MIL OCHOCIENTAS NOTAS.

Esta nota es la número mil ochocientos de las publicadas en este blog y la trescientos veinticinco de las redactadas a lo largo del año 2014. Ambos datos pueden servir para dar una idea del esfuerzo mantenido a lo largo de los siete años de existencia de esta Asociación para hacer públicas sus actuaciones y sus opiniones sobre la función pública, entendiendo que ésta no puede disociarse de su contexto institucional, por lo que nuestra preocupación abarca también todo lo que concierne a la calidad de nuestra democracia o, más en concreto, al buen gobierno.

Es difícil mantener a lo largo del tiempo el empuje y la frescura iniciales de todo proyecto –acaso sea una pretensión imposible-, y sin duda esta Asociación no se ve libre de ese efecto corrosivo del tiempo, por lo que nuestras aspiraciones actuales son mucho más limitadas –más realistas- que las formuladas en nuestro momento fundacional. El desgaste acumulado por las numerosas batallas libradas se acusa. La falta de resultados a tanto esfuerzo desplegado tampoco es un factor de especial motivación. Es posible que las ilusiones iniciales y las esperanzas posteriores –cuando obtuvimos sentencias favorables a nuestros recursos en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional- se hayan visto desplazadas en el momento actual por el estricto espíritu de compromiso. Un compromiso que era, justamente, la principal razón que nos llevó a iniciar esta andadura. Ese compromiso permanece inalterado, y nos empuja a seguir al margen de las pocas o muchas expectativas de éxito de las numerosas iniciativas que podamos seguir impulsando. El resultado, siendo importante, es secundario.

Nos mantiene activos el puro compromiso –más allá de las posibilidades o probabilidades de que nuestras acciones puedan tener algún resultado positivo-, un compromiso doble: en primer lugar, por el convencimiento de que los servidores públicos no pueden ser testigos mudos o pasivos de la degradación de la función pública, sino que han de adoptar necesariamente una actitud crítica y asumir una defensa activa de los valores de su profesión o actividad –si no creyésemos en los valores de nuestra profesión y no nos sintiésemos llamados a su defensa, más valdría cambiar de actividad-; en segundo lugar, por comprobar el valor que tiene consolidar o mantener –aunque sea dentro de la precariedad- una entidad, como es esta asociación, desde la que poder ejercer la crítica pública y la propuesta constructiva, desde la que tratar de llamar la atención a las instituciones públicas –gobiernos y parlamentos- para reclamar mejoras y ejercer acciones judiciales ante los Tribunales en defensa de la legalidad, rechazando la arbitrariedad de los poderes públicos y la instrumentalización política de la administración pública.

Tras mil ochocientas notas, seguimos sintiendo la urgencia y la necesidad de decir cosas y de seguir promoviendo acciones para reaccionar frente a la mediocridad institucional en la que nos hallamos inmersos y a la que todos contribuimos, donde la lógica del poder y del arreglo parece haber arrinconado tanto el compromiso con la legalidad como la ética del servicio público que debieran inspirar el quehacer de las administraciones públicas.

Mantener el compromiso, en definitiva, puede ser la primera condición para que la esperanza de cambio no desaparezca. Mientras nosotros reclamamos el derecho de acceso a la función pública, otros hablan del efecto llamada y construyen, lo reconozcan o no, un discurso de apropiación y exclusión, que no solo podemos sino que debemos rechazar. Esta realidad y otras tantas nos obligan a seguir, por puro compromiso con la Constitución y con los principios democráticos, y con la función pública que debe estar a su servicio, desde la legalidad, la profesionalidad y la ética pública.