miércoles, 11 de marzo de 2015

NECESIDAD DE UNA INTERVENCIÓN GENERAL PROFESIONALIZADA: ESCRITO A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LAS CORTES DE ARAGÓN.



Esta Asociación se ha dirigido a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón para expresarles su preocupación por la situación de los puestos de trabajo de la Intervención General, tras la situación producida por el reciente nombramiento del Interventor Delegado Territorial de Teruel, puesto que ha sido cubierto por un funcionario de la Clase de especialidad de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

No parece razonable que la Administración de la Comunidad Autónoma siga sin contar con un colectivo de profesionales especializado en control y fiscalización del gasto público, seleccionado a través de procesos selectivos específicos para la Clase de especialidad de Interventores e Inspectores Financieros que estableció, ya en 1991, el Texto Refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Resulta inexplicable que en los más de veinte años transcurridos desde dicha fecha, ningún Gobierno, ningún responsable del Departamento de Hacienda, ningún responsable de la Función Pública, hayan promovido las medidas necesarias para que la Comunidad Autónoma cuente con un colectivo de profesionales cualificados en materia de control del gasto público.

La carencia de dicho colectivo profesional, encuadrado en la señalada Clase de especialidad de Interventores e Inspectores Financieros, se ve agravada por la aplicación del procedimiento de libre designación para la cobertura de todos los puestos de Interventor, lo que permite la máxima discrecionalidad en su nombramiento, a lo que contribuye la falta casi absoluta de requisitos para el desempeño del puesto que se deriva de la configuración de tales puestos en la correspondiente relación de puestos de trabajo.

La calidad de una función pública es resultado de múltiples factores, pero no cabe esperar que se obtenga la deseable calidad sin una correcta selección del personal, unos mecanismos objetivos de provisión de puestos y una adecuada configuración de los requisitos de desempeño de los mismos. Todos esos factores se hallan hoy ausentes en los puestos de la Intervención General, lo que parece preocupar más bien poco al Gobierno de Aragón y al responsable del Departamento de Hacienda y Administración Pública, que han desperdiciado cuatro años para corregir la situación existente. Por ello, nos dirigimos a los Grupos Parlamentarios para sugerirles la posibilidad de iniciativas de control e impulso para promover la profesionalización de la Intervención General y corregir la anómala situación existente.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido al Grupo Parlamentario Popular:


“Grupo Parlamentario Popular
Cortes de Aragón
Palacio de la Aljafería
50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 10 de marzo de 2015.

Estimados señores:

Recientemente, el Boletín Oficial de Aragón ha publicado el Decreto del Gobierno de Aragón por el que se lleva a cabo el nombramiento, por procedimiento de libre designación, del Interventor Delegado Territorial de Teruel, recayendo dicho nombramiento en un funcionario de carrera de la Administración autonómica perteneciente a la Clase de especialidad de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Este hecho vuelve a poner de manifiesto, una vez más, la inadecuada ordenación de los puestos de la Intervención General, a los que corresponde ejercer la función de fiscalización del gasto público, pues sigue sin seleccionarse personal adecuado para nutrir la Clase de especialidad de Interventores e Inspectores Financieros, prevista desde 1991 y vacía de efectivos después de veinte años desde su creación. Este hecho no puede ser resultado de la mera desidia administrativa, sino que evidencia una clara falta de voluntad política de contar con un Cuerpo de Interventores cualificado dentro de la Administración de la Comunidad Autónoma, que garantice un desempeño correcto y profesional de la función fiscalizadora de la actividad económico-financiera.

A la falta de profesionalización en los puestos de Interventor existentes en la Intervención General ha de añadirse el hecho de que todos ellos son provistos por el procedimiento de libre designación, sin que en las relaciones de puestos de trabajo se exija ningún tipo de formación o cualificación específica para el ejercicio de la función fiscalizadora. Es decir, la discrecionalidad del Gobierno de Aragón para proceder al nombramiento, y en su caso a la remoción, de quienes ejercen la función de control de legalidad del gasto público, es máxima, lo que solo viene a agravar la situación en la que se halla la Intervención General.

Entendemos que la situación no solo concierne al Gobierno de Aragón, sino que el control sobre el funcionamiento de los servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma, y en particular el aseguramiento de la correcta ejecución de los créditos presupuestarios autorizados por las Cortes de Aragón, debiera ser una preocupación prioritaria del Parlamento autonómico, así como del Justicia de Aragón, al que corresponde supervisar la actividad de la Administración Pública para asegurar la correcta aplicación del ordenamiento jurídico aragonés, del que forman parte tanto la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma como las Leyes anuales de Presupuestos.

Por ello, nos dirigimos a ese Grupo Parlamentario, para expresarles nuestra preocupación por la actual ordenación de los puestos de trabajo de la Intervención General, entendiendo que la inaplazable profesionalización de dicho Centro Directivo pasa por la selección de personal que venga a integrar la señalada Clase de especialidad de Interventores e Inspectores Financieros, a la que deben quedar reservados los puestos propios de la función de fiscalización del gasto público, así como por la superación de la discrecionalidad en la provisión de tales puestos, sustituyendo el actual procedimiento de libre designación por el de concurso de méritos, para reforzar la provisión por estrictos criterios de profesionalidad y competencia.

Confiando en que la cuestión pueda merecer el impulso de alguna iniciativa parlamentaria dirigida a resolver la cuestión planteada, reciban un atento y respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”