La
semana pasada la organización Transparencia Internacional dio a conocer los
resultados, correspondientes a 2014, del Índice de Transparencia de las
Comunidades Autónomas (INCAU), mediante el que dicha organización mide, a través
de un conjunto de ochenta indicadores, el nivel de transparencia de las
diecisiete Comunidades Autónomas españolas. Este índice, que ha llegado
ahora a su tercera edición, constituye una herramienta para medir y
divulgar el nivel de transparencia informativa de los gobiernos de las diecisiete
Comunidades Autónomas, presentándose los resultados obtenidos tanto a
nivel de transparencia global como en cada una de las seis áreas de
transparencia analizadas.
Las diferentes áreas de transparencia que se
analizan son las siguientes: información sobre la comunidad autónoma; relaciones
con los ciudadanos y la sociedad; transparencia económico-financiera; transparencia
en las contrataciones de servicios, obras y suministros; transparencia en
materia de ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas; indicadores
nueva ley de transparencia.
Los
resultados de dicho estudio resultan globalmente positivos, ya que la media
global de las Comunidades Autónomas ha sido 88’6 (sobre 100), figurando en
dicho ranking tres Comunidades con la máxima calificación: Castilla y León,
Cataluña y País Vasco. En dicho listado, Aragón ocupa la posición duodécima,
con una puntuación de 85, igualada a Extremadura. En último lugar, figura la Comunidad Autónoma
de Madrid con 65 puntos.
Como
advierte la propia organización al dar a conocer los datos de este índice de
medición, con el mismo solo se valora si la información requerida está o no
disponible, pero no se evalúa la calidad de la información publicada ni tampoco
la calidad de la gestión de los gobiernos de las Comunidades Autóomas.
Hay
que valorar el esfuerzo metodológico y técnico realizado por la organización
Transparencia Internacional en España para someter a un control de medición el
nivel de transparencia de las Comunidades Autónomas. Ello tiene especial interés
en las actuales circunstancias, tras la aprobación de una ley estatal de
transparencia pública y buen gobierno, a la que en un futuro próximos se sumará
una ley aragonesa también de transparencia pública y participación ciudadana.
Ahora
bien, no es posible conformarse con una evaluación formal de las medidas de
transparencia, pues la información de escasa calidad o mal estructurada no
aporta transparencia real, sino justamente lo contrario. Es lo que esta
Asociación ha puesto de manifiesto en relación con el Boletín estadístico de
personal al servicio de la Comunidad
Autónoma de Aragón, cuyo contenido dista mucho de ofrecer una
información válida para conocer la realidad del empleo público de la Administración
autonómica.
En el área de empleo público, que no figura entre las consideradas
por el informe de Transparencia Internacional, es mucho lo que queda por
avanzar en nuestra Administración, pues al margen del todavía deficiente boletín
estadístico –sin dejar de valorar la novedad de su elaboración-, debe
destacarse por ejemplo que el Gobierno de Aragón sigue sin atender diferentes
obligaciones de publicidad en materia de personal, como son la publicación de
los nombramientos y ceses del personal eventual o de las comisiones de
servicios en puestos de libre designación, así como la opacidad total que
existe en relación con los contratos de alta dirección suscritos en
determinadas áreas de gestión como son la sanidad y los servicios sociales.
La
transparencia es una necesidad de la gestión pública y un objetivo de calidad
democrática, que debe medirse para constatar su realización y evolución, pero
no bastan indicadores formales como los establecidos por Transparencia
Internacional, pues la calidad y veracidad de la información publicada es lo
que permite hablar de verdadera transparencia y no de manipulación, engaño o simple
propaganda. Datos falsos, incompletos o
defectuosos no pueden admitirse como ejercicio de transparencia, sino como
vulneración de dicha obligación de información activa.
8 comentarios:
La ONG Transparencia Internacional ha presentado hoy jueves -17 de julio- en la sede de la Fundación Ortega-Marañón el Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU) 2014. Este Índice constituye una herramienta para medir el nivel de transparencia informativa de los gobiernos de las 17 Comunidades Autónomas a través de 80 indicadores divididos en seis áreas concretas de transparencia: Comunidad Autónoma; ciudadanos y la sociedad; económico-financiera; contratación de servicios, obras y suministros; transparencia en materia de ordenación del territorio y nueva Ley de Transparencia.
Las Comunidades de Castilla y León, Cataluña y País Vasco son las que mejor puntuación han obtenido en este informe. En esta edición se ha puesto de manifiesto un mayor grado de preparación informativa y cumplimiento en la publicación de los indicadores relacionados con la nueva Ley de Transparencia. En cuanto a las áreas de transparencia, el área con menor puntuación media sigue siendo, al igual que en los informes de 2012 y 2010, la transparencia económico-financiera, si bien ha mejorado respecto de años
Según los Índices de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU) del año 2014, que elabora Transparencia Internacional España (TI), Aragón ha obtenido un 85 sobre 100, además de haber alcanzado una calificación de notable.
De acuerdo con este indicador, las comunidades autónomas de Castilla y León, Cataluña y País Vasco son las más transparentes, mientras que Madrid, Murcia, Canarias y Castilla-La Mancha son las que menos.
El informe de transparencia que ha sido presentado este jueves pone de manifiesto que las tres comunidades autónomas que encabezan el ranking han obtenido un 100 sobre 100 y, por ello, comparten el primer puesto en los resultados globales. En cualquier caso, las comunidades que ocupan los peores puestos en ningún caso suspenden: Madrid con un 65 sobre 100; Murcia con un 78,8; Canarias, con un 80; y Castilla-La Mancha con un 84.
La valoración media de las 17 comunidades autónomas ha sido este año de 88,6 sobre 100, frente a los datos obtenidos en 2012 cuando la puntuación global fue de 79,9, y en 2010 de 71,5. Así pues, destaca que las comunidades autónomas han vuelto a mejorar en el conjunto los resultados globales de este índice.
Además de las regiones menos transparentes, por debajo de la nota media también se encuentran Extremadura (85), Aragón (85), Cantabria (88) y Andalucía (88). Sin embargo, La Rioja, Galicia, Baleares, Valencia y Asturias alcanzan una nota de sobresaliente (más de 90) y Navarra de notable, con un 89 sobre 100.
En este contexto, el director del Instituto Ortega y Gasset, Jesús Sánchez Lambás, cree que estos resultados suponen "un motivo" para felicitar a las regiones, al mismo tiempo que ha destacado el "esfuerzo general" de las autonomías al dar "un salto muy relevante" en comparación a los datos de ejercicios anteriores.
Asimismo, el catedrático y representante de TI, Manuel Villoria también ha subrayado la "notable" y "amplia" mejoría que presentan las regiones y, en concreto, ha elogiado el "trabajo tan duro" que han hecho las tres ganadoras: "Pero tiene que haber resultados que los ciudadanos vean", ha matizado.
Además, el presidente de TI, Jesús Lizcano, ha recalcado que las tres comunidades que han obtenido la mejor puntuación en este informe están gobernadas por diferentes partidos políticos: "La transparencia no es una cuestión de color político sino de actitud", ha puntualizado.
El estudio, que se realiza en base a 80 indicadores agrupados en 6 áreas de transparencia, refleja si las instituciones publican en su página web toda la información que la organización considera importante, según ha explicado Lizcano, precisando que la Comunidad de Madrid de esos 80 indicadores sólo ofrece información sobre 52.
En concreto, en el área de transparencia que analiza los indicadores relacionados con la Ley de Transparencia --datos que las instituciones públicas deberán publicar de manera obligatoria en diciembre de este año-- Madrid se encuentra a la cola de la valoración global con un 50 sobre 100, seguido de Murcia (68,8) y Navarra (75).
Sin embargo, según ha puesto de manifiesto del presidente de TI en general las comunidades presentan un mayor grado de preparación informativa y cumplimiento en la publicación de los indicadores ya que, en este sentido, la media general obtenida ha aumentado, ya que ha pasado de un 72,2 en el año 2012, mientras que este año ha sido de 86,8.
A excepción de Madrid, ocho comunidades (Castilla y León, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha y La Rioja) tienen en este área un sobresaliente al superar los 90 puntos sobre 100, y las otras ocho han alcanzado una calificación de notable (Aragón, Asturias, Canarias, Extremadura, Galicia, Valencia, Navarra y Murcia).
Lizcano ha afirmado que esta sección refleja en qué situación estarían las instituciones autonómicas para cumplir con las obligaciones de dicha norma. Además de la mejoría, ha enfatizado que todas las regiones "ya tienen su propio portal de transparencia", contemplado por la ley.
En concreto, respecto a las seis áreas de transparencia analizadas por la organización, el informe constata que el área con una menor puntuación media es la relacionada con la información económico-financiera con un 76 sobre 100. En este sentido, en los puestos inferiores del ranking se encuentran Extremadura (46,2); Murcia y Andalucía (53,8); y las comunidades de Madrid, Castilla La Mancha y Cantabria con un 61,5.
Asimismo, Lambás ha puesto de relieve que esta sección "sigue siendo el punto débil" aunque ha resaltado que "ha mejorado". Eso sí, se ha preguntado si esta mejoría está relacionada con que se haya "reducido drásticamente la actividad económica" de las autonomías o realmente con que se hayan incorporado los índices de transparencia a su gestión.
Las áreas de transparencia más destacadas son la relativa a materias en ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas con una media de 95 sobre 100; y la sección sobre relaciones con los ciudadanos y la sociedad, que obtiene una puntuación media de 94,1.
Durante la presentación del estudio, el abogado Beltrán Gambier, ha subrayado la necesidad de concienciar sobre la transparencia institucional y cree que hay que conseguirlo a través de la convicción y no por miedo a la sanción administrativa.
De igual modo, han defendido la labor de TI para promover ese compromiso con la transparencia así como "fomentarla" y "mejorarla": "No evaluamos la corrupción, evaluamos la transparencia. La corrupción nosotros nunca la vamos a poder detectar", ha manifestado Lizcano. Por su parte, Villoria ha dicho que desde la organización ya hay una intención de mejorar los índices que elaborar "para ver los que mejor correlacionan con la ausencia de corrupción o con corrupción".
Aragón es una de las comunidades que se encuentran por debajo de la media nacional en el último índice de transparencia elaborado por la organización Transparencia Internacional España.
La comunidad aragonesa obtiene una media global de 85 puntos, frente a los 88,56 de la media española, en una lista que identifica a Madrid como la menos transparente y a Cataluña, País Vasco y Castilla y León como las que han logrado el mejor resultado.
Según el Índice de Transparencia de las
comunidades autónomas (INCAU), Aragón mejora globalmente en diez puntos con respecto al año 2012, en el que logró 75 puntos, y lo hace en todas las áreas menos una, la correspondiente a las contrataciones de servicios, obras y suministros, 55,6 puntos, frente a los 66,7 del informe anterior.
Mejora en la información sobre la comunidad autónoma, al pasar de 86,4 a 95,2; en las relaciones con los ciudadanos y la sociedad, de 76,9 a 92,9; en las transparencia económica- financiera, de 50 a 69,2; en materia de ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas, 100; y en los indicadores de nueva ley de transparencia, de 73,3 a 87,5.
El informe, presentado hoy, destaca que las comunidades han vuelto a mejorar en conjunto sus resultados globales, ya que la valoración media global de las diecisiete autonomías ha sido 88,6 sobre 100, mientras que en el anterior informe del año 2012 dicha puntuación fue del 79,9 y en el primero, del año 2010, fue 71,5.
HA.
Hay que afinar más, en mi opinión. La información es consustancial a la calidad de la información.
El derecho constitucional a la información, de hecho, se refiere a información veraz y no a cualquier versión inexacta o manipulada que se desee poner en circulación.
Por concretar. Sugiero una idea para que la Asociación, que tanto está luchando por la oferta de empleo público, también colabore en la transparencia de dichos procesos... Por ejemplo, ¿Es normal que no se hagan públicos los criterios de evaluación y calificación de las pruebas?. A mi no me lo parece... (donde no hay transparencia puede (digo puede)o al menos hay más posibilidades de corruptelas...¿no les parece?
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