jueves, 12 de marzo de 2015

LA ASOCIACIÓN ALEGARÁ ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN EL INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA SOBRE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN, AL NO INCLUIRSE LAS PLAZAS CORRESPONDIENTES AL CUERPO DE MAESTROS.



La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), mediante diligencia de ordenación de fecha 10 de marzo de 2015, ha concedido un plazo de tres días para realizar alegaciones respecto a los términos de ejecución de las sentencias firmes que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011 del Gobierno de Aragón. “Tanscurrido el mismo sin hacer alegaciones se procederá al archivo provisional de las actuaciones hasta que la ejecutante inste lo que a su derecho convenga o prescriba su acción ejecutiva”, señala la citada diligencia.

Esta Asociación, dentro del plazo concedido por el Tribunal Superior de Justicia, alegará el incumplimiento en el que a nuestro juicio ha incurrido el Gobierno de Aragón, de manera deliberada, en relación con las plazas vacantes del Cuerpo de Maestros, que de manera reiterada se ha resistido a incluir en los Decretos de oferta complementaria que, en virtud de los autos de ejecución forzosa, han sido requeridos por el TSJA al Gobierno de Aragón.

Si ya el Tribunal, mediante providencia de 1 de diciembre de 2014, consideró que no cabía dar por ejecutada la sentencia de 10 de febrero de 2012, por la que se anuló la Oferta de Empleo Público de 2011, en lo relativo al ámbito del personal docente no universitario, al entender que la oferta complementaria aprobada por Decreto 24/2014, de 18 de febrero, no contenía el conjunto de plazas vacantes existentes en dicho ámbito a 31 de diciembre de 2010, es evidente que ello no puede quedar subsanado con la aprobación del Decreto 8/2015, de 27 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba una Oferta adicional a las Ofertas complementarias de Empleo Público de 2007 y 2011 en los ámbitos de Administración General y de personal docente no universitario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, por el cual se añadía una única plaza del ámbito docente.

Esta Asociación va a reiterar al Tribunal la exigencia de que el Gobierno de Aragón, para dar debido cumplimiento a la sentencia de 10 de febrero de 2012 dictada por el propio TSJA, ha de incluir todas aquellas plazas del Cuerpo de Maestros que se encontraban vacantes ocupadas por interinos a 31 de diciembre de 2010. Dada la total falta de información aportada por los responsables del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte –lo que demuestra una resistencia manifiesta a dar correcto cumplimiento al fallo judicial-, debemos tomar como dato de referencia sobre el volumen de plazas afectadas por dicha sentencia las 1.362 plazas del Cuerpo de Maestros provistas por personal interino en el curso escolar 2011/2012, según la información que, facilitada por el propio Departamento, recoge el Justicia de Aragón en su informe especial sobre “El emplo público en la Administración autonómica aragonesa” (diciembre 2012).

El Gobierno de Aragón no puede alegar ningún grado de ignorancia sobre las pretensiones de esta Asociación en el proceso de ejecución forzosa de las sentencias que anularon las Ofertas de 2007 y 2011, pues la reclamada inclusión de las plazas del Cuerpo de Maestros ha sido planteada de manera reiterada tanto a la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte como a la propia Presidenta del Gobierno de Aragón, sin que tal petición haya recibido respuesta alguna y sin que los Decretos de Oferta aprobados hayan razonado, en ningún momento, la improcedencia de tal inclusión.

Creemos, por todo ello, que estamos ante un claro incumplimiento de sentencia, que debe ser declarado y sancionado por el Tribunal, con la máxima severidad posible, pues con ello se están conculcando de manera grave los derechos fundamentales de los ciudadanos, además de incurrir en manifiesta resistencia frente al deber de cumplimiento de sentencia que para particulares y poderes públicos establece el artículo 118 de la Constitución Española. Existen comportamientos, como la reiterada conculcación del derecho fundamental de acceso en que incurre el Gobierno de Aragón, que no son admisibles en un Estado de Derecho y que exigen una sanción expresa a sus responsables.

11 comentarios:

Anónimo dijo...



Esto asunto es crucial. El Gobierno de Aragón no puede triunfar con su total burla al Tribunal.

Anónimo dijo...


El edificio Pignatelli fue el lugar elegido para una reunión entre uno de los consejeros que más cargos acumuló en el gobierno de Marcelino Iglesias, Javier Velasco, y el miembro del consejo de administración de Plaza, José Luis Marqués. En el encuentro trataron un correo emitido por el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, denominado Miserias, en el que vertía hasta seis supuestos amaños cometidos por quien fuera consejero delegado de la plataforma y compañero del equipo de gobierno Carlos Escó.

Así lo declaró ayer Marqués ante el magistrado que investiga la presunta malversación de más de 80 millones de euros en la plataforma, que le citó, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, en calidad de testigo.

Durante el encuentro, según Marqués, salió a la luz la mala relación entre García Becerril y Escó, aunque rechazó que tuviera que ver con un "calentón" del exgerente. También resaltó que el exconsejero Velasco se comprometió a tomar cartas en el asunto, si bien dejó entrever que esas supuestas irregularidades se ocultaron al resto de miembros del consejo de administración de la empresa pública para evitar que esas sospechas fueran filtradas y dejaran en entredicho el proyecto estrella de la DGA.

Durante la declaración también salió a relucir que la empresa que, al parecer, reformó gratis el piso de Salou de García Becerril también hizo obras particulares a Marqués. Lo admitió, si bien quiso remarcar que fueron pagadas.

epa

Anónimo dijo...



Velasco sigue en la Mesa de las Cortes de Aragón.

Anónimo dijo...



Recordemos que no sólo son maestros, también muchas plazas en secundaria que no han sido convocadas.

Anónimo dijo...



Pues que se haga valer eso también.

Anónimo dijo...



Y que decida el Tribunal si procede o no incluirlos en la ejecución.

Anónimo dijo...



Volvemos de nuevo al viejo debate sobre la naturaleza de las plazas a incluir?

Anónimo dijo...



Es previsible que nuevamente se alteren las aguas en el mundo docente.

Anónimo dijo...

Esa sentencia se debe cumplir,y seguro que el tsj lo entiende así.

Anónimo dijo...



El personal de la escuela pública ha sufrido el 86% del recorte en enseñanza no universitaria esta legislatura. Así lo expuso ayer la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública de Zaragoza, que aseveró que los gastos en este colectivo --tanto docente como no docente-- ha registrado una reducción de 98 millones de euros cuando la rebaja total en la enseñanza no universitaria desde el 2011, cuando comenzó el mandato de Luisa Fernanda Rudi al frente del Ejecutivo autonómico, ha ascendido a 113.

epa

Anónimo dijo...


La indignación y el malestar del colectivo de profesores interinos de Secundaria con el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón sigue creciendo debido a que el Ejecutivo aragonés es reacio a mantener en las próximas oposiciones las tres últimas notas logradas por los docentes en otras convocatorias.

"El departamento deja en el aire el futuro laboral de cientos de profesores que cuentan con una o más oposiciones aprobadas. Es un agravio comparativo que unas especialidades sean mejor tratadas que otras, siendo que la convocatoria deriva de la misma sentencia judicial", explican los afectados, que aseguran que "es una presión insoportable" para los opositores de este curso "saber que el año que viene es posible que no trabajen".

El colectivo ya ha puesto en marcha una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org y también el Justicia de Aragón se ha posicionado al respecto y le ha dado a la DGA un plazo de un mes para que valore cuál va a ser su decisión al respecto de la convocatoria. CCOO Aragón estimó que más de 500 profesores podrían salir perjudicados y "tener la obligación" de aprobar estas oposiciones de nuevo para acceder a la lista preferente de interinos.

epa