lunes, 23 de febrero de 2015

RESTABLECER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, PRINCIPAL PRIORIDAD PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA.



Todo funcionario público conoce perfectamente lo que señala el artículo 103.1 de la Constitución Española, respecto a que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. La fortaleza del Estado de Derecho proclamado por nuestra Constitución depende, en buena medida, de que la Administración Pública, en su organización y actividad, se atenga verdaderamente a lo señalado en dicho precepto. Pero aunque todo ello pueda resultar obvio, es necesario recordarlo una y otra vez e insistir en la absoluta necesidad de dar cumplimiento a tal exigencia constitucional.

Esta idea estará presente en la participación del Presidente de esta Asociación, Julio Guiral, en la jornada de debate organizada por el PSOE, bajo el título “Política y Función Pública”, hoy lunes 23 de febrero, a partir de las 18:30 horas, en el Centro “Las Armas” de Zaragoza. Porque cualquier objetivo de buen gobierno o buena administración que pueda plantearse ahora y en el futuro no puede desconocer la exigencia primera y esencial del respeto al principio de legalidad.

De poco servirán códigos de conducta, como el contenido en el Estatuto Básico del Empleado Público, o instrumentos para fijar objetivos de calidad en la gestión, como son las cartas de servicios, si todo ello no se conecta con una arraigada cultura de la legalidad, hoy claramente debilitada en el conjunto de las Administraciones Públicas. La inaplicación de las Leyes –pese a su vigencia formal- o su desvirtuación a través de decisiones arbitrarias en su aplicación, sacrificando los valores de objetividad e imparcialidad a intereses políticos o particulares, son hoy una realidad cotidiana en las Administraciones Públicas, que menoscaban día a día la imprescindible cultura de la legalidad que ha de guiar la actuación de la función pública.

Todo ello nos debe alertar sobre la débil interiorizacion de los principios del Estado de Derecho en la mayor parte de las instituciones públicas: del “vuelva usted mañana”, propio de la Administración del siglo XIX que retrató Larra, hemos pasado al “vaya usted a los tribunales si no está de acuerdo”, en la falsa creencia de que el Estado de Derecho se concreta en la capacidad de los ciudadanos de acudir a los Tribunales para cuestionar la corrección de las decisiones administrativas, y no en la obligación de los responsables políticos y funcionarios de ajustar sus actuaciones al ordenamiento jurídico, como expresamente se señala en el artículo 103.1 de la Constitución.

No cabe buena conducta administrativa fuera de la legalidad. Y no contamos con mecanismos o cauces efectivos para resolver, en el seno de las Administraciones, los posibles conflictos entre función pública y dirección política, cuando las decisiones políticas desbordan la legalidad. Tales conflictos no pueden resolverse por imposición del principio de jerarquía, apelando a la primacía de la decisión política, aunque ésta pueda ser ilegal. Hacen falta mecanismos para resolver estos conflictos, con el fin de salvaguardar la legalidad. El Estado de Derecho no es solo una responsabilidad de los Tribunales. Ha de ser un objetivo prioritario de todo responsable público y preocupación constante de todos los servidores públicos.

Es fundamental que el respeto a las reglas se asuma por la organización pública como valor fundamental. Si el pleno sometimiento a la Ley y al Derecho solo es una proclama retórica -como sucede hoy en la mayor parte de las Leyes de la Administración- y las Administraciones no se dotan de cauces para asegurar el respeto a la legalidad cuando ésta puede verse comprometida por decisiones políticas o administrativas inadecuadas, no cabe esperar comportamientos heroicos de los funcionarios. La ética de las organizaciones es una premisa fundamental para posibilitar la ética de los profesionales que trabajan en ellas. Ambas han de reforzarse mutuamente, pero no cabe esperar que en una organización carente de ética –como es hoy la Administración Pública- prospere la buena conducta administrativa más allá de las rutinas burocráticas consolidadas.

En tal sentido, debemos insistir en que el Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón, actualmente en tramitación en las Cortes de Aragón, no responde a las señaladas exigencias de reforzar la profesionalidad y la cultura de la legalidad en el ámbito de la Administración Pública, ya que ésta cede ante dos objetivos que poco tienen que ver con el modelo constitucional, como son la plena discrecionalidad política en los nombramientos de los titulares de altos cargos y órganos administrativos –lo que equivale a su total control político- y la carrera profesional de todos los empleados públicos como mero progreso retributivo y no como garantía del desempeño profesional de las funciones públicas.

Es decir, la Administración Pública cuenta hoy con un indudable déficit de cultura de la legalidad, pese a lo cual el Proyecto de Ley de Función Pública, aprobado por el Gobierno de Aragón y tramitado por las Cortes de Aragón, no hace sino consolidar la situación actual y reforzar todavía más el margen de discrecionalidad política en perjuicio de la profesionalidad de la función pública, que no cabe identificar ni confundir con carrera profesional. No debemos olvidar que, precisamente, en modelos deficientes como el que rige en nuestra Administración, hacer carrera profesional implica a veces olvidar u omitir las exigencias de la profesionalidad. Es decir, apartarse de la cultura de la legalidad.

8 comentarios:

Anónimo dijo...



El asunto del CASAR es un buen ejemplo de ello.

Anónimo dijo...


El PSOE organizó ayer una jornada de reflexión sobre Política y Función Pública, en la que el líder socialista, Javier Lambán, expuso la necesidad de emprender una reforma profunda del sistema administrativo, lo que pasa por una "descolonización" de la Administración por parte de los partidos, de manera que se camine hacia la simplificación, desburocratización, democratización, profesionalización y evaluación.

A su juicio, esta transformación va en dos direcciones: por el replanteamiento de la arquitectura institucional sobre los pilares de comunidad autónoma y gobierno local y por la reforma de la función pública

Lambán sostiene que la calidad en la función pública depende del nivel técnico de los funcionarios y esta a su vez "de los métodos objetivos para medir el mérito y la capacidad" pero hay elementos para pensar que hay "disfunciones", como la excesiva proliferación de cargos de confianza, no solo en niveles directivos sino administrativos, politizándose demasiado los servicios y las empresas públicas. Igualmente excesiva le parece la parte de la administración provista por los partidos y que cambia cuando cambia el gobierno.

epa

Anónimo dijo...



¿Nos lo podemos creer?

Anónimo dijo...


Lambán propone una reforma profunda de la administración pública

Anónimo dijo...


EUROPA PRESS. 23.02.2015

El secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, ha propuesto una reforma profunda de la administración y de la función pública en todos los términos de la arquitectura institucional, que la "simplifique, democratice, sea más eficiente, evaluable porque toda prestación de servicios debe ser evaluada", además de "transparente y decente".

Anónimo dijo...




Zaragoza.- El secretario general del PSOE de Aragón y candidato a la Presidencia de la DGA, Javier Lambán, ha anunciado este lunes que incluirá en su programa electoral el pronunciamiento precio de expertos ajenos a la política para nombrar a la Cámara de Cuentas.

Estos, ha explicado antes de reunirse en una jornada debate sobre función pública y buen gobierno en el centro Las Armas de Zaragoza, harían planteamientos “prácticamente cerrados e imperativos para que desde el ámbito político se tengan prácticamente que aceptar sin más”.

Se trataría de una de las propuestas que Lambán hace para reformar la administración pública. En esa búsqueda de nuevos mecanismos para la elección de miembros de órganos también estaría el Justicia o los secretarios e interventores de los ayuntamientos. Y es que el líder socialista se niega a que sean los alcaldes, presidentes de diputaciones o la Comunidad la que los nombre y quiere que procedan de la carrera profesional.

Por otro lado, Lambán ha puesto sobre la mesa la práctica eliminación de los cargos de libre designación. Considera que el sistema británico o de Dinamarca es envidiable en cuanto a la no sustitución por ejemplo del jefe de gabinete del primer ministro.

El socialista quiere reformar la función pública en profundidad para hacerla más simple, democratizarla, hacerla más eficiente, evaluable, transparente y decente, pero también despolitizarla. De este modo, ha mantenido que “la administración se dirige no se coloniza” y ha apostado por proveerse de la carrera administrativa, que se fija por criterios de mérito y capacidad. Así, ha dicho querer una administración profesionalizada que sea capaz de desarrollar cualquier programa político.

Lambán también ha criticado la “excesiva burocracia” en la administración y ha abogado porque no sea un obstáculo para el desarrollo económico sino un refuerzo.

Finalmente, el candidato socialista ha concluido que aunque Aragón no es de las comunidades con más cargos de libre designación eso tiene que eliminarse y buscar la inmovilidad absoluta en la administración, yendo hacia la desaparición total de la influencia directa de los partidos políticos en la conformación de la carrera administrativa. “Una descolonización de la administración por parte de los partidos”, ha sentenciado.

aragondigital

Anónimo dijo...


Sorprende, en efecto, que el PSOE de Lambán hable ahora de descolonizar la Administración de partidos políticos.

La conversión de San Pablo, tras la caída del caballo, no parece nada comparada con afirmaciones como las del ejeano.

Anónimo dijo...

23/02/15). El PSOE ha organizado una jornada de reflexión sobre Política y Función Pública, en la que el líder socialista, Javier Lambán, ha expuesto la necesidad de emprender una reforma profunda de nuestro sistema administrativo, lo que a modo de resumen pasa por una “descolonización” de la Administración por parte de los partidos políticos, de manera que se camine hacia la simplificación, desburocratización, democratización, profesionalización y evaluación.

A su juicio, esta transformación va en dos direcciones:, por un lado, el replanteamiento de la arquitectura institucional sobre los pilares de comunidad autónoma y gobierno local y por otro, la reforma de la función pública

Lambán sostiene que la calidad en la función pública depende del nivel técnico de los funcionarios y ésta a su vez de los métodos objetivos para medir el mérito y la capacidad” pero hay elementos suficientes para pensar que hay disfunciones”, como la excesiva proliferación de cargos de confianza, no solo en niveles directivos sino administrativos, politizándose demasiado los servicios públicos y las empresas públicas. Igualmente excesiva le parece la parte de la administración provista directamente por los partidos y que cambia cuando cambia el gobierno.

Cree que nuestro modelo, lejos del de los países anglosajones o escandinavos, es más el de la vieja Restauración y las antiguas cesantías “que tan bien describía Galdós”.

Para el líder socialista, una función pública moderna es aquella en la que sus miembros son inamovibles y sus carreras solo dependen del mérito y la capacidad de cada cual. Ejemplo de ello es que en Inglaterra o Dinamarca ni siquiera el jefe de gabinete del primer ministro cambia cuando llega un nuevo titular. Se ponen al servicio del programa del nuevo vencedor. “De ahí la importancia de los programas, que en España se desprecian”, subraya Lambán.

Su propuesta es clara: acabar con la “invasión ilegítima” de los partidos políticos. La administración se dirige. No se ocupa ni se coloniza”.

Como elementos de reflexión repara en que en el reparto de poder entre funcionarios de habilitación nacional y electos es actualmente de un 20% - 80%m cuando debería de ser del 50% - 50%.

“Qué hacer, lo deben decidir los políticos, mientras que el Cómo y quién, lo deben hacer comisiones formadas por funcionarios de carrera”, resume Lambán.

También rechaza que el nombramiento de interventores y secretarios (funcionarios de habilitación nacional), se haga por los alcaldes, de forma que se coloque al vigilado en papel de vigilante.