El
pasado 12 de enero de 2015, esta Asociación dirigió un escrito al Presidente de
las Cortes de Aragón, en el que, de acuerdo con lo señalado en los artículos 62
y 64 del Reglamento de las Cortes de Aragón, y al amparo del derecho
fundamental de petición que establece el artículo 29 de la Constitución
Española, solicitábamos que los órganos parlamentarios
competentes impulsasen la creación de
una comisión de investigación, al objeto de esclarecer las diferentes
irregularidades que hayan podido producirse tanto en materia de selección del
personal de la empresa pública Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental
(SARGA) como en el indebido ejercicio por su personal de funciones reservadas a
funcionarios del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
desarrolladas en las propias oficinas de la Administración
autonómica.
Dicha
petición venía motivada por el hecho de que, en diciembre de 2014, en el
transcurso de la comparecencia efectuada por representantes de Candidatura
Independiente SARGA ante la Comisión
de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de ese Parlamento, se denunciase
públicamente por uno de sus respresentantes la existencia de más de
cuatrocientos trabajadores de la empresa pública Sociedad Aragonesa de Gestión
Agroambiental (SARGA) que han figurado como candidatos en las distintas listas
electorales del Partido Aragonés (PAR).
A
la vista de ello, entendíamos que, ante el hecho de que tal afirmación se
hubiese efectuado ante una Comisión de las propias Cortes de Aragón,
institución a la que corresponde ejercer el control sobre la acción del
Gobierno, conforme a lo señalado en el artículo 33.1 del Estatuto de Autonomía
de Aragón, los propios órganos de gobierno de la Cámara o, en su defecto, a
los Grupos Parlamentarios deberían impulsar las oportunas iniciativas de
control que permitan esclarecer la situación en que se halla el personal del
sector público autonómico y, en particular, constatar las condiciones de
selección del mismo a fin de establecer las posibles conexiones existentes
entre los procesos selectivos de personal y la confección de candidaturas en
los procesos electorales municipales y autonómicos.
Entendíamos
–y lo seguimos entendiendo- que los hechos denunciados requerían una
investigación rigurosa sobre las responsabilidades que puedan concurrir en la
contratación irregular del personal de las empresas públicas, correspondiendo
en concreto al Parlamento autonómico determinar la responsabilidad política en
la que hayan podido incurrir los miembros del Gobierno de Aragón al propiciar o
tolerar una irregular selección del personal, guiada por criterios de carácter
político o clientelar, o la indebida utilización del personal de dichas
empresas para atender funciones propias de funcionarios en el ámbito de la Administración
departamental.
La
petición de esta Asociación ha sido tramitada por parte de la Comisión de
Comparecencias y Peticiones Ciudadanas, cuya Mesa acordó en sesión celebrada el
27 de febrero de 2015 remitirla a los distintos Grupos Parlamentarios para que,
como principales sujetos parlamentarios legitimados para proponer al Pleno la
creación de una comisión de investigación, valoren la procedencia de la
iniciativa y, en su caso, presenten la pertinente propuesta. Así lo comunica a
esta Asociación la
Presidenta de la citada Comisión de Comparecencias y
Peticiones Ciudadanas, Ana Marín Pérez.
Como
señala el artículo 63.1 del Reglamento del Parlamento autonómico, “el Pleno de las Cortes, a propuesta de la Diputación General,
de la Mesa de la Cámara, de dos Grupos
Parlamentarios o de la quinta parte de los Diputados, podrá acordar la creación
de una Comisión de investigación sobre cualquier asunto de interés público,
estableciendo en el acuerdo de constitución el plazo de finalización de sus
trabajos”. A la vista del citado precepto, resulta patente el hecho de que la Comisión, en el presente
caso, ha actuado como mero intermediario entre la Asociación y los Grupos
Parlamentarios, papel claramente superfluo desde el momento en que esta
Asociación ya se había dirigido directamente a los distintos Grupos
Parlamentarios con la citada propuesta.
Lo
razonable sería que, en su caso, y en el supuesto de que la Comisión desease, como es
habitual, evitar todo pronunciamiento sobre el contenido de la petición
formulada, la remisión de la petición la realizase a todos los órganos e
instituciones competentes para promover la propuesta de creación de una comisión
de investigación, sin limitarla a los grupos parlamentarios. Ello obligaría a
que la Mesa de
las Cortes y el Gobierno de Aragón debatieran tal petición y dieran una
respuesta razonada sobre su aceptación o rechazo, como exige el derecho
fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución
Española.
Tal
obligación de respuesta motivada no parece recaer en los Grupos Parlamentarios,
y por lo tanto la forma de proceder de la Comisión de Comparecencias y Peticiones
Ciudadanas opera, de facto, un vaciamiento del derecho de petición, al
propiciar que la misma quede sin una respuesta razonada sobre su aceptación o
rechazo. La práctica establecida, por el contrario, reduce la virtualidad del
derecho al simple traslado a los Grupos Parlamentarios de sugerencias por parte
de los ciudadanos, algo que no en modo alguno precisa de canalizarse a través
de una Comisión Parlamentaria ni ejercerse con los requisitos y garantías de
que se dota al derecho fundamental de petición.
Al
margen de la necesidad de revisar la tramitación que las Cortes de Aragón
vienen dando a las peticiones dirigidas a la institución al amparo del derecho
constitucional y del Reglamento parlamentario, lo que se evidencia en suma es
la falta de voluntad del conjunto del Parlamentario y de cada uno de sus
diferentes Grupos Parlamentarios para someter a una investigación adecuada las
prácticas abusivas y clientelares existentes en el sector público autonómico y,
muy especialmente, en la empresa SARGA.
Queda
patente que la regeneración democrática no se encuentra en la agenda de la
actual legislatura, constituyendo una prioridad inaplazable que deberá
abordarse en la legislatura próxima, al inicio de la cual volveremos a
solicitar una investigación parlamentario sobre la contratación de personal en
las empresas públicas de la Comunidad
Autónoma. Los abusos no pueden pretender consolidarse gracias
al transcurso del tiempo y a la inactividad de los controles institucionales.
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