miércoles, 22 de octubre de 2014

LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA EXIGE UNA REVISIÓN EN PROFUNDIDAD.



Esta Asociación ha insistido en numerosas ocasiones, y así lo recogió en su Documento de propuestas de buen gobierno y buena administración para la legislatura (2011-2015), sobre la necesidad de profesionalizar la Intervención General encargada de fiscalizar las cuentas de gastos e ingresos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Una profesionalización que pasa por la cualificación de sus medios humanos –sin demérito de las personas hoy adscritas, no parece razonable que no exista una Escala propia de Interventores, como existe en la Administración General del Estado y en la Administración Local, cuyos componentes sean profesionales cualificados en las técnicas de control presupuestario y financiero-; por la modificación de los puestos de trabajo, tanto en los requisitos de desempeño como en su forma de provisión, que impida que cualquiera pueda acceder a cualquier puesto y que los puestos de Interventor estén a merced de las decisiones discrecionales del Gobierno, tanto en lo que se refiere a los nombramientos como a los ceses-; y, finalmente, por la homogeneización y estandarización de las técnicas de trabajo, marcando las exigencias requeridas para cada procedimiento de gestión del gasto público, de manera que tales exigencias sean perfectamente conocidas por los gestores y el órgano fiscalizador no pueda, además, apartarse de su exigencia, dotando con ello de la máxima seguridad jurídica a la gestión administrativa.

Es difícil de comprender el grado de precariedad de un órgano de control que ha de asegurar la legalidad presupuestaria del conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma –como incomprensible resulta la despreocupación de los sucesivos responsables del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por modificar el estado de cosas existente-, y no cabe ignorar la siempre conflictiva relación que dicho órgano mantiene con los órganos gestores de la Administración autonómica, por la carencia de unas reglas claras de tramitación y control de los diferentes procedimientos y la falta de un diálogo constructivo entre los responsables de las áreas de gestión económica de los distintos Departamentos.

Hay muchas prácticas indebidas –impropias de una gestión racional y leal entre los diferentes órganos administrativos- que es necesario superar y erradicar, como la utilización de la fiscalización para bloquear el gasto, o el cuestionamiento por parte de los órganos de control de la aplicación de la normativa sectorial por parte de los órganos gestores, atribuyéndose con ello competencias que no les corresponden y que devalúan el papel central de los gestores, o el sacrificio de la finalidad de la gestión, como es la satisfacción de necesidades de interés público, a formalismos que en muchos casos no son sino residuos de una administración ineficiente y burocratizada.

No es posible esperar una mejora significativa en la gestión de la Administración de la Comunidad Autónoma sin una profunda revisión de la actual configuración de la Intervención General, lo que exige no solo una solvencia técnica imprescindible por parte de quienes deban llevar a cabo tal transformación, sino también una clara voluntad política de contar con un órgano de control eficaz –que asegure la legalidad del gasto público- que coadyuve y no entorpezca al logro de las principales políticas públicas de la Comunidad Autónoma. Debemos dejar de oír a altos cargos y gestores la excusa tan frecuente, pero cierta, que se suele dar a los ciudadanos: “lo tiene parado la Intervención”. La Intervención debe comprometerse a fondo en asegurar la calidad de la gestión, sin limitarse a formular reparos y salvar posibles responsabilidades.



13 comentarios:

Anónimo dijo...



La Intervención General carece de la profesionalización exigible en una administración como la aragonesa.

Anónimo dijo...



Y a nadie parece preocuparle.

Anónimo dijo...


La Intervención general del Gobierno de Aragón no tiene recursos ni medios suficientes para fiscalizar y controlar el entramado de empresas públicas y sociedades de la Administración autonómica. Al menos así lo indicaron ayer los sucesivos interventores del Gobierno que respondieron a la pregunta de los diputados asistentes. De hecho, Plaza solo se ha fiscalizado en cuatro ocasiones durante once años, al no haber tiempo material para controlar.

epa

Anónimo dijo...


El Gobierno está dispuesto a mejorar el control de las empresas públicas.

epa

Anónimo dijo...



Bermúdez de Castro se compromete a contratar más personal y mejor cualificado si es necesario. El Ejecutivo aceptará las conclusiones que salgan del dictamen que aprueben las Cortes.

epa

Anónimo dijo...


La comparecencia del gerente de Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), Jesús Andreu, junto a la de algunos de los interventores del Gobierno, en la comisión de investigación de las Cortes, ha puesto en evidencia la falta de control sobre las empresas públicas. El portavoz del Ejecutivo, Roberto Bermúdez de Castro, dijo ayer que se mejorarán los sistemas, se contratará más personal y más cualificado, si se recomienda en la comisión.

Si la mejora de esos controles sugiere que debe haber más personal, o que tenga más cualificación, o aumentar las partidas de control "lógicamente lo haremos", zanjó Bermúdez de Castro. El gerente de Plaza fue especialmente claro en su denuncia, al asegurar que cualquier auditoría hubiera detectado las presuntas irregularidades que se estaban produciendo en la primera y la segunda fase de la urbanización de la plataforma.

Los interventores que comparecieron justificaron la ausencia de auditorías en la falta de recursos. Durante los años de máximo desarrollo de la plataforma logística, y cuando más dinero de manejaba, no se hizo ni un solo informe. Se retomaron en el 2011; antes, durante los últimos gobiernos del PSOE, solo hubo un informe en el 2006 --que no pasó por el consejo de administración--, y antes en el 2002.

epa

Anónimo dijo...


RECURSOS DE FISCALIZACIÓN La Intervención General de la comunidad autónoma, dependiente de la Consejería de Hacienda, cuenta con un organigrama compuesto por seis áreas-- que tiene que fiscalizar la cuenta general de la Administración y todo el complejo entramado de empresas públicas y sociedades sujeto a otros regímenes jurídicos y que en ocasiones manejan elevados volúmenes de negocio y son de dificultad técnica específica. Además de la interventora general, hay una jefa del servicio de control interno, una jefa del servicio de contabilidad, otro del servicio de aplicaciones de contabilidad y control, un responsable del control financiero de la administración y una responsable del control financiero de las empresas públicas.

Las empresas públicas son sometidas a controles anuales por parte de los órganos de fiscalización y control, es decir, Intervención General y la Cámara de Cuentas, un órgano independiente creado en el 2009 y que cerró la arquitectura institucional aragonesa después de años de debate sobre su creación. A principio de cada año, ambos órganos hacen público su plan de actuaciones de control financiero a realizar a lo largo del ejercicio (en el caso de intervención) o su programa de fiscalización (cámara de cuentas) en el que se da cuenta de las sociedades que van a ser fiscalizadas en ese año. Siempre son inspecciones a posteriori, cuando los responsables de este órgano apuestan porque haya una fiscalización permanente, en especial en las empresas de gran volumen. El Tribunal de Cuentas, dependiente del Estado, también controla.

Además, todas las sociedades mercantiles autonómicas son sometidas a auditorías de cuentas anuales por parte de auditores externos. Recientemente se ha creado la Comisión de Auditorías, compuesta por el consejero de Hacienda, la intervención general, la secretaría general técnica de Economía y un profesional externo.

epa

Anónimo dijo...


Comentario:

Falta de recursos? La Intrervencion está llena de funcionarios cuya productividad estará más o menos en el 30%. Por cierto lo que dijo la Interventora General de no sabemos lo que pasó con el famoso email cómo se puede aguantar así sin más

Anónimo dijo...


Comentario:

Da igual que pongan 4 que 400 funcionarios a controlar las Empresas Públicas. Éstas son un nido de enchufados de los partidos que hacen y deshacen a su conveniencia, sin control alguno y respaldados por los propios políticos. PAN Y CIRCO

Anónimo dijo...





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22/10/2014
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Las comparecencias en la Comisión de Investigación de Plaza en las Cortes pusieron de manifiesto la incapacidad de la DGA para controlar sus empresas públicas. Los interventores afirmaron las limitaciones existentes con una rotundidad ante la que los partidos políticos no pueden quedarse impasibles. Sin posibilidad de fiscalizar las cuentas y de actuar con determinación si se detectan desviaciones, la política del Gobierno desde que se crearon las primeras empresas públicas en 1992 queda en entredicho y debe ser modificada cuanto antes, una opción que ya baraja el consejero Roberto Bermúdez de Castro. La inseguridad que genera que Intervención reconozca sus limitaciones incrementa la sensación de que la corrupción es posible, pues queda al albur de la rectitud moral de los gestores, y no de las garantías del sistema.

epa

Anónimo dijo...


El consejero de Presidencia del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, dice bien cuando propone controlar más y mucho mejor a las empresas públicas aragonesas. Bueno... él mismo es presidente una de ellas (participada al 50% por Ibercaja), Aramón, y me consta que intenta poner un mínimo de orden en el organigrama, los sueldos del alto staff y el manejo de la sociedad, que es desde hace decenios uno de los agujeros negros descargados sobre las espaldas del sufrido contribuyente. Más control, sí. Más eficiencia. Más transparencia. Más realismo. Y se me olvidaba la principal: más vergüenza.

El barullo de Plaza, analizado anteayer en la Comisión de Investigación de las Cortes desde la perspectiva de los interventores, reflejó lo obvio: que la Plataforma, como otras empresas de la Corporación Pública, estuvo fuera de quicio durante años (en más de un decenio, sólo fue fiscalizada en cuatro ocasiones). Por falta de medios o de oportunidad o de lo que fuere, la Intervención (ahora la pongo con mayúscula pues se supone que es un organismo fundamental en cualquier institución pública) perdió hace tiempo de vista tanto a Plaza como a las demás. En estas condiciones, aún no ha sido posible llevar a cabo una auditoría seria de las distintas sociedades. ¿Deben 400 kilates?, ¿500?, ¿600? Habría que verlo y saberlo.

Sobre esas sociedades, los partidos del Sistema, PP, PSOE, PAR, sólo aportan cuando gobiernan datos e historias tan triunfalistas como falsos. Jamás recibieron las Cortes un informe empresa por empresa con su auténtica situación contable y un escandallo comprensible de gastos e ingresos. Todas o casi todas están en pérdidas. ¿Cuánto cuestan sus operaciones? Misterio. De cuando en cuando, las fuentes oficiales hablan de alguna de ellas (hace poco supimos, ¡al fin!, que cada GP de Motociclismo celebrado en Motorland cuesta más de 17 millones), mas cuando se hace el silencio, a temblar. ¿Desde cuándo no nos cuentan nada bonito sobre el aeródromo de Caudé o el parque tecnológico de Alcañiz o la actividad empresarial en Walka? Un pozo sin fondo.

j.l. trasobares

Anónimo dijo...



Debe insistirse en este tema tanto ante el Gobierno como ante las Cortes y el Justicia de Aragón. ¿Por qué no se hace un informe de oficio sobre la situación del organo de control financiero? ¿Se ha hecho algo parecido en alguna administración? ¿no sería algo básico para corregir abusos e ineficiencias?

Anónimo dijo...

BOA 31/01/2013: 10 plazas vacantes en Intervención.
BOA 11/10/2013: 25 plazas vacantes en Intervención.

¿Cómo han estado cubiertas las plazas vacantes en Intervención hasta su convocatoria por concurso en el BOA?.¿Había plazas sin cubrir?
¿Han estado siempre ocupadas?