuto Básico del Empleado Público, y con ello impedir el desarrollo de los procesos selectivos necesarios para cubrir, al menos, las vacantes ocupadas por funcionarios interinos.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido al Justicia de Aragón:


“Excmo. Sr. Justicia de Aragón
C/ Don Juan de Aragón, 7
50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 27 de marzo de 2015.

Estimado señor:

En mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, deseo informarle del recurso contencioso-administrativo promovido por nuestra Asociación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón frente a la inactividad del Gobierno de Aragón, por no aprobar el Decreto correspondiente a la Oferta de empleo público para 2014 en el ámbito de la administración general de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Tal aprobación fue expresamente requerida al Consejero de Hacienda y Administración Pública, Javier Campoy, mediante escrito de 8 de noviembre de 2014, sin que el mismo haya obtenido respuesta alguna.

Pese al citado requerimiento, y una vez concluido el ejercicio 2014, cabe constatar que el Gobierno de Aragón no ha aprobado oferta de empleo correspondiente al ámbito de administración general, ya que, en lugar de aprobar una oferta única de empleo para 2014, se optó por aprobar ofertas sectoriales independientes para personal docente no universitario y personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, a través de los Decretos 217/2014 y 218/2014, ambos de 16 de diciembre. No parece de recibo que un derecho fundamental de los ciudadanos se garantice en ciertos ámbitos de la Administración y se imposibilite en otros, incurriendo con ello en desigualdad arbitraria o discriminación como viene a hacerse con las ofertas aprobadas

Con la inactividad normativa señalada, el Gobierno de Aragón reincide en el incumplimiento del deber legal de aprobación de oferta anual de empleo público –como ya ocurrió en 2012 y 2013- y se evidencia la resistencia reiterada a asegurar la realización de un derecho fundamental de los ciudadanos –vinculante para todos los poderes públicos- y una clara voluntad de inaplicación del régimen de selección de personal que se establece tanto en el Estatuto Básico del Empleado Público como en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

No aprobar las disposiciones que exigen las Leyes, cuando las mismas resultan necesarias para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, es un claro supuesto de vulneración del ordenamiento jurídico, y por ello esta Asociación ha reaccionado frente a tal incumplimiento, promoviendo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón el correspondiente recurso judicial, utilizando el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, al afectar el citado incumplimiento de manera directa al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la función pública, reconocido a todos los ciudadanos en el artículo 23.2 de la Constitución Española.

Creemos oportuno poner en su conocimiento el hecho de que esta Asociación se ha visto finalmente obligada a promover una acción judicial en defensa del derecho fundamental de acceso a la función pública por la falta de aprobación de oferta en el ámbito de administración general, toda vez que, en su día, dirigimos escrito de queja a esa institución por la falta de aprobación de oferta de empleo público, dando lugar a la tramitación del expediente DI-1346/2014-4, comunicándonos el archivo de la queja con fecha 7 de enero de 2015, a la vista de la intención declarada por la Administración de aprobar sendos decretos de oferta en los ámbitos de personal docente no universitario y de sanidad, pese a que en ningún momento se justificase la razón de no aprobar oferta correspondiente al ámbito de administración general.

Agradeciéndole de antemano su atención, reciba nuestro más respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”

1 comentario:

Anónimo dijo...



No basta con una defensa a medias, pues el derecho al final se acaba vulnerando, aunque pueda serlo en menor medida.