Tras
un previo acto de presentación del proyecto de asociación, realizado el 24 de
enero de 2007 en la sede del Colegio Oficial de Abogados de Zaragoza, el 14 de
febrero de 2007 tuvo lugar, también en la sede de dicho Colegio Oficial, la asamblea
constitutiva de la Asociación
para la Defensa
de la Función Pública
Aragonesa, en la que se aprobaron
los estatutos de la nueva asociación y se designó a los integrantes de su Junta
Directiva Provisional.
La
Asociación
para la Defensa
de la Función Pública
Aragonesa, por lo tanto, cumple ocho años de actividad intensa, que ha
desarrollado a lo largo de tres legislaturas diferentes, con Gobiernos de
distinto color político en la Comunidad
Autónoma, reclamando en todo este tiempo el respeto y la
promoción de los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública en el
ámbito de la función pública autonómica.
La
defensa del derecho de acceso a la función pública –reiteradamente vulnerado
por el Gobierno de Aragón, como ha quedado acreditado por las sentencias que
anularon las Ofertas de Empleo de 2007 y 2011-, y la denuncia de la corrupción
pública en las instituciones aragonesas y de la desprofesionalización de la
administración pública han sido objetivos prioritarios de la actividad
desarrollada a lo largo de estos ocho años.
En
los Estatutos aprobados en dicha asamblea constitutiva se definió como objetivo
de la Asociación
la defensa y promoción de los valores, principios y normas que rigen el
ejercicio de la función pública en la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, al objeto de que la misma contribuya al correcto funcionamiento del
Estado social y democrático de Derecho y del Estado autonómico que definen la Constitución española
y el Estatuto de Autonomía de Aragón. También se rechazó la posibilidad de
recibir subvenciones públicas.
En
dichos Estatutos aprobados se definieron igualmente los principios proclamados
por la Asociación
como propuesta de acción y declaración de valores a defender. Dichos principios son los siguientes: Compromiso público. Compromiso pleno
con los principios del Estado de Derecho y los valores constitucionales.
Concepción de la
Administración como organización al servicio de los
ciudadanos y de la democracia. Papel esencial de la labor de los funcionarios y
demás empleados públicos para el reforzamiento de la credibilidad de las
instituciones públicas y el desarrollo de la cultura democrática; Legalidad. Defensa de la plena
vigencia del bloque constitucional y de la legalidad administrativa,
garantizando el sometimiento de la actuación de la Administración a la Ley y al Derecho y el respeto
máximo a los derechos y libertades de los ciudadanos. Colaboración con los
órganos de control internos y externos encargados de velar por el correcto
funcionamiento de los servicios públicos; Ética.
Defensa y promoción en el seno de la Administración de una ética de la responsabilidad
y de un compromiso de integridad para el recto ejercicio de la función pública
y la obtención de los fines de la actividad pública. Promoción de estándares de
comportamiento exigibles para el conjunto de los funcionarios y demás empleados
públicos; Profesionalidad. Defensa y
promoción de la profesionalización de la Administración Pública,
tanto de su función directiva como del conjunto de los funcionarios y demás
empleados públicos, orientando a tal objetivo la política de formación y todos
los instrumentos de desarrollo profesional y carrera administrativa; Calidad y buena administración. Defensa
y promoción de una cultura de la calidad en los servicios públicos. Impulso de
medidas de modernización, planificación y evaluación efectiva y de iniciativas
tendentes a la mejora continua de la gestión pública y a la creciente
satisfacción de los usuarios de los servicios públicos. Garantía del derecho de
los ciudadanos a una buena administración; Receptividad
y participación. Promoción de una gestión pública orientada al ciudadano,
receptiva y sensible a sus demandas y necesidades, y dotada de instrumentos de
participación y consulta que permita incorporar a los procedimientos de
decisión el conjunto de los intereses y valores sociales afectados; Gestión eficiente. Defensa y promoción
de una cultura de la eficiencia y del gasto racional y responsable, optimizando
la utilización de recursos e impulsando técnicas modernas de gestión y control.
Impulso de la
Administración electrónica al servicio de una gestión ágil y
eficiente. Utilización preferente y óptima de las capacidades del capital
humano público, evitando la descapitalización de la función pública y la
infrautilización de los recursos propios; y Cultura organizativa. Defensa y promoción de una cultura
organizativa que contribuya a consolidar en la Administración
valores de respeto y colaboración, responsabilidad, transparencia, trabajo en
equipo, dirección participativa e igualdad de oportunidades y no
discriminación, así como un nítido compromiso de calidad en el conjunto de los
servicios públicos.
La
Junta Directiva
Provisional, designada
en la asamblea constitutiva de 14 de febrero de 2007, quedó integrada por las
siguientes personas: Julio Guiral Pelegrín (Presidente), Manuel Díaz Muiña
(Vicepresidente), Pilar Vaquero Valiente (Secretaria), José Ramón Gálligo
Gutiérrez de Terán (Tesorero) y, con la condición de Vocales, Carlos Borao
Mateo, Julio Calvo Iglesias, Manuel Fábregas Giné, Félix Gracia Romero, José
Luis Moñu Campos, Eduardo Notivol Paino y Francisco Sancho Cuartero. Cuatro de
ellas, contando al Presidente, Julio
Guiral Pelegrín, han permanecido en la Junta Directiva a lo largo de
estos ocho años.
El
ámbito inicial de la
Asociación –restringido a la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón- se ha ampliado al conjunto de las Administraciones aragonesas –incluyendo
la administración local y la
Universidad de Zaragoza-, y la actuación ante las
instituciones públicas ha incluido tanto al Gobierno de la Nación y las Cortes
Generales, además del Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas, como al
conjunto de las instituciones de la Comunidad Autónoma
–Presidente, Gobierno, Cortes de Aragón y Justicia de Aragón- y, también, de
las restantes Comunidades Autónomas, las entidades locales aragonesas e
instituciones de la Unión Europea,
como el Defensor del Pueblo Europeo y la Oficina de Lucha contra el Fraude.
La
labor de propuesta de la
Asociación, canalizada de manera habitual a través del
derecho fundamental de petición a los diferentes responsables institucionales,
se ha plasmado asimismo en la elaboración de sendos documentos de Propuestas de Buen Gobierno y Buena
Administración al inicio de cada legislatura, para hacerlas llegar tanto al
Gobierno de Aragón como al conjunto de los Grupos Parlamentarios de las Cortes
de Aragón, con los que se mantenido una relación de comunicación permanente en
todo este periodo, incluidas dos comparecencias ante la Comisión de Peticiones.
A
lo largo de estos años se ha mantenido activo, como espacio de información,
reflexión y denuncia un blog corporativo (asocfuncionpublica.blogspot.com), en
el que se han editado más de mil novecientas notas, informando con total
transparencia de la actividad interna de la asociación y de los acuerdos y
deliberaciones de su junta directiva.
La
próxima asamblea anual de la
Asociación se celebrará en los últimos días del mes de marzo,
en la que se tiene previsto aprobar el nuevo documento de Propuestas de Buen
Gobierno y Buena Administración para la legislatura que se inicie tras las
elecciones del 24 de mayo de 2015.
Dicho
documento marcará los objetivos a los que la Asociación dirigirá sus
esfuerzos a lo largo de los próximos cuatro años, con la misma convicción que
hace ocho años, pero con la perspectiva que otorgan ocho años intensos de
exigencia y de compromiso con los valores democráticos y con el Estado de
Derecho, tratando de reivindicar el valor social de la labor propia de los
servidores públicos.
5 comentarios:
Enhorabuena y mucho ánimo para seguir!
Felicidades por ocho años de trabajo intenso y productivo. Y que el ánimo y el norte se mantengan firmes!
Ocho años abriendo camino. ¡Muchas felicidades! pero sobre todo, como ciudadano, muchas gracias por vuestra generosa y desinteresada defensa de la Función Pública y con ella de los valores constitucionales.
Entaban!
Sin reblar.
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