Recientemente
nos dirigíamos a la
Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, para
solicitarle la adopción de las medidas oportunas para que el Gobierno de Aragón
que dirige proceda a la aprobación de la Oferta de Empleo Público para 2014. A dicha petición, en
lugar de dar una adecuada respuesta a las alegaciones realizadas, la Secretaria General
Técnica de la Presidencia,
Cristina Moreno, opta por el fácil y criticable recurso de darle traslado al Departamento de Hacienda y Administración Pública “por ser el
competente por razón de la materia”.
Acaso
olvidan en la Presidencia
del Gobierno dos datos que nos parecen relevantes: en primer lugar, que la Oferta de Empleo Público
compete aprobarla al Gobierno de Aragón y que su no aprobación constituye una
vulneración de un derecho fundamental de los ciudadanos (artículo 23.2 CE) directamente imputable al Ejecutivo autonómico, al no haber velado por el ejercicio adecuado de
sus competencias, cuya dejación no se puede achacar a un concreto Departamento,
al igual que sucedería si el Gobierno no aprobase el Proyecto de Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma
para un ejercicio; y en segundo lugar, en la Presidencia del
Gobierno no pueden disponer, como vienen haciendo, de las condiciones de
ejercicio del derecho fundamental de petición, conforme al cual todo ciudadano
puede dirigirse a una autoridad pública para plantear cuestiones respecto a
materias de su competencia, entendiendo de manera injustificada que la petición puede reenviarse al Departamento que el destinatario (la Presidencia del Gobierno) considera competente por razón de
la materia.
Se
equivoca la Secretaria General
Técnica de la Presidencia
al calificar como “carta” un escrito de petición formulado al amparo del artículo
29 de la Constitución
Española –una calificación indebida, en todo caso, no priva a nuestro
escrito de su naturaleza jurídica, y de las obligaciones que la misma impone al
destinatario de la petición- y se equivoca también al remitir sin más la cuestión
al Departamento de Hacienda y Administración Pública, pues no compete a dicho
Departamento aprobar la Oferta
de Empleo Público –más allá de prepararla- ni la inactividad del Departamento
eximirá al Gobierno de Aragón, incluida lógicamente su Presidenta, de incurrir
en una vulneración del derecho fundamental de los ciudadanos en el supuesto de
no aprobar la Oferta
de Empleo Público de 2014.
A
la Presidenta
del Gobierno de Aragón corresponde, por previsión expresa de la Ley, dirigir la acción del
Gobierno y coordinar las funciones de sus miembros. De acuerdo con la
Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre,
reguladora del Derecho de Petición, tiene además la obligación de responder a
las peticiones que le dirijan los ciudadanos en materias propias de su
competencia. Como hemos señalado, no compete al Consejero de Hacienda y
Administración Pública aprobar la
Oferta de Empleo Público, ni siquiera la de asegurar su
aprobación, pues la responsabilidad de que el Gobierno de Aragón cumpla con sus
obligaciones legales ha de considerarse colegiada o propia de quien lo preside, quien entre
sus funciones de coordinación ha de incluir precisamente asegurar el
cumplimiento de las obligaciones que el ordenamiento jurídico impone al órgano
ejecutivo.
Una
mera remisión de la petición a autoridad distinta, como viene adoptando como práctica
habitual la Secretaría General
de la Presidencia,
desentendiéndose por completo de la posible respuesta que se dé a la misma o
incluso de la falta de respuesta a la petición –incurriendo con ello en
vulneración del derecho fundamental ejercido- deja a la vista la manifiesta ausencia de voluntad de asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales de los
ciudadanos y el escaso sentido de la responsabilidad institucional, algo que
necesariamente debemos rechazar y poner de manifiesto.
Se
reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito remitido por la Secretaría General
Técnica de la Presidencia:
“Zaragoza,
a 19 de junio de 2014.
Estimado
Sr. Guiral:
Recibida
en la Presidencia
del Gobierno de Aragón su carta relativa a la aprobación de la Oferta de Empleo Público
para 2014, por la presente le indico que, con esta misma fecha, ha sido
remitida al Departamento de Hacienda y Administración Pública, por ser el
competente por razón de la materia.
Sin
otro particular, reciba un cordial saludo.
Cristina
Moreno Casado, Secretaria General Técnica de la Presidencia”
4 comentarios:
¿De verdad os sorprende? ¿No os suena de algo?
Yo diría que unas entradas más abajo se repite exactamente lo mismo...
el eterno retorno de lo mismo. Qué paciencia y qué tenacidad (o tozudez, o aburrimiento...)
Es como predicar en el desierto... Se quieren cargar la función pública porque seguro lo quieran privatizar todo... Y esto es solo el comienzo
Nueva sesión de las comisiones de investigación del caso Plaza y de CAI en las Cortes. Los comparecientes en la primera de ellas, como representantes del consejo de administración, reconocieron que actuaron convencidos de disponer de toda la información para el desempeño de sus cargos, y todavía insisten en ello. Sin embargo, las presuntas irregularidades no las detectaron; tampoco fueron informados de cuatro auditorías encargadas por la DGA. Pertenecer a un consejo de administración de una empresa pública con esa capacidad de inversión debería exigir mayores seguridades en el control de la misma. En el caso de la CAI, responsables de las comisiones de control, de riesgos y de auditorías, también reconocieron no poder ejercer eficazmente sus funciones por la influencia de la dirección general. ¿Para qué servían los controles?
EPA.
Pienso, luego insisto.
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