jueves, 19 de marzo de 2015

NI TIEMPO NI VOLUNTAD PARA INVESTIGAR LOS ABUSOS COMETIDOS EN LA EMPRESA PÚBLICA SARGA.



El pasado 12 de enero de 2015, esta Asociación dirigió un escrito al Presidente de las Cortes de Aragón, en el que, de acuerdo con lo señalado en los artículos 62 y 64 del Reglamento de las Cortes de Aragón, y al amparo del derecho fundamental de petición que establece el artículo 29 de la Constitución Española, solicitábamos que los órganos parlamentarios competentes impulsasen la creación de una comisión de investigación, al objeto de esclarecer las diferentes irregularidades que hayan podido producirse tanto en materia de selección del personal de la empresa pública Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA) como en el indebido ejercicio por su personal de funciones reservadas a funcionarios del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, desarrolladas en las propias oficinas de la Administración autonómica.

Dicha petición venía motivada por el hecho de que, en diciembre de 2014, en el transcurso de la comparecencia efectuada por representantes de Candidatura Independiente SARGA ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de ese Parlamento, se denunciase públicamente por uno de sus respresentantes la existencia de más de cuatrocientos trabajadores de la empresa pública Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA) que han figurado como candidatos en las distintas listas electorales del Partido Aragonés (PAR).

A la vista de ello, entendíamos que, ante el hecho de que tal afirmación se hubiese efectuado ante una Comisión de las propias Cortes de Aragón, institución a la que corresponde ejercer el control sobre la acción del Gobierno, conforme a lo señalado en el artículo 33.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón, los propios órganos de gobierno de la Cámara o, en su defecto, a los Grupos Parlamentarios deberían impulsar las oportunas iniciativas de control que permitan esclarecer la situación en que se halla el personal del sector público autonómico y, en particular, constatar las condiciones de selección del mismo a fin de establecer las posibles conexiones existentes entre los procesos selectivos de personal y la confección de candidaturas en los procesos electorales municipales y autonómicos.

Entendíamos –y lo seguimos entendiendo- que los hechos denunciados requerían una investigación rigurosa sobre las responsabilidades que puedan concurrir en la contratación irregular del personal de las empresas públicas, correspondiendo en concreto al Parlamento autonómico determinar la responsabilidad política en la que hayan podido incurrir los miembros del Gobierno de Aragón al propiciar o tolerar una irregular selección del personal, guiada por criterios de carácter político o clientelar, o la indebida utilización del personal de dichas empresas para atender funciones propias de funcionarios en el ámbito de la Administración departamental.

La petición de esta Asociación ha sido tramitada por parte de la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas, cuya Mesa acordó en sesión celebrada el 27 de febrero de 2015 remitirla a los distintos Grupos Parlamentarios para que, como principales sujetos parlamentarios legitimados para proponer al Pleno la creación de una comisión de investigación, valoren la procedencia de la iniciativa y, en su caso, presenten la pertinente propuesta. Así lo comunica a esta Asociación la Presidenta de la citada Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas, Ana Marín Pérez.

Como señala el artículo 63.1 del Reglamento del Parlamento autonómico, “el Pleno de las Cortes, a propuesta de la Diputación General, de la Mesa de la Cámara, de dos Grupos Parlamentarios o de la quinta parte de los Diputados, podrá acordar la creación de una Comisión de investigación sobre cualquier asunto de interés público, estableciendo en el acuerdo de constitución el plazo de finalización de sus trabajos”. A la vista del citado precepto, resulta patente el hecho de que la Comisión, en el presente caso, ha actuado como mero intermediario entre la Asociación y los Grupos Parlamentarios, papel claramente superfluo desde el momento en que esta Asociación ya se había dirigido directamente a los distintos Grupos Parlamentarios con la citada propuesta. 

Lo razonable sería que, en su caso, y en el supuesto de que la Comisión desease, como es habitual, evitar todo pronunciamiento sobre el contenido de la petición formulada, la remisión de la petición la realizase a todos los órganos e instituciones competentes para promover la propuesta de creación de una comisión de investigación, sin limitarla a los grupos parlamentarios. Ello obligaría a que la Mesa de las Cortes y el Gobierno de Aragón debatieran tal petición y dieran una respuesta razonada sobre su aceptación o rechazo, como exige el derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española.

Tal obligación de respuesta motivada no parece recaer en los Grupos Parlamentarios, y por lo tanto la forma de proceder de la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas opera, de facto, un vaciamiento del derecho de petición, al propiciar que la misma quede sin una respuesta razonada sobre su aceptación o rechazo. La práctica establecida, por el contrario, reduce la virtualidad del derecho al simple traslado a los Grupos Parlamentarios de sugerencias por parte de los ciudadanos, algo que no en modo alguno precisa de canalizarse a través de una Comisión Parlamentaria ni ejercerse con los requisitos y garantías de que se dota al derecho fundamental de petición.

Al margen de la necesidad de revisar la tramitación que las Cortes de Aragón vienen dando a las peticiones dirigidas a la institución al amparo del derecho constitucional y del Reglamento parlamentario, lo que se evidencia en suma es la falta de voluntad del conjunto del Parlamentario y de cada uno de sus diferentes Grupos Parlamentarios para someter a una investigación adecuada las prácticas abusivas y clientelares existentes en el sector público autonómico y, muy especialmente, en la empresa SARGA. 

Queda patente que la regeneración democrática no se encuentra en la agenda de la actual legislatura, constituyendo una prioridad inaplazable que deberá abordarse en la legislatura próxima, al inicio de la cual volveremos a solicitar una investigación parlamentario sobre la contratación de personal en las empresas públicas de la Comunidad Autónoma. Los abusos no pueden pretender consolidarse gracias al transcurso del tiempo y a la inactividad de los controles institucionales.