OPOSICIÓN A LA LEY DE INTEGRACIÓN DEL CASAR EN EL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD: PETICIÓN DE COMPARECENCIA ANTE LAS CORTES DE ARAGÓN.

Mientras el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas valoran la posible respuesta a la petición realizada desde esta Asociación para que formulen recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 12/2014, de 18 de diciembre, de medidas para la efectiva integración del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución en el Servicio Aragonés de Salud, y dado el poco tiempo que resta a la presente legislatura, hemos optado por solicitar a la Mesa de las Cortes de Aragón la posible comparecencia ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas.

Solicitamos una comparecencia ante las Cortes de Aragón para poder exponer nuestras razones de rechazo frente a la citada Ley, a partir de los criterios jurídicos recogidos en los informes negativos emitidos por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios y la Dirección General de los Servicios Jurídicos, durante el procedimiento de elaboración del Anteproyecto de Ley.

No podemos consentir que se consoliden decisiones –ya sean administrativas o legislativas- que contravienen abiertamente la legalidad constitucional y vulneran el modelo de función pública constitucionalmente establecido, habilitando vías de acceso a la función pública que nada tienen que ver con los principios de igualdad, mérito y capacidad, e introduciendo de manera rechazable leyes que solo responden a la voluntad arbitraria del Gobierno y de la mayoría parlamentaria que lo sostiene. Con ello las instituciones parecen olvidar que su primera obligación es garantizar su plena sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y que la legislación arbitraria es solo un facto de descrédito y degradación de los diferentes poderes públicos.

Es muy probable que la proximidad del término de la legislatura impida la realización de la comparecencia solicitada, pero no por ello queríamos dejar de solicitarla, aunque nos veamos en la necesidad de reiterarla al inicio de la próxima legislatura si la disolución de las Cortes de Aragón hiciera decaer la actual petición. Lo que no puede decaer en ningún caso es la voluntad de defensa de una función pública plenamente ajustada al ordenamiento constitucional, frontalmente desafiado por la Ley 12/2014, de 18 de diciembre, de medidas para la efectiva integración del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución en el Servicio Aragonés de Salud.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro de la petición de comparecencia dirigida a las Cortes de Aragón:

“Mesa de las Cortes de Aragón

Palacio de la Aljafería

50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 17 de marzo de 2015.

Estimados señores:

El Pleno de las Cortes de Aragón aprobó el pasado mes de diciembre, con los votos de los grupos parlamentarios de la actual mayoría, la Ley 12/2014, de 18 de diciembre, de medidas para la efectiva integración del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución en el Servicio Aragonés de Salud, a través del procedimiento de lectura única.

Tanto las condiciones de aprobación del citado Proyecto de Ley, por parte del Gobierno de Aragón, como su tramitación parlamentaria, vinieron determinadas por un conjunto de circunstancias que permiten dudar de la correcta actuación por parte del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia y del conjunto del Gobierno de Aragón, al promover un proyecto normativo presumiblemente contrario a la norma constitucional y a la legislación básica en materia de función pública..

No resulta aceptable el hecho de que un Consejero del Gobierno de Aragón eleve a éste, para su aprobación, un Anteproyecto de Ley carente de respaldo jurídico, al ser contrarios todos los informes relevantes emitidos en el procedimiento de elaboración del proyecto normativo. Así ocurrió en el caso del Anteproyecto de Ley de medidas para la efectiva integración del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución en el Servicio Aragonés de Salud, elaborado por el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, al contar con informes negativos emitidos por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios y la Dirección General de los Servicios Jurídicos.

Frente a ello esta Asociación, en ejercicio de su compromiso con la legalidad y la profesionalidad de la función pública, se ha visto en la necesidad de reaccionar frente a la citada Ley y a las negativas consecuencias derivadas de su ejecución, dirigiéndose tanto al Defensor del Pueblo como al Ministerio de Hacienda y Administración Pública, para solicitar de ambos, en atención a su legitimación para la interposición del recurso de inconstitucionalidad frente a una ley autonómica, la impugnación de la citada Ley 12/2014, de 18 de diciembre, de medidas para la efectiva integración del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución en el Servicio Aragonés de Salud,  ante el Tribunal Constitucional, por contravenir los artículos 9.3. 14, 23.2 y 149.1.18.ª de la Constitución Española, además de reservarnos el ejercicio de otras posibles acciones legales que quepa adoptar en defensa del Estado de Derecho.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 56.4 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formulamos solicitud de comparecencia de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, con nº 01-Z-1989-2007, ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas al objeto de poder exponer una valoración global sobre las medidas contenidas en la Ley y justificar su abierta contradicción con las exigencias constitucionales de acceso al empleo público, con propuestas de modificación de su articulado.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”