LA AUTOEXIGENCIA DE PARTICIPAR.

Junto a la exigencia de participación, de abrir los procesos normativos a la participación de los ciudadanos, está la autoexigencia que esta Asociación se impone de formular alegaciones en aquellos procesos de consulta o de información pública en proyectos normativos que afectan a sus fines fundamentales, como son la ordenación de la función pública, la calidad de los servicios públicos o la transparencia pública.  

Carecería de sentido reclamar el derecho de participación para luego no ejercerlo, porque estudiar el texto de un proyecto, analizarlo, debatirlo y proponer observaciones o alternativas al mismo es, sin duda, un notable esfuerzo que no siempre se tiene la energía suficiente para afrontar.

Esta Asociación ha querido expresar su opinión en todos aquellos asuntos que afectan a sus fines estatutarios, y lo ha hecho en numerosos escritos dirigidos a las instituciones, pero sobre todo no ha dejado de hacerlo, siempre que ha tenido ocasión, en los procesos de consulta o información pública abiertos por la Administración, interviniendo en las sesiones de debate del Anteproyecto de Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana, o emitiendo sus escritos de alegaciones en las fases de información pública correspondientes al Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón, al Decreto de modificación de la regulación de las Cartas de Servicios o al ya citado Anteproyecto de Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana.

Lamentamos en su día que la Ley de Calidad de los Servicios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma se tramitase sin dar posibilidad alguna a la participación ciudadana, y pedimos sin éxito a las Cortes de Aragón que arbitraran comparecencias de expertos y entidades ciudadanas en el proceso de tramitación del proyecto de ley. El pasado mes de junio esta Asociación intervino ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón para expresar su rechazo al Proyecto de Ley de Función Pública aprobado por el Gobierno de Aragón, solicitando a los Grupos Parlamentarios la devolución del texto por la carencia de una memoria económica suficiente que determine el coste de la aplicación de dicha norma y sus condiciones de financiación.

El proceso de elaboración normativa –tanto en la fase de iniciativa legislativa como en su posterior tramitación parlamentaria- es esencialmente un proceso de debate racional, en el que las propuestas han de estar razonadas, motivadas y evaluadas, y a ese proceso han de estar invitados los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil para aportar sus puntos de vista y enriquecer con los mismos la labor institucional. 

Reclamar participación y pedir ser escuchados tiene como contrapartida el esfuerzo de argumentar objeciones y alternativas al texto elaborado por los servicios técnicos del Gobierno de Aragón, de aportar alternativas que puedan ser consideradas, desde la aceptación de que todo el esfuerzo realizado puede carecer de resultados efectivos, pero el resultado no es solo la posibilidad de que las alegaciones puedan ser incorporadas al texto o proyecto, ya que en ocasiones basta con que las posiciones contrarias o críticas a un proyecto puedan ser formuladas y recogidas dentro del proceso de tramitación del mismo, aunque resulten finalmente rechazadas. 

Tanto o más importante que los espacios de negociación colectiva en lo que afecta a la función pública son los espacios de participación y debate entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones, ya sean el Gobierno de Aragón o el Parlamento autonómico. Un ejercicio de participación que exige siempre un grado importante de autoexigencia y de responsabilidad. Los empleados públicos o, por mejor decirlo, los servidores públicos no pueden olvidar su condición de ciudadanos ni deben dejar de ejercerla a través de los cauces de participación ciudadana.