Tras dirigir a la institución del
Defensor del Pueblo la semana pasada nuestra petición de recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley 12/2014, de 18 de diciembre, de medidas para la
efectiva integración del Consorcio Aragonés Sanitario del Alta Resolución en el
Servicio Aragonés de Salud, con expresión de las razones que a nuestro juicio
fundamentan tal impugnación, hemos considerado oportuno informar de tal actuación
a la Presidenta
del Gobierno de Aragón, toda vez que el Consejero de Sanidad, Bienestar Social
y Familia, Ricardo Oliván, sigue sin dar explicaciones de las razones que
llevaron a su Departamento a desoir los informes de la Dirección General
de la Función Pública
y Calidad de los Servicios y de la Dirección
General de Servicios Jurídicos, en los que se informaba
desfavorablemente el Anteproyecto de Ley elaborado por dicho Departamento, al
considerarlo contrario a la norma constitucional y a la legislación básica de
función pública.
Esta
Asociación no solo se manifiesta contraria a las consecuencias derivadas de la Ley aprobada, como es la
incorporación a la función pública aragonesa de un conjunto de personas que no
han sido seleccionadas conforme a los principios de igualdad, mérito y
capacidad, sino que considera que la aprobación de la norma por parte del
Gobierno de Aragón, contraviniendo el criterio jurídico manifestado en los
informes preceptivos emitidos tanto por la Dirección General
de la Función Pública
y Calidad de los Servicios como por la Dirección General
de Servicios Jurídicos, puede suponer una conducta de manifiesta vulneración
del principio de legalidad –entendiendo que éste engloba también la legalidad
constitucional-, con la adopción de una decisión claramente antijurídica y
arbitraria, destinada a obtener un resultado contrario a Derecho, valiéndose
para ello de una potestad pública como es el ejercicio de la iniciativa
legislativa.
Consideramos
de suma gravedad la actuación del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y
Familia y la decisión adoptada por el propio Gobierno de Aragón, al aprobar el
Proyecto de Ley de medidas para la efectiva integración del Consorcio Aragonés
Sanitario del Alta Resolución en el Servicio Aragonés de Salud, para su
posterior remisión a las Cortes de Aragón, ocultando a éstas los informes
desfavorables emitidos, incurriendo con ello en otra infracción del
ordenamiento jurídico, ya que el artículo 122 del Reglamento de las Cortes de
Aragón obligan al Gobierno de Aragón a remitir los textos de los proyectos de
ley aprobados con todos sus antecedentes, entre los cuales hay que considerar
incluidos los citados informes.
La actuación
del Gobierno de Aragón supone, en suma, un absoluto desprecio a las exigencias
del Estado de Derecho y al pleno imperio del principio de legalidad, y también a las reglas de la democracia, al privar de la información necesaria al Parlamento y condicionar el debate legislativo. Nada puede
ser más contrario a la noción de Estado de Derecho que el uso fraudulento de
las potestades públicas para tratar de convertir en Ley una decisión antijurídica
y arbitraria, y tal comportamiento se ve particularmente agravado cuando la
improcedencia de tal actuación ha sido debidamente advertida por informes
objetivos fundados exclusivamente en Derecho. En consecuencia, no debe
descartarse ningún tipo de responsabilidad jurídica derivada de tal actuación,
y así lo ha solicitado esta Asociación a la institución del Defensor del
Pueblo.
Se reproduce
a continuación el contenido íntegro del escrito a la Presidenta del Gobierno
de Aragón:
“Excma. Sra. Presidenta del Gobierno de
Aragón
Gobierno
de Aragón
Edificio
Pignatelli
Pº
de María Agustín, 36
50071-ZARAGOZA
Zaragoza, 18 de febrero de 2015.
Estimada
señora:
Como
Presidente de la Asociación
para la Defensa
de la Función Pública Aragonesa
deseo comunicarle que nuestra entidad, de acuerdo con lo decidido por su Junta
Directiva, se ha dirigido a la institución del Defensor del Pueblo para
solicitarle que, en ejercicio de las facultades que le reconoce la Constitución
Española, promueva recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 12/2014, de
18 de diciembre, de medidas para la efectiva integración del Consorcio Aragonés
Sanitario del Alta Resolución en el Servicio Aragonés de Salud, al considerar
que esta norma prevé la incorporación a la función pública de un conjunto de
personas procedentes del Consorcio
Aragonés Sanitario de Alta Resolución (CASAR), sin respetar las exigencias
constitucionales para el acceso a la función pública.
En
el escrito de queja remitido a la institución del Defensor del Pueblo se
destaca el carácter arbitrario y antijurídico de la citada Ley 12/2014, de 18
de diciembre, cuyo contenido contradice abiertamente preceptos constitucionales
como son los artículos 9.3, 23.2, 103.3 y 149.1.18.ª, al margen de la evidente
pretensión de limitar el ejercicio del derecho de tutela judicial efectiva, al
establecer por Ley unas medidas que no exigen dicho rango normativo, y cuya
finalidad no es otra que impedir o dificultar el control jurisdiccional
ordinario por las distintas partes afectadas.
La contradicción de la Ley con el régimen
constitucional de acceso a la función pública fue expresamente puesta de
manifiesto, en el transcurso de la tramitación del Proyecto de Ley, por los informes
preceptivos de la Dirección General
de Servicios Jurídicos y de la Dirección
General de Función Pública y Calidad de los Servicios, y así
puede deducirse también del informe elaborado por la Letrada Mayor de las Cortes de
Aragón, a petición de su Junta de Portavoces.
Nos encontramos, de este modo, ante una norma
singular cuya finalidad es establecer unas condiciones especiales de
incorporación del personal del suprimido Consorcio Aragonés Sanitario de Alta
Resolución (CASAR) al Servicio Aragonés de Salud, condiciones que, como se
señaló en el transcurso de elaboración del Proyecto de Ley, contravienen
manifiestamente el régimen básico de los funcionarios públicos y, en
particular, los principios constitucionales de acceso a la función pública.
Ello nos lleva a considerar que tanto el Gobierno
de Aragón como las Cortes de Aragón han promovido y aprobado una norma legal,
ignorando las advertencias de inconstitucionalidad señaladas, circunstancia que
nos determina tanto a reclamar el control de constitucionalidad por parte del
Defensor del Pueblo, como institución legitimada para la interposición del
recurso de inconstitucionalidad, como a solicitar que se analice la posible
responsabilidad jurídica en la que hayan podido incurrir los responsables del Departamento de
Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, al actuar en el
sentido contrario al señalado por los órganos cualificados que se han
manifestado en contra del Anteproyecto de Ley elaborado, por si ello pudiera
revestir una conducta de manifiesto quebranto del ordenamiento jurídico, al
promover una disposición a sabiendas de su carácter antijurídico.
Lamentamos, en suma, vernos obligados a reaccionar
contra una norma que consideramos arbitraria e inconstitucional, y en la que el
Gobierno de Aragón no solo ha descuidado gravemente las garantías de corrección
jurídica necesarias, al no solicitar el dictamen del Consejo Consultivo vistas
las objeciones formuladas, sino que ha evitado el posible acceso de los Grupos
Parlamentarios al contenido de los informes desfavorables, incumpliendo con
ello la exigencia de remisión de antecedentes que han de acompañar el envío de
todo proyecto de ley al Parlamento autonómico, según dispone el artículo 122
del Reglamento de las Cortes de Aragón.
Sin otro
particular, reciba un respetuoso saludo.
Julio Guiral
Pelegrín. Presidente de la
Asociación para la
Defensa de la Función
Pública Aragonesa”
8 comentarios:
La noche del 16 al 17 de febrero nos dejaba el profesor Manuel Ramírez Jiménez. Nacido en la ciudad de Ceuta --cuyo recuerdo siempre le acompañó-- y formado en la Universidad granadina, llegó a Zaragoza en 1975 como catedrático de Derecho Político, proveniente de Santiago de Compostela. Discípulo del profesor Francisco Murillo Ferrol, fue uno de los principales representantes y continuadores de la llamada Escuela de Granada de Ciencias Sociales, cuya simiente también germinó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, gracias a su magisterio, en distintas generaciones de constitucionalistas.
Completó su formación en las universidades de Columbia, Stanford y Yale --en esta última, bajo la dirección del profesor Juan Linz--, así como en el Institut d'Études Politiques de París. Fue presidente de la Asociación Española de Ciencia Política y Derecho Constitucional y académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y condecorado con las Grandes Cruces de Alfonso X el Sabio y de San Raimundo de Peñafort. Dirigió la Fundación de Estudios Políticos y Constitucionales Lucas Mallada y el Centro Unesco Aragón.
Durante once años fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, institución de la que también fue vicerrector de Ordenación Estatutaria. Su tesis doctoral acerca de los grupos de presión en la Segunda República española constituyó, entre nosotros, uno de los primeros estudios de ciencia política dedicados a este período de la historia de España. Sus trabajos en el campo de la teoría científico-política, la socialización política, el sistema de partidos, la participación en democracia o la historia constitucional española se convirtieron en referentes ineludibles.
El profesor Ramírez dedicó toda su vida a la universidad; fue un universitario en el sentido más completo del término. Y fue, antes que ninguna otra cosa, un profesor. Siempre tuvo claro que la razón de ser de sus investigaciones y publicaciones no era otra que poder enseñar más y mejor a sus alumnos en el sentido integral de la palabra.
Bajo una imagen que podía imponer a quien no lo conociera, se escondía una persona cercana, con un profundo sentido de la amistad y de la lealtad. En cada curso académico, el profesor Ramírez entregaba a sus alumnos una cartulina con el célebre poema If, de Rudyard Kipling. "Si puedes encontrarte con el Triunfo y el Desastre, / y tratar a esos dos impostores de la misma manera", puede leerse en dos de sus versos.
Manuel Ramí-rez creía quizá en pocas cosas, pero firmemente. Esa actitud inteligente le ayudó sin duda a reconocer la impostura que se esconde detrás de esos supuestos triunfos y desastres. "Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros / cantando", escribió Juan Ramón Jiménez en El viaje definitivo. Son otros versos que le gustaba recordar y una vacuna contra muchas cosas.
Nos ha dejado un maestro y un amigo. Nos quedan sus enseñanzas, pero añoraremos su amistad.
Firmantes:
Enrique Cebrián, Manuel Contreras, Carlos Garrido, Pedro L. Martínez Pallarés, Francisco Palacios, Carlos Rubio, Rosa Ruiz y Eva Saenz, profesores del área de Derecho Constitucional.
Espero que la presidenta tenga en cuenta esta petición y sea consciente de los atropellos que su gobierno está realizando a golpe de Ley, sin tener en cuenta el criterio de los técnicos jurídicos.
Ánimo.
El CASAR acumuló 15,5 millones de facturas impagadas en solo dos años.
epa
Severo correctivo de la Cámara de Cuentas al Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (CASAR). Pocas veces ha emitido el órgano auditor un informe tan contundente. Las irregularidades inundan todos los ámbitos de la gestión. De la fiscalización de los ejercicios del 2012 y del 2013 se extrae que en ambos se acumularon 15,57 millones de euros en facturas en los cajones; que hubo pérdidas de 3,41 y 3,94 millones en ambas anualidades; que el periodo de pago a acreedores era de 499 días en gasto corriente y de 744 en inversión; que se ejecutó mal el Plan Impulso, o que la adhesión al plan de pago a proveedores no cumplió con los requisitos administrativos.
La Cámara de Cuentas emitió ayer un nuevo informe, este referido a los siete consorcios, que en mayor o menor medida dependen del Gobierno de Aragón. El que peor parado sale, de largo, es el CASAR. Este organismo es el único de los analizados que acumula "facturas pendientes de aplicar a presupuesto de varios ejercicios". De los 10,09 millones que quedaron en la cuenta 409 --en la que se acumulan las deudas sin presupuestar-- en el 2012, solo 2,25 millones pudieron pagarse en el 2013. En septiembre del 2014, cuando se analizó el consorcio, el saldo neto de impagos "ha seguido incrementando hasta alcanzar los 15,57 millones de euros", dicen los auditorios. Lo que supone "aproximadamente el 80% de los ingresos presupuestarios totales de un ejercicio económico".
El informe califica de "especialmente significativas" las pérdidas del CASAR, que rondan los 4 millones de euros por ejercicio desde el 2011. Este "desequilibrio" evidencia, según la Cámara de Cuentas la "deficiente y manifiestamente insuficiente" presupuestación y la gestión económico-financiera de este consorcio, que en los últimos ejercicios ha conducido "a la obtención de fondos negativos como consecuencia de pérdidas acumuladas". Advierte el órgano fiscalizador que a día de hoy todavía no se ha producido la extinción del CASAR --se integra en el Salud--, "lo que sitúa a esta entidad en una situación de incertidumbre" en cuanto "a la continuidad y legalidad de su actividad"
epa
PUNIBLE En la fiscalización se advierte "a los responsables del consorcio que puede constituir infracción muy grave comprometer gastos, reconocer obligaciones y ordenar pagos sin crédito suficiente, llevando aparejada como sanción, la obligación de restituir las cantidades satisfechas indebidamente o de indemnizar a la Hacienda Pública".
Facturas en los cajones, pérdidas acumuladas y todo ello repercute en el periodo en el que el consorcio salda sus deudas con los acreedores. En el 2013 la demora era de 499 días gasto corriente y de 744 en inversión, por lo que el CASAR infringe en este punto la legalidad vigente. Los datos fueron mejores en el 2012 cuando se atendió a los pagos pendiente en 233 y 464 días en gasto corriente e inversión.
No fue por la buena gestión, sino porque el CASAR, a través del Gobierno de Aragón se sumó al plan de pago a proveedores habilitado por el Ministerio de Hacienda. A través de este mecanismo se pagaron 5,34 millones en el 2012 --de los 3,47 eran facturas pendientes de la cuenta 409-- y 0,13 en el 2013. En la operación, el consorcio logró cancelar obligaciones con acreedores por estos importes, pero nació una deuda a corto plazo con el Ejecutivo, que es quien la asumió. Este hecho se contabiliza de forma extrapresupuestaria, lo que para la cámara es incorrecto, pues debió reflejarse en el capítulo 9 del consorcio. El informe añade que las relaciones financieras contabilizadas entre la DGA y el CASAR "no están soportadas y documentadas en ningún acto o acuerdo"
epa
Ha sorprendido en el Gobierno de Aragón que la Cámara de Cuentas esté sacando el informe de fiscalización de los ejercicios del 2012 y del 2013 troceado. No lo esperaban, dicen. Tampoco ocultan su malestar con un órgano incómodo, con el que se ha enfrentado en los últimos meses. Tras las duras críticas y acusaciones del Ejecutivo autonómico hay quien ve detrás del proceder de la institución auditora una venganza.
Lo desmienten desde la Cámara de Cuentas. Fuentes de este órgano fiscalizador aseguran que esta nueva estrategia, la de publicar los informes por partes, y no de forma conjunta como se venía haciendo hasta ahora, obedece a cuestiones prácticas. Conforme van analizando las alegaciones presentadas por el Gobierno --repletas de reproches-- y terminan los documentos, estos aparecen en la página web. El miércoles fue el del Instituto Aragonés de Juventud, ayer de los consorcios, y la próxima semana llegarán otros: empresas mercantiles, otros institutos, fundaciones. Y así hasta terminar con la auditoría de los presupuestos de la comunidad de los años 2012 y el 2013. El proceso podría llevar entre 10 y 15 días. Los últimos informes serán los más relevantes porque se centrarán en los departamentos y en organismos como el Salud.
epa
El sistema es nuevo. Hasta ahora solo aparecía un informe, inabordable por su extensión, que contenía toda la información. Solo daba tiempo a ver los números gordos y difícilmente se descendía a los detalles. El nuevo modelo de trabajo, además de dar un titular diario a la Cámara de Cuentas --que preside Antonio Laguarta--, permite un acceso mucho más pormenorizado, detallado y tranquilo a cada organismo, instituto o empresa que compone el presupuesto de la comunidad. Si se quiere máxima transparencia, como dice el Gobierno de Aragón, este método es mejor.
Otra cosa distinta es que a 94 días de las elecciones y con la lupa ciudadana puesta sobre el uso que se le da al dinero público, al Ejecutivo autonómico le interese desayunarse día sí y día también con informes que ponen en duda su gestión. Es entendible que no, que en el Pignatelli hubiesen preferido un solo informe, con miles de páginas y números.
No está siendo así. La Cámara de Cuentas aragonesa sigue el modelo usado por órganos semejantes de otras comunidades o por el Tribunal de Cuentas. Aseguran desde el órgano fiscalizador que no tiene nada que ver con el cisma que existe entre la institución y el Ejecutivo autonómico. Evitan cualquier tipo de polémica, pero mantienen que este sistema les parece más adecuado para presentar informes de ejercicios completos --en este caso dos-- de una comunidad autónoma. Así que, insisten, no van a rectificar ni cambiar a estas alturas por mucho que en el Gobierno estén molestos, recelosos e incluso enfadados con la actitud de una institución a la que han intentado amedrentar y cuestionar su independencia. Todo por una filtración que perfectamente hubiese podido producirse desde el Pignatelli.
epa
Bravo por la Cámara de Cuentas!
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