LA DEFENSA DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS ES IMPRESCINDIBLE.

«Una barbaridad jurídica», ha dicho el señor Duran i Lleida. «Una sentencia aberrante», se escuchó en las tertulias de radio. Así se califica la absolución de los acusados del asedio al Parlamento de Cataluña el 15 de junio del 2011. Recordemos: una multitud de indignados («Aturem el Parlament») rodeó la Cámara para impedir la entrada de los diputados y los miembros del Gobierno. Los incidentes fueron gravísimos. Artur Mas y la presidenta del Parlamento tuvieron que acceder en helicóptero. Más de cuarenta entraron en furgones de la policía. A una diputada le pintaron una diana en la espalda. A otros les arrojaron botes de pintura y objetos contundentes. Los manifestantes mostraron tal agresividad que se temió por la integridad física de las personas.

El párrafo anterior, con el que da comienzo al artículo publicado hoy por Fernando Ónega en “La Voz de Galicia”, recuerda los hechos sucedidos en Barcelona, frente al Parlamento catalán, a los cuales la Audiencia Nacional parece encontrar amparo en el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los manifestantes. Esta Asociación lleva años comprometida en la defensa de diferentes derechos fundamentales, como son el de acceso a la función pública y el de petición entre otros, siempre a través de los cauces propios del Estado de Derecho, por lo que somos los primeros en reclamar el respeto al ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos. Pero no es posible dejar de expresar el desacuerdo con la decisión judicial adoptada, abiertamente contraria a la protección penal que exige el carácter inviolable de un Parlamento. Violar la actividad de un Parlamento es violar la democracia, al impedir el funcionamiento de las instituciones de autogobierno.

Todo derecho fundamental es limitado por definición. La libertad de expresión no ampara el insulto, la injuria o la calumnia, y el derecho de reunión no puede ejercerse para coaccionar la libertad de las instituciones democráticas. El ejercicio de un derecho fundamental, por ello, nunca puede amparar la comisión de un delito. Cuando estamos en presencia de un presunto delito resulta evidente que los hechos han desbordado claramente el ámbito propio de un derecho fundamental y han dejado de ser un ejercicio legítimo del mismo.

No es posible que el derecho de reunión pacífica que reconoce el artículo 20 de la Constitución Española puede dar amparo al asedio violento a un Parlamento y al acoso sobre los parlamentarios. Cabrá discutir si estos hechos quedaron o no probados y si quedó o no acreditada la autoría de los procesados, pero no parece admisible que un Tribunal deje de proteger la inviolabilidad de un Parlamento frente a una reunión con clara voluntad de coaccionar su libertad de deliberación y decisión. Es como si una parte de la ciudadanía quisiera imponer al Parlamento una decisión de manera violenta y antidemocrática. Tal pretensión no solo no puede tener amparo jurídico, sino que es merecedora de sanción penal.

La democracia –que se encarna en nuestras instituciones democráticas, más que en la calle- debe contar con protección frente a quienes la socavan desde dentro, con delitos de corrupción y desviación de poder, y también frente a quienes la atacan desde fuera, queriendo imponer su voluntad a la voluntad de todos que, precisamente, reside en un Parlamento.