La
pasada semana esta Asociación se dirigió a los diferentes Grupos Parlamentarios
de las Cortes de Aragón para expresarles su preocupación por la actual
ordenación de los puestos de trabajo de la Intervención General,
entendiendo que la inaplazable profesionalización de dicho Centro Directivo pasa
por potenciar la todavía inédita Clase de especialidad de Interventores e Inspectores
Financieros, a la que deberían quedar adscritos en exclusiva los puestos propios
de la función de fiscalización del gasto público, así como por la superación de
la discrecionalidad en la provisión de tales puestos, sustituyendo el actual
procedimiento de libre designación por el de concurso de méritos, para reforzar
la provisión por estrictos criterios de profesionalidad y competencia.
Tal
iniciativa venía motivada por la reciente publicación en el Boletín Oficial de
Aragón del Decreto del Gobierno de Aragón que efectuaba el nombramiento, por
procedimiento de libre designación, del Interventor Delegado Territorial de
Teruel, recayendo dicho nombramiento en un funcionario de carrera de la Administración
autonómica perteneciente a la
Clase de especialidad de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.
Recogiendo
nuestra sugerencia, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en las Cortes de
Aragón ha formulado al Consejero de
Hacienda y Administración Pública una pregunta para respuesta oral en el Pleno
de la Cámara,
en la que, tras señalar que el procedimiento de libre designación compromete en
gran medida la libertad e independencia de quien está llamado a controlar la
legalidad del gasto pública, plantea la cuestión siguiente: “¿Cree el Gobierno
de Aragón que la libre designación es un procedimiento que garantiza que se
produce un desempeño de las funciones de control de la legalidad libre e
independiente?”.
Asimismo,
el citado Grupo Parlamentario formula al Consejero de Hacienda y Administración
Pública otra pregunta para respuesta escrita, con motivo del nombramiento del
Interventor Delegado Territorial de Teruel, en la que, tras señalar que el
nombramiento de un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos para el desempeños
de funciones de control financiero pone de manifiesto una total falta de profesionalización
en el ámbito de la Intervención General,
plantea la siguiente cuestión: “¿Considera el Gobierno de Aragón que las
labores de Intervención no requieren un perfil profesional para asegurar un
correcto desempeño de sus funciones?”.
Celebramos
que los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, como ocurre en el
presente caso con el Grupo de Izquierda Unida, se hagan eco de nuestras
sugerencias e incluyan dentro de su labor de control de la acción del Gobierno
cuestiones relevantes que afectan a la organización y funcionamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma,
cuya incidencia en el buen funcionamiento de los servicios públicos y en la
garantía de la correcta aplicación del ordenamiento jurídico no es posible
menospreciar.
Hay
situaciones, como el sistema de provisión de los puestos de la Intervención General,
que debieran sonrojar al responsable del Departamento de Hacienda y Administración
Pública, ya que colocan a la
Administración de la Comunidad Autónoma
fuera de cualquier coordenada de racionalidad, profesionalidad y exigencia en
la ordenación del órgano de control interno del gasto público, anomalía que en
ningún momento se ha querido abordar para su adecuada corrección a lo largo de
la presente legislatura, lo que revela la ausencia de la más elemental voluntad
de profesionalización de la función pública autonómica.
2 comentarios:
Por lo menos algún grupo se interesa por el tema. Parece que los asuntos de la Función Pública no tienen mucho eco en la sociedad ni en los partidos políticos. Esta Asociación está haciendo mucho por cambiar las cosas. A los sindicatos ni están ni se les espera. ¡Ánimo y adelante!
funcionari@indignad@
Fíjate como estarán las cosas que hasta en el Instituto Aragonés de Estadística han colocado de asesor a un bioquímico. ¡Que desastre!
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